ORIHUELA. El Ministerio Fiscal ha presentado una denuncia contra la concejala del Ayuntamiento de Orihuela, Carolina Gracia, por un presunto delito de revelación de secretos tras la filtración a medios de comunicación de información contenida en un expediente administrativo municipal.

Según la resolución de la Fiscalía de Área de Elche con sede en Orihuela, el origen del caso se sitúa en la denuncia interpuesta el pasado 16 de diciembre de 2025 por un coordinador general de Orihuela, quien señaló que datos relativos a su solicitud de compatibilidad profesional acabaron publicados en medios locales y provinciales.

El documento detalla que el funcionario de carrera en comisión de servicios en el Ayuntamiento de Orihuela, había registrado una solicitud para ejercer una segunda actividad como profesor asociado en una universidad pública. Este trámite, que incluía información personal y profesional, fue presentado formalmente en octubre de 2025 a través del registro municipal.

Posteriormente, la concejala denunciada solicitó acceso a los registros de entrada del Ayuntamiento correspondientes a finales de septiembre y principios de octubre de ese mismo año, en aplicación de una instrucción de Alcaldía. En ese marco, accedió al expediente del denunciante el 8 de octubre de 2025.

La Fiscalía subraya que, apenas unos días después de ese acceso, el 16 de octubre, comenzaron a publicarse en distintos medios informaciones que incluían referencias expresas al contenido de la solicitud de compatibilidad, mencionando incluso al funcionario por su nombre y aportando detalles de su situación profesional.

Ante estos hechos, el Ministerio Público considera que podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos por parte de funcionario público, tipificado en el artículo 417 del Código Penal. Por ello, ha instado al Juzgado de Instrucción Decano de Orihuela a admitir la denuncia, incoar diligencias previas y practicar las actuaciones necesarias, entre ellas la toma de declaración a los investigados.

La resolución deja abierta la investigación a “cuantas personas pudieran resultar responsables” en relación con la difusión de la información reservada.

Este movimiento judicial abre un nuevo frente en el ámbito político oriolano, al situar en sede judicial la gestión y acceso a documentación municipal y su posterior difusión pública.