DÉNIA.  El deslinde anunciado por Demarcación de Costas en la playa de Les Deveses de Dénia ha puesto en pie de guerra a los vecinos de las playas del norte de la capital de la Marina Alta. Los residentes han protestado en los últimos meses por la decisión del organismo que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre el cambio de trazado de la línea marítimo terrestre, que afecta de lleno a centenares de propiedades tanto de primera línea como de segunda, a bloques de viviendas y a casas.

El malestar es tal con este segundo deslinde que diferentes colectivos de vecinos han salido este sábado 4 de noviembre a la calle para exigir en Dénia que se frenen estos cambios y se respeten las propiedades tal y como vienen siendo desde hace décadas. A las 12 horas ha arrancado una marcha convocada por los afectados. Han llamado a la movilización la Asociación de Vecinos de Defensa de las Playas del Norte de Dénia, Asociación de Vecinos Playa Deveses-Basot y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Dénia.

El nuevo deslinde que ha anunciado Costas afecta a miles de metros cuadrados de terreno, 4.100 en el sector de El Palmar y el Primer Regacho, y 6.200 entre Les Deveses y El Palmar, donde también hay un tramo de costa de Els Poblets. Todo ello, según los vecinos, afecta a más de 3.000 viviendas, de las que 135 tendrían que demolerse.

La marcha ha reunido a decenas de personas que han recorrido el centro de Dénia con diferentes pancartas y con un lema que ha servido para la unión de estos tres colectivos y para lograr el éxito de participación que se ha visto en Dénia: "Costas nos borra del mapa". Con esta consigna los participantes han alertado de que el nuevo deslinde, conocido hace aproximadamente un mes "el aparato del Estado confisca nuestras viviendas".

Ese ha sido la idea principal de la marcha, que ha arrancado en el Centro Social de la calle La Via y ha transcurrido por las calles Diana y Marqués de Campo para finalizar en la Glorieta País Valencià, donde algunos de los participantes han mostrado su malestar con la decisión de Costas y han explicado que ya hay varios propietarios que han iniciado acciones legales contra el ministerio.