ALICANTE. No cabe duda de que la librería 80 Mundos en Alicante se ha convertido en un símbolo de las consecuencias del cambio habitacional y de las dificultades del acceso a la vivienda que vive la ciudad alicantina y, en general, la provincia. La nueva ubicación de la librería ha abierto sus puertas esta vez, no para una presentación literaria, sino para hablar de vivienda. El lugar no es neutro, como asegura Comisiones Obreras. Han escogido esta ubicación para hablar de "emergencia habitacional" y presentar su estudio 'Turistificación vs derecho a la vivienda. La emergencia habitacional en L’Alacantí, Marina Baixa y Marina Alta', elaborado por el sindicato de clase con datos del tercer trimestre de 2025. Y es que, el propio informe señala el "cierre" y la expulsión de 80 Mundos de su local anterior, tras 40 años, en un contexto de conversión del bloque en lugar turístico, como ejemplo de "transformación urbana vinculada a la presión del alojamiento de corta estancia". Y, algunos de los datos que dan en este estudio también apuntan a un panorama que dificulta el acceder a un lugar en el que vivir para muchas personas. Hay más de 50.000 viviendas vacías en l'Alacantí y las Marinas y 625 VPO para las tres comarcas. Por eso, CCOO pide un plan de choque para la vivienda. El sindicato subraya además el impacto generacional: la juventud de estas comarcas debe destinar entre el 60% y el 90% del salario al alquiler, lo que, según CCOO, sitúa a muchos trabajadores y trabajadoras en la categoría de "pobres con empleo".

En el evento ha intervenido Mary Cueva, la responsable de la Secretaría de Jóvenes, Formación y Acción Sindical, que ha presentado el informe. Eva Calleja, secretaria general de CCOO en l'Alacantí - Les Marines tenía prevista su asistencia, aunque no ha podido acudir. Además, el acto ha contado con un espacio de reflexión con Pedro Irles, el profesor Alejandro Mantecón (Universidad de Alicante) y Guadalimar Navarro, de la plataforma vecinal 'Alicante, ¿dónde vas?'.

¿Cuánto se cobra? ¿Cuánto cuesta vivir?

En este caso, el informe coloca a varios municipios en el foco enfrentando cuánto se cobra y cuánto cuesta vivir. La tabla de alquileres y salarios que han plasmado en la presentación del estudio documento sitúa, por ejemplo, el salario medio bruto en Alicante en 1.790 euros. Con ese dato, un piso de una habitación con alquiler medio de 900 euros supone el 50% del salario; un piso de dos o tres habitaciones, con 1.200 euros de media, alcanza el 67%. Y, en este sentido, añaden un umbral de referencia. Si se aplicara la recomendación de no dedicar más del 30% del ingreso al alquiler, habría que disponer de más de 3.600 euros netos para asumir un alquiler medio en Alicante que el propio informe menciona en 1.130 euros mensuales.

Y es que, la presión no se limita a la capital. En Benidorm, el alquiler medio de un piso de 2–3 habitaciones equivale al 75% del salario medio local y en Dénia alcanza el 87%. En el caso de la población joven, la presión es mayor: el informe sitúa el esfuerzo entre el 60% y el 90% del salario según edad y municipio.

El informe añade que la presión no se limita al alquiler. En el mercado de compraventa, los precios han aumentado en el último año un 14,3% en Alicante, un 15,4% en Benidorm y un 13,8% en Dénia. Según el sindicato, este encarecimiento ha coincidido con un cambio en el perfil comprador en el que en 2024 se registraron 20.169 adquisiciones por parte de extranjeros no residentes en la provincia, con cerca de un 70% de operaciones al contado, un escenario que, según CCOO, intensifica la competencia por la vivienda.

Inventario de vivienda con más de 50.000 vacías frente a 625 VPO

La misma lógica se despliega hacia el inventario de vivienda vacía y el parque protegido. La tabla comarcal recoge para la ciudad de Alicante una estimación de 18.000 a 20.000 viviendas vacías, frente a 284 VPO ofertadas, algo que deja el dato de 63 viviendas vacías por cada vivienda protegida ofertada. Asimismo, el informe no se queda ahí y sostiene que las estadísticas oficiales "infravaloran el fenómeno por definiciones restrictivas" y cuantifica, para Alicante, una diferencia "de más de 5.000" viviendas vacías no contabilizadas cuando se contrasta con datos municipales y cruces de fuentes. El sindicato atribuye parte de esa infrarrepresentación a que el INE no contabiliza viviendas de uso estacional ni propiedades retenidas con fines especulativos.

La situación no solo se queda enmarcada en la capital alicantina, sino que engloba a todo l'Alacantí -y más allá-. En el mismo mapa de ratios, otros municipios del entorno inmediato aparecen con cifras que el informe usa como evidencia de la escala comarcal. Por ejemplo, El Campello, contaría con de 2.500 a 3.000 vacías y 15 VPO (un ratio de 183 viviendas sin habitar frente a una oferta de protección oficial). 

En el caso de San Vicente del Raspeig habría de 3.200 a 3.800 viviendas vacías y 45 VPO, lo que significa 78 casas sin habitantes por cada VPO. Mientras, Mutxamel, tendría de 1.500 a 1.900 viviendas sin habitar y 18 VPO, lo que se traduce en 94 casas vacías por cada vivienda de protección oficial. Asimismo, Sant Joan d’Alacant  cuenta con de 1.800 a 2.200 casas vacías y 22 VPO. Una ratio de 91 por cada vivienda de protección oficial. 

En términos comparados, las ratios más elevadas se localizan en municipios turísticos de la Marina Alta, con Xàbia con 321 viviendas vacías frente a cada opción de VPO y Calp, con 306 casas vacías por cada VPO disponible.

Viviendas turísticas y el desfase entre registro y estimación

El informe de CCOO dedica un apartado específico a la turistificación residencial. En Alicante, el registro autonómico contabiliza 4.882 viviendas de uso turístico, mientras que la estimación alta del estudio eleva la cifra a 8.543,5. La diferencia se explica por la hipótesis de un mercado irregular que en zonas costeras de alta presión puede situarse entre un 20% y un 40% por encima de lo registrado y en interior con menor presión, entre un 10% y un 20%. Y es que, el documento vincula este cálculo con las más de 8.200 bajas de VUT irregulares detectadas por la Generalitat en la provincia desde marzo de 2025. 

La tabla incluye, entre otros municipios, Benidorm, con 5.625 VUT registradas y 7.875 estimadas, Dénia, con 4.863 viviendas de uso turístico y 6.808,2 estimadas, Xàbia  con 4.340 VUT y 6.076 estimadas y Calp, con 5.312 viviendas turísticas y 7.436,8 en estimación, según el informe.

Sobre la respuesta institucional, el informe describe un "mosaico" de medidas municipales y detalla el caso de Alicante como un proceso ligado a movilización vecinal y cultural. Según el texto, tras un informe municipal de 2022 que "restaba gravedad al problema", la plataforma 'Alicante, ¿dónde vas?' y la actividad del Sindicat de Barri de Carolines impulsaron una primera moratoria, criticada por excluir bloques de viviendas y el impacto mediático del cierre de 80 Mundos contribuyó a una nueva propuesta que "incluye bloques y define zonas de saturación", pendiente de votación y alegaciones según fechaba el estudio a fecha de noviembre de 2025. Para CCOO, la exigencia estatal de autorización vecinal para nuevas VUT "traslada al ámbito privado un conflicto estructural" sin abordar el origen del problema.

En la tabla de medidas, Alicante figura con prohibición de nuevas licencias en zonas saturadas, mapa de zonificación y límite máximo de VUT por zonas, además de regulación de actividad existente. La comparación municipal se amplía con otras decisiones, como la de Dénia  con la suspensión de nuevas VUT en casco urbano; suspensión de obras VUT; límite 30–50 VUT por 100 habitantes; Xàbia y la moratoria DOGV 2024 con aplazamiento y estudio, Ondara  con moratoria de un año sobre compatibilidad/licencias e incluye obras; El Verger con suspensión de compatibilidades y plan por zonas, Altea  y su ordenanza por zonas de vulnerabilidad con límites porcentuales y prohibición en áreas definidas; Finestrat  y la suspensión temporal de informes de compatibilidad y Polop y la moratoria DOGV 2024.

El informe incorpora, asimismo, una comparación internacional para sostener la idea de que el grado de intervención pública condiciona el acceso a la vivienda. En esa tabla, España aparece con un porcentaje mínimo de vivienda pública en alquiler y el texto lo contrasta con modelos de regulación o provisión más amplios en otros países.

Desplazamientos forzosos, desahucios y más impacto en jóvenes, mujeres y migrantes

En el apartado de impacto sociolaboral, el informe enumera consecuencias en cadena que pasan desde un desplazamiento forzoso por subida de alquileres y compra, aumento de desahucios asociados a impago o conversión a apartamentos turísticos, y un impacto señalado sobre jóvenes, personas migrantes y mujeres.

Añade pérdida de comercio de proximidad y transformación urbana por sustitución de actividades, y vincula la dependencia turística con un mercado laboral caracterizado por temporalidad, parcialidad no deseada, bajos salarios e irregularidades. El documento advierte además de una "doble vulnerabilidad"; económica, por la dependencia de un sector estacional, y social, por la conversión de la vivienda en un activo financiero que condiciona la vida cotidiana y la cohesión urbana.

Las reivindicaciones de CCOO para un plan de choque en vivienda

A partir de este diagnóstico, CCOO formula un paquete de reivindicaciones en tres bloques. En el primero, propone un marco regulatorio que priorice el uso residencial y plantea una moratoria general e inmediata para nuevas VUT "en el ámbito municipal", además de un plan de transición obligatorio para reconducir el parque existente hacia alquiler residencial de larga duración.

También plantea la regulación vinculante de precios mediante índices públicos y posibilidad de precios máximos en zonas tensionadas, citando como referencia instrumentos como el Mietspiegel alemán o el sistema neerlandés.

En el segundo bloque, el informe sitúa el foco en el fortalecimiento de inspección, derechos y control democrático del territorio como parte de la respuesta a la irregularidad y a la capacidad de eludir registros que describe en el apartado de VUT. Y en el tercero, conecta vivienda y estructura económica, donde plantea diversificación productiva, aumento de inversión pública en I+D+i con anclaje territorial y una tasa turística cuyo destino sería, de forma específica y vinculante, política de vivienda pública, mitigación del impacto ambiental y social del turismo y transición hacia un modelo económico diversificado.

Abordar vivienda, turistificación y gentrificación

La mesa redonda posterior a la presentación del informe puso el foco en la necesidad de abordar la vivienda, la turistificación y la gentrificación desde una lectura conjunta que combine datos estadísticos y análisis social del territorio.

Alejandro Mantecón, doctor en Sociología y profesor titular de la Universidad de Alicante, situaba el origen del actual modelo en una evolución de largo recorrido. Explica que la interdependencia entre turismo y dinámicas inmobiliarias comenzó hace aproximadamente setenta años, en el marco del impulso desarrollista del franquismo, y que ese proceso histórico ha consolidado las dinámicas que hoy se observan reforzadas en las comarcas analizadas.

Por su parte, Guadalimar Navarro, representante de la asociación vecinal 'Alicante, ¿Dónde Vas?', puso el foco en el nacimiento del colectivo. Señalaba que desde las primeras asambleas se detectó un malestar creciente en la ciudad ante lo que describió como una transformación urbana producida de espaldas a la ciudadanía. Según explica, ese descontento impulsó una movilización social temprana que, a su juicio, ha sido el factor que ha forzado las medidas adoptadas hasta ahora, incluyendo la rápida convocatoria de manifestaciones en las primeras semanas de actividad del movimiento.

En la mesa también intervino Pedro Irles, creador audiovisual y comunicador alicantino, quien centraba su intervención en lo que definió como discursos erróneos sobre el peso del turismo. Defiende que la economía local se sostiene fundamentalmente sobre el trabajo de la población residente en condiciones de precariedad y afirmó que los principales beneficios del sector turístico se concentran fuera de la ciudad. Su intervención concluyó con un mensaje de permanencia de la población local en Alicante.

El acto  ha contado, además con la asistencia de representantes municipales de PSOE, Compromís y Esquerra Unida, así como de entidades sociales implicadas en la cuestión de la vivienda, entre ellas el Sindicat de Vivienda de Carolinas.