ALTEA. El gobierno de Altea, de Compromís y PSOE, han votado en contra de la moción presentada este jueves a pleno por el PP para adherirse al Plan Vive. Un programa de la Generalitat Valenciana que persigue la ejecución de 10.000 viviendas de protección pública a lo largo de la actual legislatura del PP y Vox a través de la colaboración público-privada. Las argumentaciones de los grupos de izquierda se basaban en las numerosas dudas planteadas en sus intervenciones por la falta de información de la que disponen en la actualidad. Ambos votaron en contra, frente a la posición a favor de los populares y de la formación ultraderechista Vox.
La encargada de defender la propuesta fue la portavoz del PP, Rocío Gómez, quien mencionó que ésta se basaba en la necesidad de vivienda de protección oficial para la población de Altea debido a la subida de precios en el municipio y la oferta "insuficiente". Así, explicaba que la localidad es la tercera de más de 20.000 habitantes de la Comunitat Valenciana con el precio por metro cuadrado más alto en la compra de vivienda. Al tiempo que es la octava a nivel nacional con el alquiler más caro. Y como consecuencia, aseguró que una parte de los jóvenes estaban optando por irse a municipios vecinos con pisos más asequibles.
Ante esta "grave situación", consideraron que era importante ser ágiles y rápidos para participar en el Plan Vive. Para ello, la propuesta de acuerdo incluía la adhesión al convenio marco de colaboración firmado entre la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias firmado el pasado 2 de abril. Además de que los servicios técnicos estudien qué parcelas de titularidad municipal son susceptibles para ceder a la administración autonómica y su traslado al Consejo de Urbanismo en la que tienen representación los grupos políticos.
De igual forma, en su primer turno de palabra, Gómez insistió en que no se comprometían a nada, no se cedía ningún terreno, sino que se informaba del propósito de formar parte del Plan, que puede ser para alquiler, para compra o para alquiler con opción a compra, según manifestó. Así, expresó que no se trataba de "colores políticos", recordando que tanto l'Alfàs como Alcoy ya han mostrado su disposición a participar.
Gómez y Orozco.El concejal de Urbanismo, José Orozco, de Compromís, planteó las dudas que mantienen sobre el mencionado Plan, como es el caso de quién podrá optar a estas viviendas ya que consideran que las bases las va a crear la Generalitat. Pero también dijo desconocer "el contenido jurídico-administrativo que tendrán los futuros convenios con los ayuntamientos" y alertó que no se especifica en esta fase las condiciones, la tipología o la edificabilidad que debe tener la parcela a ceder.
En este punto, informó que durante los últimos meses de la anterior legislatura trabajaron junto al gobierno del Botànic sobre un programa de vivienda basado también en la colaboración público-privada, parecida a la actual, según Orozco, y en la que el Ayuntamiento recuperaba la titularidad a los 50 años. Pero también lo rechazaron.
A día de hoy, el Consistorio cuenta con dos terrenos con condición de solar, que es lo que pide el Plan. Uno está en Santa Teresa, cuyas características propician unos 12 hogares, y otro en calle Piteres, que saldrían de unas seis a ocho casas, según dijo el edil del área. Así, recordó que hasta que no se termine la urbanización del PP Bellas Artes no podrán disponer de la posibilidad de creación de otras entre 70 o 75 viviendas. "No entendemos las prisas", continuó en su discurso.
Con todo, planteó sus dudas sobre si todas serán de protección pública, o se sacarán aquellas que puedan ir a favor del constructor, si el Ayuntamiento pierde la titularidad para siempre, o qué porcentaje podrá ser público y cuál privado. "Quieren que firmemos sin saber la letra pequeña", afirmó el edil de Compromís, quien aseguró que se compromete como concejal de Urbanismo a reunirse con el secretario autonómico y el director general de Vivienda para que le resuelvan todas las dudas. "No descartamos adherirnos", comentó diciendo no entender las prisas del PP.
"Coincidimos en el diagnóstico y en la necesidad de hacer vivienda de protección oficial", dijo para empezar el concejal del PSOE, Jose María Borja, refiriéndose a la intervención de la portavoz del PP. Sin embargo, afeó la cronología de los hechos en cuanto a la presentación y adhesión al Plan Vive, recordando que un día después de la publicación ya se había informado de la inclusión de 40 municipios. "¿Cómo tenían esa información?", preguntó en relación a estas localidades.
A la izquierda, Diego Coello; a la derecha, José Borja.En este sentido, el regidor explicó que la información de la que disponen es la que está en la web de Conselleria, en la cual recoge que una vez sean escogidos, si se da el caso, será cuando se les traslade todos los aspectos relacionados con el régimen de cesión, régimen económico, destino de las mismas, plazos, gastos, y procedimiento de contratación. "¿No sería mejor tener toda esa información antes?", destacó, preguntando quiénes serán los que puedan acceder a estas viviendas, si serán empadronados de la localidad, y cuáles son los plazos de adhesión y de ejecución. "Una falta de información que incluso tenéis vosotros, compañeros del PP", remarcó durante el debate. "Llámame ingenuo pero me parece que la Generalitat no cuenta con Altea", concluyó.
El único aliado del PP fue Vox, quien insistió en que ahora se estaba apostando por "un acto de adhesión, lo otro ya llegará". Tras las críticas al anterior gobierno de la Generalitat en materia de vivienda, afirmó que "con el gobierno de Vox y el PP el tema se va a abordar con seriedad", reseñando que ya se están dando soluciones. Al tiempo que abogó por que la medida termine recalando en la juventud de Altea.
Tras las primeras intervenciones de los partidos, Gómez acusó al gobierno de "demagogia política", recordando que el propósito de la moción es la adhesión para participar, y una vez se sienten con la Generalitat, valorar si interesa a la ciudadanía. A su vez, la popular reprochó que no se haya construido en los anteriores años este tipo de proyectos.
Frente a todo esto, el edil de Urbanismo explicó las alternativas de su partido. Para Orozco, la única opción del PP es la construcción de nuevas viviendas. Una opción que está también entre las que maneja su partido, además de la movilización de pisos vacíos para que ayude a contener precios, según dijo. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento se ha sometido a un proceso de análisis para regular la vivienda turística y han adquirido dos casas por tanteo y retracto que permitirá hacer "una prueba piloto de alquiler".
Finalmente, explicó que van a obtener cerca de dos millones de euros que se destinarán a Patrimonio Municipal de Suelo por las obras de Bellas Artes, y la permuta de edificabilidad de dos parcelas del hotel de Altea Hills. Unos importes que solo se podrán dirigir a vivienda social. "Tiene más pinta de propaganda política que realmente otra cosa", concluyó.
