ALICANTE. Los encuentros por separado mantenidos este miércoles por la edil de Hacienda, la popular Lidia López, y por el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), con representantes de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante se han saldado, como se preveía, sin avances significativos que permitan augurar el desbloqueo en la aprobación del presupuesto municipal de 2023. Tanto es así que el mismo alcalde, el popular Luis Barcala, ha dado por asumido -incluso antes de conocer el desenlace de esas reuniones- que la propuesta de planificación económica elaborada por PP y Cs quedará congelada hasta que se celebren las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.
De este modo, el primer edil ha señalado -en una comparecencia pública posterior al acto de recepción de los menores del área de Oncología del Hospital Doctor Balmis- será entonces cuando el nuevo equipo de gobierno que pueda asumir las riendas del Ayuntamiento, sea del color político que sea, pueda retomar la propuesta para modificarla en el sentido que considere oportuno, o para volver a elevarla a debate ante la nueva relación de fuerzas en la que quede configurada la corporación municipal desde junio.
No se ha referido a ello de forma expresa, pero resulta obvio que, para entonces, puede existir una nueva correlación de fuerzas con la disposición de una mayoría capaz de revertir el proyecto presupuestario diseñado por PP y Cs, o que disponga de los votos suficientes para que esa planificación prospere sin necesidad de sumar a otras formaciones.
Así, ha incidido en que, "pese a que anticipamos que asumiríamos todas las enmiendas que quedan vivas de PSOE y parte de las de Compromís", al ser admitidas por los técnicos de la Oficina Presupuestaria de la Concejalía de Hacienda, "no parece que vayan a modificar sus posiciones", ya que, según ha incidido, se están planteando "otras cuestiones que no tienen que ver con los presupuestos", en alusión a la petición de que se derogue la ordenanza de convivencia cívica, la condición introducida por el PSOE (en la línea anticipada previamente por Unides Podem EU) o a la solicitud de cese de la edil de Acción Social, Julia Llopis, como requisito aportado por Compromís.
Así, ha sostenido que, si no se alcanza un posible entendimiento, no se llegará a convocar la comisión de Hacienda (y, por tanto, tampoco el pleno de presupuestos) que quedó desconvocada el pasado viernes, lo que impedirá una hipotética suma de los votos de los cuatro grupos de la oposición para que pueda prosperar la enmienda a la totalidad de devolución del presupuesto presentada por Unides Podem EU que sí superó el filtro de la viabilidad técnica. Además, el primer edil ha señalado que "existen alternativas" para que pueda garantizarse el funcionamiento del ayuntamiento en el caso de que se persistiese con el presupuesto prorrogado (ya lo está de forma automática desde enero) como la posibilidad de recurrir a modificaciones de crédito o de cubrir gastos relacionados con las nóminas o con los servicios de las contratas renovadas (transporte público y limpieza viaria y recogida de residuos) con las economías (ahorros) generados en determinadas partidas no agotadas.
En esta línea, ha apuntado a la existencia de un interés electoral por parte de los cuatro grupos opositores, entre los que ha citado expresamente a Vox por posicionarse con los tres partidos del eje progresista en contra de los presupuestos, y ha tratado de desmarcarse de esa posición al sostener que "ellos anteponen elecciones por encima de Alicante, al bloquear el presupuesto, y yo antepongo Alicante por encima de las elecciones", ha sostenido.
