GUARDAMAR DEL SEGURA. El conflicto entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la Generalitat Valenciana por las casas de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura, se recrudece. El Gobierno central ha enviado un requerimiento formal al Consell exigiendo que deje sin efecto las decisiones que han paralizado los derribos ordenados por el Estado, advirtiendo que, si no lo hace, acudirá a los tribunales.

El escrito, remitido tras expirar el pasado 15 de septiembre el plazo concedido a los vecinos para ejecutar las demoliciones, constituye el paso previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo. Mientras tanto, fuentes de la Generalitat confirman que mantendrán su posición y que no tienen intención de rectificar, ya que defienden a los residentes afectados. De este modo, el caso parece abocado a resolverse en los juzgados, lo que previsiblemente retrasará la ejecución de la orden ministerial y, con ella, el derribo de unas viviendas cargadas de historia para sus propietarios.

El origen del enfrentamiento se sitúa en dos decisiones adoptadas por la Generalitat a comienzos de septiembre. El día 5, la Dirección General de Patrimonio Cultural dictó una suspensión cautelar para evitar la pérdida de posibles valores patrimoniales en el conjunto de viviendas. Una semana después, el 12 de septiembre —tres días antes del fin del plazo de demolición—, el ministerio recibió la admisión a trámite de la declaración del enclave como “núcleo urbano con especial valor etnológico”, a petición de los vecinos. La Conselleria de Medio Ambiente había aprobado ese acuerdo en julio, amparándose en la Ley de Costas valenciana, en vigor desde mayo.

Estas decisiones frenaron de facto las demoliciones ordenadas por Costas, que se basaban en la ausencia de título de ocupación y en una sentencia firme del Tribunal Supremo que avalaba la orden de la Audiencia Nacional. La empresa contratada por los vecinos para ejecutar los derribos paralizó los trabajos a la espera de una nueva resolución, lo que generó una jornada de tensa calma en la playa.

El requerimiento del Ministerio acusa a la Generalitat de actuar con “deslealtad institucional”, al conceder solo ocho días naturales para responder al acuerdo, cuando la Conselleria tardó 53 días en comunicarlo. Además, denuncia una “invasión competencial” y advierte de que las medidas autonómicas podrían ser inconstitucionales, al interferir en las competencias exclusivas del Estado sobre el dominio público marítimo-terrestre.

Según el Gobierno, el Tribunal Constitucional ha reconocido reiteradamente que la gestión del litoral y la definición del régimen jurídico de dicho dominio corresponden al Estado, por lo que los acuerdos autonómicos “vacían de contenido” esas competencias y podrían ser “nulos de pleno derecho”.

El Ministerio también cuestiona la “buena fe” del Consell al aprobar estas medidas en pleno proceso de negociación sobre la constitucionalidad de la Ley de Costas valenciana. Uno de los artículos en discusión es precisamente el que ampara la declaración de núcleos urbanos de especial valor etnológico, figura que el Ejecutivo central considera redundante frente a la protección ya prevista para los bienes de interés cultural.

Ambas administraciones acordaron en julio crear una comisión bilateral para tratar las discrepancias, que podría desembocar en un recurso de inconstitucionalidad si no se alcanza un acuerdo antes del 26 de febrero. Pese a ello, la Generalitat ya ha iniciado los trámites para desarrollar el decreto que regulará la declaración de estos núcleos costeros.

El ministerio recuerda que la Ley de Patrimonio Cultural Valenciana no puede aplicarse para suspender actuaciones de la Administración General del Estado, ya que su ámbito se limita a las entidades locales. De hecho, la conselleria dirigió su requerimiento al Ayuntamiento de Guardamar y no al propio ministerio, que solo tuvo conocimiento del acto posteriormente.