ORIHUELA. La Asociación Gestión de Transporte de Viajeros (GTV) ha impugnado dos adjudicaciones recientes de servicios de transporte público por carretera realizadas por la Generalitat Valenciana al considerar que vulneran los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia establecidos por la normativa europea.
En concreto, la entidad ha presentado un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) contra la resolución del pasado 10 de marzo de 2026 por la que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación adjudicó directamente a Avanza Movilidad Levante S.L. el servicio de transporte público CE-704, que conecta Torrevieja y Alicante, con un valor estimado de 7,62 millones de euros.
La adjudicación se tramitó como una medida de emergencia al amparo del artículo 5.5 del Reglamento europeo 1370/2007. Sin embargo, GTV sostiene que no se dan las circunstancias que justificarían ese procedimiento excepcional, ya que las concesiones previas vinculadas a este servicio —CVA-090 y CVA-002— llevan caducadas desde 2013 y 2016, respectivamente, sin que la Administración haya culminado un proceso de licitación en libre concurrencia durante más de una década.
Además, la asociación señala que en el procedimiento únicamente se recibió una oferta, la presentada por el operador incumbente, y ha solicitado la suspensión cautelar de la adjudicación mientras se resuelve el recurso.
Paralelamente, GTV ha anunciado la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la adjudicación del servicio CE-714, que conecta Benferri, Orihuela, Guardamar del Segura y Alicante, concedido a Bus Sigüenza S.L. por un importe de 1,57 millones de euros, así como contra la formalización del contrato.
Antecedentes judiciales
La asociación recuerda que el propio TSJCV ya ha anulado en dos ocasiones adjudicaciones directas de emergencia en el mismo sector al considerar que respondían a un patrón irregular de actuación administrativa. En concreto, cita la sentencia 918/2021, relativa al caso CVV-251 (Edetania Bus), y la sentencia 775/2023, sobre el contrato CE-802 adjudicado a Autocares Herca, ambas confirmadas posteriormente por el Tribunal Supremo.
Según esa jurisprudencia, la prolongada falta de licitación de concesiones de transporte público no puede servir como justificación para recurrir al procedimiento excepcional de adjudicación directa por emergencia, ya que la Administración no puede generar artificialmente esa situación mediante su propia inacción.
Reivindicación de licitaciones abiertas
Con estas acciones judiciales, GTV asegura que busca garantizar que las empresas del sector puedan competir en igualdad de condiciones por la prestación de los servicios públicos de transporte de viajeros. En este sentido, la asociación insta a la Generalitat a abandonar las prórrogas prolongadas y las adjudicaciones directas reiteradas, y a convocar procesos de licitación abiertos y transparentes, conforme a la normativa europea y a la doctrina fijada por los tribunales.
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