ALICANTE. El año 2022 ha servido para volver a recordar qué infraestructuras siguen sin hacerse realidad en la provincia alicantina. No hay grandes avances en las reclamaciones que vienen realizando desde, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Alicante y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) o desde el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca). En 2019, año prepandémico, Cámara Alicante y la CEV presentaron un estudio en el que ponían sobre la mesa esas obras pendientes, con el foco en las necesidades de cada comarca. Unas actuaciones que se vienen demandando desde hace años —o incluso décadas—, y que, por su urgencia, debían haberse acometido en un corto plazo. No obstante, siguen esperando o, en el mejor de los casos, han avanzado en alguna fase. El coste total de esta decena de actuaciones ascendería a más de tres mil millones de euros.

Este año, además, ha sido el momento en el que la patronal CEV, Cámara Alicante e Ineca —junto a administraciones, sindicatos y otras entidades— se han movilizado contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 al considerarlos «inaceptables. Si en los PGE 2022 se asignaron a Alicante 183,65 millones, la cantidad descendía hasta los 160,3 millones en los de 2023 en su anteproyecto. Eso sí, las enmiendas sumarían a esa cifra  cincuenta y un millones más. No obstante, Alicante es la segunda provincia de España en la que más ha crecido la población desde 2020 y la quinta que más aporta al PIB estatal.

Hasta el momento ha habido dos concentraciones contra los PGE. Cámara Alicante convocó una a principios de noviembre con el lema ‘Se acabó. Alicante se planta’ que reunió a unas mil quinientas personas. El 18 de noviembre, la Plataforma pel Finançament Just salió a la calle para pedir más inversión con representación de los partidos políticos en les Corts —salvo Vox— sindicatos, la CEV y otras patronales sectoriales y diversos colectivos ciudadanos y culturales.

Lo que aún queda por hacer

De este modo, se sigue esperando una conexión ferroviaria entre Alicante y Elche que pase por el aeropuerto —el único de su relevancia en Europa que no tiene conexión ferroviaria—. Este año Adif dio un plazo que apunta, como mínimo, al primer trimestre de 2026 para tener redactado el proyecto de esa conexión ferroviaria con el aeropuerto. Además, en julio, Adif licitaba la redacción del proyecto de la Fase I de la Variante Torrellano, el ramal que conectará la línea de Cercanías con el aeropuerto. Su redacción se valora en 3,2 millones de euros para una obra que se estima que pueda costar en torno a los ochenta y que se encargará de diseñar la nueva estación. El coste total de todas las conexiones que envuelven este eje rondaría los 295 millones, según este estudio.

Siguiendo el hilo ferroviario, la mejora de la línea Alcoy-Xàtiva es otros de los proyectos prioritarios en este decálogo, que se plantea para poder aumentar la velocidad de los viajes y su seguridad, con una inversión de veintidós millones. Así, Adif anunció en verano nuevas inversiones por valor de ciento cincuenta millones en una actuación incluida en el Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana, que supondría la renovación integral del trazado ferroviario, a lo largo de sesenta y tres kilómetros. Para ello, se plantean dos proyectos divididos en tramos diferentes.

La tercera obra pendiente sigue enlazada a la conexión ferroviaria, esta vez con el Tren de la Costa, para conectar Alicante y València por el litoral con estaciones en Dénia, Benissa y Benidorm. Este plan pasa por convertir la estación de Cercanías del Parque Científico de la Universidad de Alicante en la estación de Alicante Norte, con una estación intermodal y provincial fuera del casco urbano de la capital, conectada con las líneas a Murcia, Valencia y Madrid. En total, son 1.648 millones. Esta primavera desde el Ministerio de Transportes y la Conselleria de Obras Públicas se anunció una reunión para «encajar» los proyectos de ambas administraciones respecto al Tren de la Costa, pero no ha habido nuevos avances sobre el papel.

Finalizar el Corredor Mediterráneo y la mejora del acceso ferroviario al Puerto de Alicante es otra de las peticiones, la cuarta, que ya está más cerca de ser una realidad. En este sentido, en noviembre la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, afirmó que el Corredor estará finalizado en 2030. Está pendiente la puesta en funcionamiento de la vía única en ancho ibérico en Moixent-La Encina. También estaba en pruebas el trazado en ancho convencional entre Xàtiva y el Nudo de la Encina, clave para conectar el sureste peninsular con el noreste y el resto del continente.

La quinta petición es el Intercambiador ferroviario de mercancías. Los puertos secos en San Isidro y el Vinalopó son una reclamación y quieren que se refuerce con una zona franca en el área funcional Alicante-Elche, por ciento cinco millones de euros. Desde la Generalitat en septiembre, abogaban por buscar «todas las sinergias posibles» para la ubicación de un puerto seco en la provincia «huyendo de la confrontación».

Saliendo de las vías del tren, las carreteras son otras de las infraestructuras que más reclamaciones acumulan. El sexto punto del decálogo pasa por el tercer carril de la Autovía A-70 entre Alicante y Elche. Ya se consiguió la eliminación del peaje en la AP-7.  Queda pendiente la circunvalación de Alicante y un paso inferior en la rotonda Universidad de Alicante. El coste previsto de esta obra supera los ciento cinco millones de euros.

La duplicación de la CV-95 entre Orihuela y Torrevieja para incrementar la capacidad, reducir tiempos de recorrido y aumentar la seguridad vial es una vieja conocida entre las reclamaciones de la provincia, especialmente en la Vega Baja. Su coste sería de unos 446 millones de euros. En octubre, desde el Consell apuntaron a la licitación de la redacción del proyecto del primer tramo del desdoblamiento, que contará con una inversión total de la Generalitat de treinta millones.

En octavo lugar está el tercer carril entre Elda y Monforte del Cid, en una autovía, la A-31, que necesita una profunda reforma. La actuación se cifra en 162 millones. Así, la novena es la duplicación de la variante de la N-332 en Torrevieja. Se ha pedido en numerosas ocasiones «explicaciones» por el retraso de las obras y un proyecto que no acaba de arrancar. El coste del trabajo, dando continuidad a los tramos ejecutados para aliviar la congestión, sería de unos 30,5 millones de euros. La mesa de diálogo en el futuro del Tren de la Costa es la décima petición.

A falta de ver cómo será 2023 en los avances de estas infraestructuras, desde la CEV han valorado de forma positiva el hecho de que se haya propuesto crear una comisión de seguimiento para la Comunitat y la provincia de Alicante, la más agraviada. En este sentido, creen que es una vía reclamar los avances de ese decálogo y aseguran que «esperamos que esa comisión impulse los proyectos. Queremos ser optimistas y avanzar». Además, Ineca trabaja en un estudio de actualización sobre infraestructuras y, por su parte, desde Cámara Alicante han ofrecido a la CEV «trabajar de manera conjunta» para actualizar el documento para la provincia de Alicante Horizonte 2030.