VALÈNCIA. A la segunda fue la vencida. La Conselleria de Vivienda ha conseguido salvar el que sin duda es uno de sus planes más importantes: el concurso para la cesión de suelo público a promotores para construir 1.100 viviendas en régimen de alquiler asequible. Una iniciativa que en esta segunda convocatoria ha logrado captar la atención al recibir una oferta, evitando así volver a quedar desierta como pasó en la primera edición. Eso sí, no ha movilizado a una gran parte del sector como se pretendía, pese a contar con una lluvia de 54 millones de euros del Gobierno para subvencionar parte de los proyectos y atraer a los promotores. 

Era este miércoles cuando se cerraba el plazo para la presentación de ofertas para uno o los tres lotes con 17 suelos repartidos entre las provincias de Valencia y Alicante que incluidos en este plan. Y ha sido la UTE formada por la firma de desarrollo, inversión y gestión de proyectos inmobiliarios Urbania junto a la promotora Visoren, especializada en VPO y residencias de estudiantes, la única que ha pujado por los tres paquetes.

Desde Urbania explican que su interés en los 17 suelos se basa en una cuestión estratégica para poder entrar en el segmento de la vivienda social. Y, por ello, lo hacen de la mano de Visoren, con una larga trayectoria en el mercado de la VPO. "Para nosotros es un tema estratégico y de futuro. Creemos que el concurso está bien planteado por la Generalitat Valenciana y nos interesa posicionarnos en este nicho", señalan.

Esta iniciativa se enmarca en el plan del departamento que dirige Héctor Illueca para construir en cinco años 2.400 nuevos inmuebles en la Comunitat Valenciana y ampliar así el parque público. En concreto, el concurso contempla la cesión del derecho de superficie de 17 parcelas públicas, divididas en tres lotes en Valencia y Alicante, a los promotores durante un periodo de tiempo determinado. De esta forma, las empresas construyen los edificios y los explotan durante ese tiempo en régimen de alquiler asequible. Una vez finalizado el plazo, los inmuebles pasan a ser gestionados por la Administración Valenciana, que en todo momento es el titular de las viviendas.