DAYA VIEJA. El Ayuntamiento de Daya Vieja ha sacado a la luz un nuevo convenio urbanístico firmado en 2006 que podría derivar en otra reclamación contra el consistorio. El acuerdo, suscrito durante la etapa del exalcalde Rafael Vives Pertusa, comprometía la recalificación de unos terrenos agrícolas sobre los que actualmente se asienta el campo de fútbol municipal, una modificación urbanística que nunca llegó a ejecutarse.
El actual alcalde, José Vicente Fernández, de Compromís, ha denunciado que el documento ha aparecido ahora después de que la familia propietaria de la parcela pusiera el convenio sobre la mesa. Según sostiene el primer edil, el Ayuntamiento desconocía hasta ahora la existencia de este acuerdo, que ni siquiera aparece reflejado en las sucesivas versiones del Plan General de Ordenación Urbana.
Desde el equipo de gobierno consideran que se trata de “otro caso de gestión irresponsable” de anteriores mandatos, ya que el consistorio se comprometió entonces a transformar en urbano un suelo cuya recalificación, según defienden, era “legalmente inviable”. El alcalde vincula este hallazgo con el reciente fallo judicial favorable al Ayuntamiento frente a la reclamación de cinco millones de euros presentada por la mercantil Cinor Gestión S.L.
El convenio estaba relacionado con la construcción del campo de fútbol municipal, cuyas obras comenzaron en 2006 con financiación de la Diputación Provincial. Sin embargo, el terreno sobre el que se ejecutó la instalación deportiva mantiene todavía la clasificación de suelo agrícola debido a que la actualización del Plan General nunca ha concluido.
El Ayuntamiento explica que ya en 2017, durante una de las versiones del futuro PGOU, la finca quedó excluida del planeamiento urbanístico. Según el consistorio, distintas administraciones superiores descartaron su recalificación por motivos ambientales, criterios de desarrollo urbanístico racional y falta de recursos hídricos suficientes.
En este contexto, el actual gobierno local incorporó en 2023 la parcela del campo de fútbol como suelo dotacional dentro del proceso de revisión del Plan General. Fernández sostiene que el convenio de 2006 “ya se incumple en 2017” con las modificaciones introducidas en el planeamiento y recalca que el equipo de gobierno no tuvo conocimiento del documento hasta que los propietarios revelaron su existencia.