ORIHUELA. Compromís y Cambiemos Orihuela han denunciado la falta de acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la red sanitaria pública del Departamento de Salud de Orihuela, donde en 2024 no se practicó ningún aborto y en 2023 únicamente se realizaron dos intervenciones, frente a 205 y 253 derivaciones a clínicas privadas, respectivamente.
Los datos, facilitados por la Conselleria de Sanidad a preguntas parlamentarias de Compromís, fueron abordados en una reunión de trabajo celebrada este martes en Orihuela y trasladados tanto a organizaciones sindicales como a colectivos feministas de la comarca. Según la información analizada, la provincia de Alicante presenta los peores registros de toda la Comunitat Valenciana en cuanto a interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en la sanidad pública.
En el caso del Departamento de Salud de Torrevieja, las cifras también reflejan una mínima actividad en la red pública: 11 abortos en 2023 frente a 250 derivaciones a la privada y 13 en 2024 frente a 283 derivaciones. Incluso se recoge el caso de una mujer derivada en el tercer trimestre del embarazo a una clínica privada, con los riesgos añadidos que ello puede conllevar, según expusieron las formaciones políticas.
La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Aitana Mas, enmarcó esta situación en lo que considera “el modelo del PP para favorecer la privatización del sistema sanitario público”, mientras que la diputada Mónica Álvaro advirtió de la “tremenda desprotección” que, a su juicio, sufren especialmente las mujeres de la Vega Baja, obligadas a desplazarse a Alicante, Elche o Valencia para ejercer un derecho reconocido por ley.
Por su parte, la edil de Cambiemos Orihuela, Leticia Pertegal, afirmó que las mujeres oriolanas “no tienen garantizado su derecho al aborto en su área de salud” y criticó que se estén otorgando subvenciones a entidades contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo mientras no se asegura su práctica en la red pública.
Reunión con sindicatos y colectivos feministas
En el encuentro participaron representantes de UGT, CCOO, Intersindical Salud y STEPV Dones, a quienes se trasladó la información para que contribuyan a visibilizar una problemática que, según las formaciones convocantes, permanece silenciada.
Durante la reunión también se abordó la cuestión de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Según señalaron, independientemente de la existencia o no de objetores, la práctica de abortos en la red pública es prácticamente inexistente, lo que, sostienen, genera un doble sobrecoste: el emocional para las mujeres, que deben salir de su entorno sanitario habitual, y el económico para la administración, que asume facturas superiores al coste que tendría la intervención en un centro público.
Además, se celebró un segundo encuentro con entidades feministas y sociales de la Vega Baja, entre ellas Sororidad Orihuela, Vega Baja Acoge, la Asociación Clara Campoamor, Foro Social Orihuela, la Plataforma Unión Gitana y colectivos de Almoradí, Rojales, Guardamar y San Fulgencio, con el objetivo de articular una respuesta conjunta en defensa de este derecho.
Compromís y Cambiemos sostienen que, aunque la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho consolidado en España, en la práctica no está garantizado en la red pública sanitaria de la comarca, por lo que anuncian que continuarán reclamando medidas para asegurar su prestación en los hospitales públicos.
