MURCIA (EFE). El peor de los presagios se ha cumplido. La Justicia ha tumbado el recurso de los regantes del Segura contra la planificación hidrológica del Tajo. La sentencia es todo un varapalo porque abre la puerta a que el Gobierno de España revise las reglas de explotación y aumente los caudales ecológicos, lo que supondría, en la práctica, un recorte de hasta el 50% en los envíos de agua al Trasvase Tajo-Segura del próximo 2027.

Ante el fallo judicial, el líder del Scrats, Lucas Jiménez, convocaba una rueda de prensa para anunciar que, pese a ser un "mal día", como él mismo reconoció, llevarán su pelea hasta el final para impedir que el hachazo sea una realidad. De hecho, los servicios jurídicos del sindicado analizan medidas legales como sería acudir al Tribunal Constitucional, aunque admite que es una camino complicado y que a día de hoy “no caben medidas cautelares” en la vía judicial.

"No es un buen día, pero desánimo no hay ninguno. Seguimos al pie del cañón en la defensa de lo que nos parece una injusticia", enfatizaba Jiménez. Por eso, una vez agotada la vía judicial, el presidente de los regantes, habitualmente muy crítico con el Gobierno de España, aprovechó la comparecencia para hacer un llamamiento al presidente nacional, Pedro Sánchez, y su delegado en la Región de Murcia, Francisco Lucas, para que "den la vuelta" al actual ciclo hidrológico y suspenda el recorte al acueducto.

También advertía de que "no aceptará" un nuevo plan de cuenca basado en "nuevas promesas mil millonarias que van a ser seguro una mentira absoluta", en referencia a las inversiones que el Ejecutivo socialista ha anunciado en estos años para compensar la disminución de los próximos caudales del Trasvase.

De hecho, el propio Franciscvo Lucas, en reacción al fallo judicial, afirmaba que estaba "preocupado" aunque quería "mandar un mensaje de tranquilidad" a los agricultores: "Estoy a su lado. Estoy trabajando para garantizar agua para siempre en la Región". El delegado también señalaba que ya son siete sentencias en contra que "confirman" que "la hoja de ruta del Gobierno regional y del PP es equivocada" y emplazaba a Fernando López Miras a "recuperar el diálogo" con el Ejecutivo central.

Cabe recordar que en 2023 el Gobierno de España daba luz verde al documento hidrológico que cambiaba las reglas de explotación y establecía el aumento del caudal ecológico en la cabecera del río Tajo, a su paso por Aranjuez (Madrid), lo que implicaría "un recorte al año de 70 hectómetros cúbicos".

La Comunidad puso cifras de las consecuencias que acarrería este escenario: "Las pérdidas de la producción alcanzarán los 870 millones de euros", "se destruirán 21.500 empleos" y puede originarse "una reducción aproximada del 30% de la producción agraria" en la Región. En 2027, además, se cierne otra gran amenaza: la reducción de las extracciones de las aguas subterráneas en aquellas zonas donde se entiende que hay sobreexplotación.

Sin embargo, todos los frentes judiciales que se plantearon para frenar el recorte se han topado con la Justicia: desde los recursos de la Comunidad y la Asamblea Regional hasta las batallas de otras comunidades. El último mazazo se conocía este jueves. El Alto Tribunal desestimaba, en concreto, el contencioso -administrativo interpuesto por el Scrats que buscaba impugnar la fijación de caudales mínimos.

Jiménez aceptaba "con respecto" el fallo, aunque no pudo evitar hablar de "injusticia"  y lamentó que entra ra“al fondo de la cuestión” planteada por los regantes, sino que limitera a "remitirse a resoluciones previas sin debatir los argumentos técnicos presentados por la organización de regantes".

La sentencia

Tal y como informa la Agencia Efe, el sindicato había recurrido, en abril de 2023, el Real Decreto 35/2023 por el que se aprobó la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones del Cantábrico Oriental, Miño, Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

Según la sentencia, fechada el 13 de mayo, el recurso aseguraba que existía una voluntad política de poner fin al trasvase Tajo-Segura y que ese propósito se pretendía conseguir mediante la determinación de unos caudales ecológicos mínimos para el Tajo y aumentaros paulatinamente. En opinión de los recurrentes, la fijación de esos caudales infringía la normativa relativa a la planificación hidrológica y la regulación del propio trasvase Tajo-Segura.

Basándose en informes periciales, los regantes criticaban los criterios técnicos utilizados por la Administración para fijar los caudales ecológicos mínimos y aseguraban que iban en detrimento de los derechos de uso del agua en la cuenca del Segura, lo que implicaba un perjuicio social y económico al reducir el volumen del trasvase, añade la Agencia Efe.

Tras rechazarse las medidas cautelares solicitadas por los recurrentes, el Supremo admitió a trámite el recurso en abril de 2024 y requirió el expediente administrativo. 

En junio de 2025, el Abogado del Estado solicitó que el recurso fuera desestimado, la misma postura que plantearon en julio de ese año la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo y la Junta de Castilla-La Mancha.

Las razones del Supremo

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye ahora que el real decreto recurrido no infringe la legalidad vigente ni la jerarquía normativa aplicable a esta materia. Además, rechaza la tesis de los recurrentes de que no había existido coordinación al fijar los caudales ecológicos, lo que habría contravenido el Reglamento de Planificación Hidrológica.

"Puede concluirse, pues, que la coordinación ha existido y que la implantación de caudales ecológicos progresivos es la mejor expresión de esa coordinación", argumenta la sentencia.

Por último, el Supremo señala que los informes técnicos aportados por los demandantes no prueban que existiera arbitrariedad en la fijación de los caudales ecológicos.

Este miércoles, la directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, María Dolores Pascual, había explicado que su departamento estaba esperando la resolución del Supremo sobre el recurso de los regantes antes de poner en marcha el procedimiento de modificación de las reglas de explotación del trasvase, según informa Efe.