ALICANTE. El pasado 26 de marzo, las Cortes Valencianas aprobaron la nueva Ley del Síndic de Greuges, que entras cosas, aumenta el plazo de ejercicio, que pasa a ser de siete años no renovables; admite por primera vez las quejas verbales en la sede de la institución y reduce a tres quintas partes del parlamento la mayoría necesaria para elegir el cargo. Otra de las novedades del nuevo texto, ya en vigor, es que los aspirantes al cargo no pueden haber ejercido en los dos últimos años cargos en partidos políticos o instituciones públicas y que la institución debe adherirse a un código de buen gobierno.
Esa misma ley, en su disposición segunda, incluye el tema del código y, además, obliga a aprobar un nuevo Reglamento de organización y funcionamiento, y la relación de puestos de trabajo. Y que ese reglamento debía estar aprobado en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley; es decir, si la ley entró en vigor el 30 de abril, el nuevo documento debía estar aprobado publicado el pasado 30 de octubre, por el procedimiento en ella previsto.
Posteriormente, en el plazo de tres meses a partir de la aprobación del nuevo Reglamento de organización y funcionamiento del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, se aprobará y publicará, por el procedimiento previsto en esta ley, la nueva relación de puestos de trabajo de la institución. Y de igual manera, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el síndico o síndica de Greuges aprobará el Código de buen gobierno del Síndic de Greuges. Es decir, que a día de hoy debería estar tanto el reglamento como el código de buen gobierno.
Pero no lo está, como han reconocido desde la institución con sede en Alicante. Según informan, el reglamento todavía está en fase de elaboración y esperan retrasarse lo mínimo posible, pero tampoco existe una fecha aproximada de cuándo estará el nuevo reglamento y el nuevo código de buen gobierno. Por el momento, la institución sigue su funcionamiento con el nuevo texto normativo, aprobado el pasado 26 de marzo de 2021. El pasado 20 de abril, Ángel Luna presentó la memoria de 2020 y denunció las graves carencias de las administraciones públicas. Posteriormente, en el mes de octubre, el defensor del pueblo valenciano hizo pública su investigación a los centros de menores dependientes de la Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, con duras críticas a la gestión de Mónica Oltra, acusando a la conselleria de haber interferido en su investigación.
La vicepresidenta, por su parte, aseguró que desde su departamento se trataba de atender "todas las cuestiones" que el síndic pudiera requerir, si bien remarcó que los retrasos en contestar tenían "mucho que ver con la precariedad". "Se llega lo más rápido que se puede con las manos que tenemos, pero a veces llegamos un poco más tarde. La voluntad es contestar todos los requerimientos", subrayó.
