ORIHUELA. La Cámara de Comercio de Orihuela ha presentado una batería de aportaciones y sugerencias al documento previo para la redacción del proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) impulsado por el Ayuntamiento de Orihuela. La institución cameral reclama que el futuro plan incluya un análisis económico "riguroso" sobre los sectores que podrían verse afectados por las restricciones al tráfico y que tenga en cuenta las singularidades territoriales del municipio.

El documento municipal estuvo abierto a participación ciudadana hasta la pasada semana y, según ha explicado el presidente de Cámara Orihuela, Mario Martínez, el estudio económico es una "exigencia obligada" derivada de la Ley de Garantía de la Unidad del Mercado. La entidad asegura haber recogido aportaciones de empresas, comercios, autónomos y otros sectores económicos para trasladarlas al Consistorio.

Entre las principales preocupaciones planteadas por la Cámara figura la situación del comercio tradicional del casco histórico, que, según sostiene, atraviesa un proceso de declive. A ello suma las características del término municipal oriolano, marcado por la dispersión territorial entre casco urbano, pedanías y costa, así como la "insuficiencia" del transporte público, factores que, a juicio de la entidad, generan una elevada dependencia del vehículo privado.

La institución también pone el foco en la afección que podría tener la implantación de la ZBE sobre la actividad logística y de reparto, que considera "esencial" para el comercio local. Por ello, propone que el futuro proyecto contemple periodos transitorios y regímenes de excepción para sectores que dependen del uso de vehículos a motor, como el reparto de mercancías, el comercio minorista, las actividades asistenciales o los servicios de mantenimiento.

Asimismo, la Cámara plantea medidas complementarias como la mejora de la conexión mediante transporte público entre el casco urbano, las pedanías y la costa, la construcción de aparcamientos disuasorios, el aumento de puntos de recarga eléctrica y ayudas para la renovación de flotas.

Otro de los aspectos sobre los que insiste la entidad es la delimitación del perímetro de la futura Zona de Bajas Emisiones, especialmente en el casco histórico, señalado como área principal en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Mario Martínez advierte de que imponer restricciones sin infraestructuras y medidas regulatorias adecuadas podría "agravar la pérdida de actividad económica, dificultar el acceso de clientes y proveedores y afectar de forma negativa a la competitividad del centro urbano".

Por último, la Cámara de Comercio solicita que la regulación de la ZBE esté armonizada con la normativa estatal y autonómica para evitar "restricciones excesivas o no justificadas". En este sentido, recuerda que la Cámara de Comercio de España ya ha alertado en otras ocasiones sobre el riesgo de establecer criterios regulatorios diferentes entre municipios, algo que, según indica, puede generar inseguridad jurídica y costes adicionales para empresas y ciudadanía.