VEGA BAJA

Torrevieja impulsa la reparcelación forzosa del sector Montecarlo ante la falta de acuerdo entre los propietarios

El Ayuntamiento suspende licencias de edificación en el ámbito hasta que el procedimiento quede aprobado de forma definitiva

  • El sector E-3 Montecarlo.
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TORREVIEJA. Torrevieja ha dado un paso decisivo en el desarrollo urbanístico del enclave Montecarlo (E-3) con la aprobación de la reparcelación forzosa del sector, después de que los propietarios no alcanzaran un acuerdo para llevar a cabo la reparcelación voluntaria. El alcalde, Eduardo Dolón, firmó el decreto el pasado 8 de agosto por el que se inicia el procedimiento tras la propuesta presentada por la mercantil Marcos y Bañuls, S.L., agente urbanizador designado.

La decisión implica la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación y edificación en toda la unidad de actuación hasta que la reparcelación quede firme en vía administrativa. El proyecto, sometido a información pública durante un mes, podrá ser consultado tanto en la sede electrónica municipal como en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, además de en el tablón de anuncios y en un medio de comunicación provincial.

La reparcelación tiene como objetivo redistribuir de forma equitativa los derechos y obligaciones de los propietarios, regularizar linderos y adjudicar a la administración los terrenos dotacionales y edificables que legalmente le corresponden, además de fijar las cargas de urbanización. El proyecto prevé la transformación física y jurídica de la actual estructura del suelo, fruto de parcelaciones privadas de los años 70, para adaptarla al Plan de Reforma Interior y a los usos residenciales contemplados en el PGOU de Torrevieja.

El edicto advierte de que no podrá aprobarse el proyecto con adjudicaciones a dos de los propietarios, Andrés e Inmaculada Cánovas Martínez, hasta que formalicen en documento público su adhesión al programa. Asimismo, la resolución recuerda a los titulares de las fincas incluidas su deber de comunicar las situaciones jurídicas que afectan a sus terrenos y de aportar la documentación necesaria para su identificación y valoración.

Con esta medida, el Ayuntamiento asume la gestión urbanística de un sector pendiente de desarrollo desde hace décadas y desbloquea un proceso que, tras sucesivos intentos fallidos de reparcelación voluntaria, se encontraba paralizado.

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