ORIHUELA. La Fiscalía de Orihuela investiga a la mercantil Marcos Real State SL, conocida como The Marcos Brothers, por un presunto delito de falsedad documental relacionado con la obtención de empadronamientos de ciudadanos extranjeros en el municipio. La investigación parte de una denuncia presentada por el Ayuntamiento de Orihuela ante el Ministerio Público tras detectar un incremento inusual de solicitudes de empadronamiento vinculadas a viviendas gestionadas por esta empresa. Una ristra de irregularidades que ya denunció Alicante Plaza hace un año.

Según el escrito remitido a la Fiscalía por el alcalde, José Vegara, el departamento municipal de Estadística comenzó a detectar en los últimos meses un aumento significativo de empadronamientos de personas extranjeras en varios inmuebles del municipio. Todos ellos tendrían como denominador común la existencia de contratos de arrendamiento de habitaciones gestionados por la citada mercantil.

La empresa, identificada como Marcos Real State SL, estaría administrada por los hermanos Ezequiel y Fabián Mardos García. De acuerdo con la denuncia municipal, los contratos de alquiler de habitaciones se habrían utilizado para que los inquilinos pudieran obtener el empadronamiento en Orihuela, previo pago de una renta arrendaticia.

Para comprobar la situación, el Ayuntamiento solicitó la colaboración de la Policía Autonómica. En una inspección realizada el 29 de septiembre de 2025 en un edificio de la calle Pintor Agrasot, los agentes detectaron que el inmueble contaba con 16 habitaciones habilitadas para su alquiler, sin medios de extinción de incendios, sin plan de evacuación ni señalización de seguridad. Además, las zonas comunes presentaban condiciones insalubres y la instalación eléctrica se encontraba en mal estado.

Posteriormente, la Policía Local realizó una segunda inspección el 7 de noviembre de 2025 tras una solicitud de verificación de residencia vinculada a un empadronamiento. En esta visita se comprobó una alta ocupación del inmueble, con unas 12 personas viviendo en la planta baja, entre nueve y diez en la primera planta y otras tantas en la segunda.

Los informes policiales, según la denuncia municipal, reflejan también deficiencias graves en materia de salubridad y habitabilidad. Entre ellas, un baño compartido en mal estado, una cocina con carencias de higiene y seguridad, habitaciones de dimensiones reducidas con colchones en el suelo, escaso mobiliario y ventilación deficiente.

El Ayuntamiento sostiene que estas prácticas podrían implicar la utilización de contratos de arrendamiento para obtener empadronamientos de forma fraudulenta, lo que permitiría a los interesados acceder a ayudas sociales o iniciar trámites administrativos relacionados con extranjería. Según el escrito remitido a la Fiscalía, los hechos podrían constituir un delito de falsedad documental recogido en el Código Penal.

Además, el consistorio considera que la empresa se habría aprovechado de la situación de vulnerabilidad de personas extranjeras, a las que habría alojado en condiciones que el propio informe municipal califica de “infrahabitabilidad” y con un nivel de insalubridad que podría suponer un riesgo para su integridad.

La Fiscalía deberá ahora determinar si los hechos denunciados constituyen delito y si procede la apertura de diligencias penales contra los responsables de la mercantil. En el escrito remitido al Ministerio Público, el Ayuntamiento solicita que se investigue la posible comisión de ilícitos relacionados tanto con la falsedad documental como con prácticas fraudulentas vinculadas al empadronamiento.