CALLOSA DE SEGURA. El informe de la Agencia Antifraude recoge en sus conclusiones un extenso listado de las irregularidades cometidas por el alcalde de Callosa de Segura, Francisco José Maciá Serna, en la contratación en 2018 de otra persona familiar de primer grado del concejal de cultura actual.

Dicho concejal ha sido señalado como responsable de un posible caso de nepotismo recientemente por encargar a dedo el diseño de la campaña del centenario de Callosa de Segura a otro familiar directo.

El familiar del concejal fue contratado, en 2018, para realizar servicios de asesoramiento jurídico en el Área de Servicios Sociales. En dicha fecha el concejal ya había formado parte de la lista electoral del PSOE, aunque sin ostentar acta de edil, pero se configuraba como una de las caras fuertes del PSOE local y para las elecciones de 2023, paso a ocupar puestos de salida en la lista electoral, concretamente el número 3 del PSOE.

El Partido Popular señala que la Agencia Antifraude realizó un extenso estudio de todos los documentos obrantes en el Ayuntamiento relacionados con dicha contratación. Y que se constató que el procedimiento de selección llevado a cabo para seleccionar al familiar del concejal de cultura actual del PSOE, no seguía los principios de legalidad establecidos en la Ley.

El nombramiento del tribunal no cumplía ningún tipo de requisitos, ni número ni cualificación. Se incluyó además en el proceso selectivo una entrevista personal que puntuó el presidente del tribunal, ya que la mayoría del tribunal ni si quiera estuvo presente en las entrevistas.

Aunque en un principio la contratación del familiar del concejal se aprobó con una jornada del 75%, por junta de gobierno y asociada a una subvención de Conselleria, el Partido Socialista una vez contratada, aprobó aumentarle la jornada hasta llegar a un 100% para realizar funciones completamente distintas a las que debía desempeñar, en el puesto para el que fue seleccionada.

Y esta vez ya con cargo a los presupuestos municipales, sin ningún informe de intervención que justificara la legalidad de ese aumento de jornada laboral. Aprobándole además un complemento de productividad regular y periódico para pagarle aparte los gastos de colegiación. Algo completamente irregular.

Dichas funciones eran propias del personal de carácter estructural, como técnico municipal en expedientes de contratación y letrada del ayuntamiento, representando a la
corporación en distintos procedimientos judiciales. En opinión del PP actuaba como un comisionado a dedo del PSOE.

Ante esto, la Agencia Antifraude determinó que esas funciones no podían ser cubiertas mediante la contratación laboral específica, derivada de una contratación de Servicios Sociales, existiendo indicios de contratación laboral de carácter fraudulenta.