VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana activa la maquinaria legislativa para sacar adelante un nuevo decreto que regule la vivienda protegida, VPO, en la Comunitat Valenciana. Un nuevo texto normativo que sustituirá el decreto que aprobó el anterior Consell del Botànic tan solo dos semanas antes de que se celebran las elecciones autonómicas y municipales en mayo, que cambiaron el color político en el gobierno autonómico. La idea ahora es generar un nuevo marco para ofrecer "mayor seguridad jurídica" y unificar en un único texto todas las disposiciones aplicables a las viviendas de protección pública.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) sacaba este jueves a consulta pública el nuevo proyecto de decreto, por el que se aprobará el reglamento de vivienda de protección pública. De hecho, hace ya unos meses que el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, avanzaba su intención de modificar la actual normativa que regula la VPO en la Comunitat Valenciana. Y ahora da inicio al proceso.

El objetivo es unificar en una misma regulación tanto el decreto de VPO como el decreto de 2021 por el que se creó un registro de oferta y demanda de vivienda pública. "Con la nueva regulación se pretende dar solución a problemas interpretativos a fin de incrementar la seguridad jurídica y unificar todas las disposiciones aplicables a las viviendas de protección pública, ya sean de iniciativa pública como privada, en aras a garantizar la mayor transparencia posible en las actuaciones de la Administración", explican desde este departamento.

Asimismo, se busca aclarar y simplificar cuestiones como la calificación y clases de viviendas de protección pública; su régimen de uso; los visados de contratos; el procedimiento de calificación; el sistema de fijación de precios; el acceso al registro de vivienda y al de demandantes de vivienda; así como los requisitos y acceso al patrimonio público de vivienda de la Generalitat Valenciana.

Por todo ello, desde Conselleria no contemplan no modificar la actual normativa vigente, ya que, a su juicio, "impediría su adecuada aplicación y la puesta en marcha de las actuaciones que se pretenden llevar a cabo", explican. Además, tal y como avanzó el secretario autonómico hace meses en una jornada inmobiliaria, esta y otras normas del Botànic son "ideológicas", por lo que su intención es acometer una reforma hacia otras que sean "lógicas y sustentadas en criterios técnicos para que den respuestas solventes a las necesidades reales de las personas y, en definitiva, configuren un marco normativo seguro que atraiga inversión", afirmó.