Cada vez que un político se sienta en el banquillo o entra en esa antesala procesal que en España suele durar años, asistimos al mismo espectáculo. El partido del imputado responde a la imputación recordando las imputaciones del contrario. Tráfico de influencias, falsedad documental, cohecho, lo que sea. La respuesta no aborda el caso propio. La respuesta apunta al adversario.

Es lo que los manuales llaman tu quoque, una falacia ad hominem tan vieja como la retórica de Demóstenes y Cicerón. La novedad es que entre nosotros se ha convertido en doctrina oficial de comunicación política.

Conviene observar lo que esto revela. Cuando la única respuesta es señalar al de enfrente, se está aceptando, sin decirlo, el marco moral del acusador. No se niega el hecho. No se aporta coartada alguna. No se discute la prueba ni la calificación jurídica. Se cambia de conversación. El silencio es ya, en sí mismo, una forma de admisión de culpa.

Y sin embargo, funciona. Funciona electoralmente mejor de lo que debería, por tres razones que merecen un análisis pormenorizado.

La primera es psicológica. Buena parte del electorado, sometido al ruido de sables permanente, termina concluyendo que todos los políticos son iguales. Esa conclusión, que parece un juicio duro contra los imputados de todos los partidos es, en realidad, una victoria para ellos. Si todos son iguales, la imputación se diluye en la media. La abstención y el desafecto institucional cumplen, en este esquema, una función absolutoria del imputado.

La segunda es mediática. La cobertura simétrica, "unos dicen, otros dicen", equipara lo que no es equiparable. Una imputación judicial concreta, con un instructor, unas diligencias y unos hechos calificados penalmente, no es lo mismo que una insinuación, una sospecha o una causa archivada. Pero el formato de los telediarios y el algoritmo de las redes sociales igualan el peso de las dos. La asimetría jurídica se diluye en una simetría narrativa.

Hay un tercer factor, quizá el más decisivo, y es de naturaleza estructural. Los tiempos procesales en España son los que son. Entre la apertura de diligencias previas y la sentencia firme pueden pasar diez o quince años. Años en los que el imputado revalida acta, gana elecciones, ejerce cargo y, llegado el caso, ve prescribir el delito. El "y tú más" no sería tan eficaz si la condena llegara antes de que el ciclo electoral hubiera absorbido el escándalo. La impunidad procesal alimenta la impunidad política, y viceversa.

Por debajo de todo esto hay una cuestión más sencilla, que conviene mencionar, la responsabilidad penal es individual y los hechos son los hechos. Que el adversario haya cometido o no un delito no altera en nada la calificación jurídica de los propios. El derecho penal no funciona por comparación. No existe la atenuante del comportamiento ajeno.

Cuando un dirigente, o quienes hablan en su nombre, responden a una imputación enumerando las del contrario, están manifestando que no tienen nada que decir sobre lo suyo. Que la defensa jurídica es tan débil que ha sido sustituida por la pirotecnia política. Y que confían, con razón confirmada por la experiencia histórica, en que el tiempo y el ruido hagan el trabajo que las pruebas no pueden hacer.

El "y tú más" no es un argumento. Es un síntoma del mal funcionamiento del sistema. Y, sobre todo, es también una confesión.