ALTEA. El pleno del Ayuntamiento de Altea aprobó este jueves seguir con la revisión de oficio de la concesión para la gestión integral del servicio público de aparcamiento que data del 2000. Asimismo, se ha acordado la suspensión de la ejecución del contrato en lo relativo al abono por parte del municipio de los gastos por depósito o estancia de vehículos de terceros, "dado que la misma podría causar perjuicios a la Hacienda Pública", según figura en la moción a la que ha tenido acceso Alicante Plaza.
Tal y como ha ido explicando este diario, el Ayuntamiento firmó el contrato con la empresa Asterita por un plazo de 50 años, por lo que aún le restan otros 38 años de concesión. La adjudicación contemplaba la construcción de cinco parkings subterráneos, aunque solo se ha ejecutado uno.
El concejal de Infraestructuras, Diego Zaragozí, relató que desde que se inició este expediente se han reunido con la empresa unas tres veces. No obstante, señaló que no han servido de mucho ya que la postura de la empresa es inamovible durante este tiempo: piden 15 millones de euros en concepto de los coches depositados en el retén, una demanda que no se considera justificada, pues son los propietarios quienes deberían pagar por sus coches, y que se considera lesiva para los intereses del Ayuntamiento y los ciudadanos. Es por ello que Zaragozí afirmó que trabajan por "eliminar" el contrato.
"El servicio es muy deficiente y no está a la altura de lo que se merece el pueblo", decía durante su intervención en el pleno el concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Comercio, Mercados, Miguel de la Hoz Sellés. De este modo, recordó que con la llegada de la pandemia, le pidieron que incorporara sistemas para la zona azul con las que los clientes evitaran el contacto con ellas y se pudiera gestionar con una app. Algo que funciona en muchos municipios y para lo que le presentaron una "media propuesta" pero que no se llegó a instalar. "No es nada extraño, pero a día de hoy no he visto ningún avance", mencionó el edil. La portavoz de Cs, Amalia Campomanes, también manifestó su posición considerando perjudicial para el municipio la situación actual de la concesión.