BENIDORM. El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado con los votos a favor del PP y la abstención de la oposición del PSOE y Cs la nulidad del convenio por los terrenos de Serra Gelada. El gobierno local se ha apoyado en los diferentes informes que avalaban la nulidad del texto firmado entre el Consistorio, con Vicente Pérez Devesa como alcalde en 2003, y los propietarios de las parcelas a los que se les consignaba una indemnización. Un acuerdo que se prorrogó ya con el gobierno de Agustín Navarro en 2010 y 2013.
El PP comenzó la revisión de oficio de este convenio en 2021 y la última vez quedaron a la espera del dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Este se ha manifestado a favor de la tesis que han ido recopilando con diferentes informes y que apuestan por la nulidad del acuerdo.
Como ha venido explicando Alicante Plaza, se trata de un acuerdo con los propietarios de estos terrenos que iban a ser protegidos por la Generalitat. Este establecía la indemnización otorgándoles edificabilidad en otros sitios de la ciudad por esas parcelas que el Plan General de 1963 reconocía como urbanos. La firma se hizo cuando la Generalitat Valenciana ya había iniciado los trámites para revisar este espacio natural. En el caso de que a los cinco años no se hubiera compensado con los terrenos en otros planes urbanísticos, se les tendría que haber resarcido de manera económica. Pero, 19 años después, ni una cosa ni la otra.
El dictamen recoge que los propietarios de las parcelas afectadas son FPO SA (19,50%), Antonio Manuel Puchades Orts (25%), Murcia Puchades Expansión SL (25%) Atricap Investment SL (7,17%) y Rucalaf SL (23,33%).
Entre otros asuntos, consideran que la indemnización económica no tiene cabida por parte del Consistorio por reconocer a dichos propietarios derechos de aprovechamiento urbanístico, que no se ha patrimonializado, y por tanto, que no se había adquirido "dado que no habían procedido a la cesión, equidistribución y urbanización". Así, indican que aunque los terrenos estuvieron clasificados en el PGOU de 1963 como suelo urbano, "no parecían contar" con los requisitos exigidos como acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, etc. Con todo, rechazan las alegaciones de los interesados que afirmaban que era terreno consolidado.
