ALICANTE. La controversia política en el pleno del Ayuntamiento de Alicante estaba servida desde el momento en el que el grupo municipal de Compromís registró una iniciativa frente al transfuguismo, al calor de la salida forzosa del partido de los dos representantes de Ciudadanos (Cs) en la Diputación Provincial, Javier Gutiérrez y Julia Parra, que convirtió a ambos en diputados no adscritos. Y el debate de la propuesta no ha defraudado, con una votación final en la que los cuatro concejales de Cs presentes en el salón de plenos (su portavoz y vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, se ha ausentado de la sesión al permanecer en la feria de cruceros Seatrade Cruise) se han alineado junto a la bancada progresista para solicitar la devolución de las actas de sus dos exrepresentantes, frente a la posición de rechazo que han manifestado sus socios del PP.
De este modo, la propuesta -una declaración institucional, que carece de eficacia ejecutiva real- ha prosperado con el respaldo de diecisiete concejales: 9 del PSOE, 4 de Cs, 2 de Unides Podem EU y 2 de Compromís. Por el contrario, los 8 ediles del PP presentes en la sesión (todos salvo Carlos Mazón, que se ha ausentado poco después de la reanudación de la sesión tras el descanso para comer) y los 2 ediles de Vox han votado en contra.
La iniciativa -que ha cerrado el pleno de marzo, de ocho horas de duración- planteaba instar a "los dos diputados provinciales tránsfugas de Ciudadanos a devolver el acta para restaurar la estabilidad política e institucional a la Diputación de Alicante" y requerir, también, "a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo" para que lo actualice y lo dote "de rango legal". Se trataba de una propuesta con la que la coalición valencianista trataba de presionar a los populares para que se retratasen, teniendo en cuenta que el PP ha gobernado en la institución provincial gracias al apoyo de Gutiérrez y Parra y que, además, también comparten gobierno con Cs en el ayuntamiento. Y, a la postre, la iniciativa ha conseguido el objetivo político pretendido: que se evidenciase la división entre los dos partidos aliados al frente de la gestión municipal, pese a que tanto el edil de Urbanismo y candidato de Cs a la Alcaldía, Adrián Santos Pérez, como el alcalde, Luis Barcala, hayan tratado de normalizar la discrepancia en sus respectivas intervenciones.
Por partes. El portavoz de la coalición valencianista, Natxo Bellido, ha abierto el debate en la defensa de la declaración institucional para aludir al edil, presidente de la Diputación y presidente del PPCV, Carlos Mazón, como "el campeón del transfuguismo", al citar los movimientos registrados en ayuntamientos de la provincia como el de Teulada o el de Agres, en los que el PP se ha valido del respaldo de tránsfugas para acceder al gobierno. En su discurso, no ha escatimado en críticas al señalar que "no podemos olvidar de quién es discípulo el señor Mazón", en alusión al expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y a su apoyo en una tránsfuga para lograr la Alcaldía de Benidorm en los inicios de su carrera política. Además, ha vuelto a referirse a la participación de la exconcejal de Guanyar, Nerea Belmonte, en la elección de Luis Barcala como nuevo alcalde, en abril de 2018, tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri. Así, tras esas referencias, no ha dudado en emplazar a los ediles de Cs a "ponerse la camiseta del partido y apoyar esta declaración".
En el turno de intervenciones, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha aludido a la imperfección del sistema que permite su perversión con el transfuguismo, sin llegar a anticipar cuál iba a ser su posición de voto. Acto seguido, el portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, ha anticipado su respaldo a la propuesta tras recordar también a la figura de Eduardo Zaplana. Y también lo ha hecho la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, quien ha acusado al PP de "burlarse del pacto antitransfuguismo" para mantenerse en el poder, tras referirse a los ejemplos ya enumerados por Bellido y López.
Santos Pérez y Barcala tratan de deslegitimar la propuesta de Compromís tildándola de electoralista y le quitan trascendencia a la discrepancia
Para entonces, ya se había garantizado que la iniciativa iba a prosperar, durante el turno del representante de Cs. Santos Pérez ha iniciado su intervención recriminando a Compromís que haya registrado esta iniciativa "en lugar de aprovechar la posibilidad de plantear propuestas que solucionen los problemas de los alicantinos". En todo caso, ha sostenido que "nosotros firmamos un compromiso ético al ser elegidos cargos públicos y lo lógico es que exijamos la devolución de las actas". Así, ha garantizado su respaldo pese a considerar que "esto es una iniciativa de puro oportunismo político y no servirá para mejorar la vida de los ciudadanos".
De nada han servido las palabras de la portavoz del PP, Mari Carmen de España, quien ha tratado de deslegitimar el fondo de la propuesta al considerar que resulta incongruente que el ayuntamiento pida a otra institución que se reclame la devolución del acta a sus representantes, cuando, además, las actas son personales. "Ustedes lo que quieren es montar aquí un circo; y encima la iniciativa la trae Compromís, que gobiernan en Crevillent, el pueblo de Aitana Mas, y que han abrazado a un exconcejal de Esquerra Republicana", ha señalado. "¿Pero en calidad de qué han planteado esta propuesta cuando ustedes están hinchados de casos de transfuguismo", ha argumentado. "No sé como traen aquí este tipo de iniciativas; los alicantinos no son tontos, y ustedes los toman por tontos", ha concluido.
Por último, el alcalde no ha dudado en intervenir para zanjar el debate como cierre de la sesión para insistir en que "aquí lo que se ha traído es una iniciativa electoralista". En todo caso, ha tratado de quitar trascendencia a los efectos de la división del sentido de voto respecto a Cs al argumentar que "nosotros firmamos un pacto de gobierno para gobernar juntos que se ha cumplido, pese a que ha habido discrepancias puntuales", ha destacado. En este sentido, ha insistido en deslegitimar la propuesta de Compromís. "Comprendo que es el juego que tienen que hacer, sobre todo, los que tienen más difícil su supervivencia" y tienen que "ponerse a trabajar, que, después de muchos años, tampoco está mal", ha apostillado.
En cualquier caso, su intervención no ha evitado el resultado perseguido por el bloque progresista: que se plasmase la división en el seno del bipartito y que, además, se adoptase un acuerdo incómodo para el presidente del PPCV y candidato a la Generalitat, Carlos Mazón.
Otro 'pinchazo' con Llopis
No obstante, las tres formaciones de izquierda (PSOE, Unides Podem EU y Compromís) no han logrado el objetivo pretendido con otra de las declaraciones institucionales de las debatidas a lo largo de la sesión: la que había registrado Unides Podem EU para pedir el cese de la edil de Acción Social y Educación, Julia Llopis. En este caso, el equipo de gobierno ha mantenido su unión y ha vuelto a contar con el apoyo externo de los dos concejales de Vox para tumbar la iniciativa.
Eso sí, se han vuelto a escuchar los argumentos ya conocidos entre los detractores y defensores de su gestión. En primer término, el portavoz de la confluencia, Xavier López, ha enumerado la relación de decisiones que ha considerado erróneas respecto al proceder de Llopis, entre las que ha enumerado la falta de atención a la población vulnerable o la inejecución de los colegios del Plan Edificant. Por ello, ha exigido "su cese o retirada de competencias", en un debate bronco en el que, según López, se ha escuchado al edil de Vivienda, José Ramón González, dirigirle un insulto, después de que el líder de la confluencia aludiese al suceso protagonizado por una mujer en las oficinas de la EVha de la calle Gerona, que había intentado quemarse 'a lo bonzo' tras arrojarse gasolina.
Por su parte, el representante de Compromís, Rafa Mas, ha reproducido parte de los argumentos expuestos por López, incidiendo en la devolución de subvenciones concedidas por la Generalitat "para crear un escudo social", entre otras cuestiones. Así, ha concluido instando a Llopis a "pedir perdón" a los ciudadanos. Por el PSOE, Lola Vílchez también ha considerado el comportamiento político de Llopis de "errático y peligroso para los intereses públicos" en todos los ámbitos bajo su competencia, desde Educación a Acción Social. "En una empresa privada estaría cesada o, mejor dicho, no la habrían contratado", ha señalado.
