ORIHUELA. La ausencia de infraestructuras propias para el tratamiento de residuos en la Vega Baja ha llevado al Consorcio Vega Baja Sostenible a derivar miles de toneladas de basura a plantas situadas a cientos de kilómetros, concretamente en Cuenca y Almería, con el consiguiente encarecimiento del servicio y el temor creciente de los ayuntamientos a un impacto económico difícil de asumir.

Según los decretos de presidencia del consorcio, la solución adoptada pasa por trasladar residuos municipales mezclados fuera de la Comunitat Valenciana ante la “carencia de instalaciones de tratamiento” en el área de gestión, una situación que limita la capacidad operativa y obliga a redistribuir los flujos hacia plantas receptoras externas.

En el caso de la planta de Reciclados del Marquesado, en Almonacid del Marquesado (Cuenca), el coste de tratamiento y eliminación asciende a 104,05 euros por tonelada —sin incluir IVA ni el impuesto estatal de vertido—, a lo que se suma un transporte de 73,70 euros por tonelada debido a la distancia de casi 700 kilómetros por trayecto (ida y vuelta). En total, el precio supera ampliamente los 170 euros por tonelada antes de impuestos, según la documentación a la que ha tenido acceso Alicante Plaza.

Por su parte, el traslado a la planta del Consorcio Almanzora-Levante-Vélez, en Albox (Almería), presenta cifras algo inferiores pero igualmente elevadas. El tratamiento se sitúa en 67,10 euros por tonelada, mientras que el transporte alcanza los 40,90 euros por tonelada. En conjunto, el coste ronda los 108 euros por tonelada, también sin incluir el impuesto estatal de eliminación ni el IVA.

Estas cifras reflejan un incremento significativo respecto a los costes habituales de gestión de residuos en instalaciones próximas, agravado por el impacto del transporte a larga distancia. Además, los precios están sujetos a revisiones periódicas en función de la evolución de los costes y del IPC, lo que introduce aún más incertidumbre en la planificación económica de los municipios.

El propio consorcio reconoce en sus informes que esta situación responde a la falta de infraestructuras adecuadas en el territorio, lo que obliga a adoptar soluciones provisionales para garantizar el tratamiento de los residuos domésticos generados en la comarca.

La basura se estaba trasladando a vertederos de la provincia, Valencia y Murcia, que ya no disponen de capacidad para asumir todos los residuos generados en la comarca.

El problema llega en un momento especialmente delicado para las arcas municipales. La normativa europea obliga a aplicar una tasa de basuras que cubra el coste real del servicio, lo que ya ha provocado subidas en numerosos municipios. Sin embargo, el encarecimiento derivado del transporte y tratamiento fuera de la provincia amenaza con disparar aún más los costes.

Fuentes municipales advierten de que esta combinación puede acabar “asfixiando” a los ayuntamientos, que se ven obligados a repercutir el aumento en la ciudadanía o asumir un desequilibrio presupuestario. Todo ello, mientras sigue sin resolverse la falta de infraestructuras propias que permita una gestión más eficiente y económica de los residuos en la Vega Baja.

De hecho, los propios decretos fijan una cantidad estimada de hasta 20.000 toneladas de residuos trasladadas a Almería y alrededor de 600 toneladas mensuales hacia Cuenca, lo que evidencia la magnitud de una problemática estructural que, de momento, no tiene una solución a corto plazo.

La Diputación lanza ayudas para aliviar el coste del transporte

La Diputación de Alicante ha activado una línea de subvenciones dirigida a los 27 municipios del Consorcio Vega Baja Sostenible para paliar, al menos parcialmente, el sobrecoste derivado del traslado de residuos fuera de la comarca. La institución provincial ha consignado una partida de 162.200 euros destinada exclusivamente a sufragar el transporte, una de las principales cargas económicas que afrontan los ayuntamientos.

La ayuda llega en un contexto de fuerte incremento del gasto. Según datos del propio consorcio, el traslado de residuos a plantas de tratamiento externas —sin incluir el coste del tratamiento— superó los 3,19 millones de euros en apenas diez meses, entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025. Una cifra que evidencia el impacto directo de la falta de infraestructuras propias en la Vega Baja.

Desde el Consorcio, su presidente, Francisco Cano, ha valorado positivamente la convocatoria, aunque advierte de su alcance limitado. “La subvención será de ayuda, pero solo cubre una parte de los elevados costes de transporte”, ha señalado, al tiempo que insiste en que la solución pasa por construir una planta de tratamiento en la comarca que permita evitar el envío de residuos a destinos cada vez más lejanos.

En paralelo, la entidad sigue avanzando en el proyecto de una planta de tratamiento mecánico-biológico, una instalación que permitiría gestionar los residuos en origen y reducir tanto los costes económicos como el impacto ambiental del transporte a larga distancia.