VALÈNCIA. Carlos Mazón se convirtió a mediados del pasado julio en presidente de la Generalitat tras su investidura y posterior toma de posesión. Lo hizo después de alcanzar un pacto exprés con Vox un mes antes que se concretó sin ruido previo y sin escenificación. La manera de gestionar el acuerdo causó sorpresa. Fuera pero, sobre todo, dentro del PP. En la Comunitat Valenciana y en Madrid.
Las críticas a Mazón arreciaron especialmente por lo que algunos consideraban excesiva rapidez, por aquellos cinco puntos básicos con los que anunciaron la primera parte del pacto y por el contenido del acuerdo definitivo sellado posteriormente. En este último, caracterizado también por su abstracción, se suprimía el concepto de violencia de género y se sustituía por el de violencia intrafamiliar, lo que generó gran polémica.
El líder del PPCV actuó, básicamente, según su criterio. Génova estuvo informada del movimiento, pero la iniciativa partió de la organización valenciana. Mazón –pese a lo que la dirección nacional pretendía inicialmente– no quiso esperarse a después de las elecciones del 23 de julio para alcanzar el acuerdo con Vox en la Generalitat. Su intención real, y que llevó con total discreción, era cerrarlo todo cuanto antes. Comenzar a gobernar y establecer sus prioridades. Pese a –y por– lo que pudiera pasar.
El "por lo que pudiera pasar" se ha comprobado ciertamente en otros territorios como Extremadura y Murcia. Así que el paso del tiempo lo único que ha comportado es que en el PPCV exista una sensación de sacar pecho de la estrategia seguida. Con el convencimiento, además, de que ni siquiera les ha penalizado electoralmente en el territorio. Entre los populares sigue existiendo la lectura de que los discursos del partido en estas dos autonomías le hizo el juego al PSOE.
En estos dos meses, el PPCV y Vox han formado Gobierno, han nombrado a los cargos del Ejecutivo –salvo algunos que faltan– y han aprobado las primeras medidas. Diferente ha sido el desarrollo de los acontecimientos en otras autonomías. Y aunque sonado fue lo ocurrido en Extremadura, el ejemplo más reciente es el de Murcia.
Fernando López Miras fue el pasado jueves investido presidente de la región. Más de tres meses después de las elecciones y en el plazo límite que marca la ley. El camino no ha sido fácil ni corto. El desenlace se produjo tras semanas de bloqueo del pacto con Vox, nula comunicación, una primera investidura fallida y posicionamientos públicos de no dejarles entrar en el Gobierno "bajo ningún concepto" con una repetición electoral más que probable.
El escenario nacional con el 23-J de por medio condicionó las negociaciones, con la intervención de las direcciones nacionales de ambas formaciones. Al final de la partida, hubo cesión y el acuerdo ha consistido en dos consejerías para Vox -vicepresidencia incluida- con competencias, por un lado, en Fomento, y, por otro, en Seguridad, Interior y Emergencias. Para el recuerdo queda la negativa absoluta de López Miras.
Algo similar, en cuanto a reculada, sucedió en Extremadura. La presidenta de la Junta, María Guardiola, se opuso con mucha dureza a un pacto con Vox al principio y afirmó que no podía gobernar con quien negaba la violencia de género. Sus palabras, al igual que las de López Miras, dejaban en evidencia a aquellos que sí lo habían hecho ya: Carlos Mazón y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), además de otros alcaldes de toda España. Dos semanas después de aquellas declaraciones, anunciaba un ejecutivo de coalición tratando de restar importancia a sus afirmaciones previas. La campaña del 23-J estaba a punto de empezar.
Mientras todo esto sucedía –el PP y Vox también llegaron a un acuerdo para gobernar juntos en Aragón y a otro en Baleares pero sin que los segundos entraran en el ejecutivo–, Mazón ha seguido adelante. La sensación inicial ha pasado a ser una certeza. Su preferencia fue llegar a un pacto rápido, gobernar cuanto antes y comenzar a trabajar en su verdadero objetivo: tratar de absorber a Vox a medio plazo.
Tras los aluviones iniciales de críticas por el contenido del acuerdo, llegó la calma durante el verano, mientras el ruido siguió en Extremadura o Murcia, con un desenlace a la postre similar. Mazón se lo ahorró. Las polémicas y los problemas en la gestión llegarán. Pero ya serán del Consell. Los sobresaltos en el inicio de curso de Educación son un ejemplo. Seguramente le seguirán los de los Presupuestos. Pero el pacto se cerró hace tres meses en silencio.
Ahora queda Valencia. María José Catalá no suelta prenda sobre un posible acuerdo con Vox, si bien es algo que circula entre las filas populares desde junio, como ha venido informando este periódico. La preferencia parecía ser que tuviera lugar tras las elecciones del 23-J. Entrado el mes de septiembre, lo lógico para muchos es que no tarde en anunciarse.
Los términos se desconocen –si les cederá a sus socios concejalías completas, delegaciones o empresas públicas–, pero el objetivo es el de buscar una estabilidad institucional que no solo permita aprobar unos presupuestos cada año para impulsar las políticas deseadas, sino también las iniciativas que se lleven a las comisiones previas al pleno de la corporación local.