Año nuevo, problemas viejos

Empezamos el año con continuidad respecto del anterior, seguimos con el Procés catalán, la futura investidura, y posiblemente la segunda convocatoria de elecciones en la Comunidada catalana. Lo más novedoso a nivel mediatico ha sido la morbosidad social del caso de Diana Quer, y el vestido de Pedroche en el Fin de Año. 

En referencia al caso de Diana, además de lamentar el asesinato de la pobre chica y el dolor de su familia, no voy a decir nada más, salvo que no entiendo la atracción de todos los medios de comunicación sobre este asunto y otros similares. Posiblemente el interés mediatico radique en que la sociedad reclama todo tipo de detalles que no creo que importen a los ciudadanos, como tampoco comparto que sean “notición” en todos los canales de televisión. Sólo debe preocupar a su familia y a la investigación policial y judicial pero se ve que el “morbo” vende mucho. 

En cuanto a la otra “noticia” del año, el vestido de la presentadora de Antena 3, también ha generado bastante polémica, la verdad es que el vestido es una obra de arte, pero no se puede pretender que manifieste un discurso feminista, en este caso comparto las palabras de una profesora de la Universidad de Barcelona, Argelia Queralt, que decía que la presentadora “no representaba precisamente el discurso feminista sino un sexismo caro y sofisticado”.

En el ámbito de compromisos incumplidos, el Gobierno sigue sin atender las Recomendaciones para despolitizar la Justicia que desde hace años viene haciendo a España el GRUPO GRECO del Consejo de Europa, Organismo que lucha contra la Corrupción. Y dichas Recomendaciones no son nuevas, sino que datan del año 2013. Solicita entre otras medidas relevantes una mayor imparcialidad en el nombramiento de los altos cargos judiciales y también una mayor autonomía del Ministerio Fiscal. Señala que la comunicación de éste con el Gobierno sea transparente y pública para evitar que se le dé al Ministerio Público “instrucciones políticas concretas”. Difícilmente se puede luchar contra la corrupción si no existe independencia judicial. El resultado es paradójico, el Estado no cumple sus obligaciones pero los ciudadanos sí tenemos que cumplir con el Estado.

En cuanto a nuestra Comunidad y la labor del Gobierno valenciano, seguimos con la machacona política lingüistica del Consell. A primeros de año, nos hemos enterado que el Gobierno valenciano ha concedido una lluvia de euros a diversos medios de comunicación afines a la ideología independentista catalana y para colmo, en algunos casos se trata de empresas que no radican en la Comunidad, que no tienen presencia, que no renuevan contenidos informativos y que apenas tienen empleados valencianos. Otra de las empresas beneficiadas es del hermano del Presidente Ximo Puig. La corrupción del PP fué lavada por el Gobierno valenciano pero todavía tienen tiempo de caer en los mismos errores que aquellos.

Pocos resultados tenemos de la “sonrisa” de Compromís y de su Gobierno a favor de las personas después de que el Tribunal Constitucional haya tumbado una de las primeras normas del Gobierno del Botánic, la referida al acceso universal a la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana. El varapalo del Alto Tribunal en su Fundamentación Juridica es doble, en cuanto al fondo, porque invade competencias del Estado, en cuanto a la forma, porque no se justifica la urgente necesidad para la utilización del Decreto Ley, siendo la Ley, la norma más adecuada para el ámbito autonómico.

Bienvenidos al Año Nuevo, a ver si tenemos la suerte de que los viejos problemas se transformen en nuevas soluciones.