La recuperación del Derecho Civil valenciano no es una cuestión reservada a juristas ni una reivindicación del pasado. Es una cuestión de futuro. Está relacionada con la capacidad de la Comunitat Valenciana para proteger su tejido empresarial, facilitar el relevo generacional, garantizar el empleo y ofrecer a sus ciudadanos instrumentos jurídicos adaptados a su realidad económica y social.
En una comunidad donde la empresa familiar representa la inmensa mayoría del tejido productivo, disponer de un Derecho civil propio plenamente desarrollado no constituye un elemento simbólico, sino una herramienta de competitividad. La pregunta que debe plantearse es sencilla: ¿puede permitirse la Comunitat Valenciana que sus empresas familiares dispongan de menos instrumentos jurídicos que otras empresas españolas para garantizar su continuidad?
La respuesta debería ser clara, para cualquier ciudadano no cegado por la confrontación política, y que aspire a una sociedad valenciana más justa y desarrollada.
La empresa familiar valenciana es uno de los grandes pilares de nuestra economía. Diversos estudios del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y del Instituto de la Empresa Familiar sitúan en torno al 90 % el porcentaje de empresas familiares existentes en la Comunitat Valenciana. Estas compañías generan una parte esencial del empleo privado, mantienen el arraigo territorial y constituyen una fuente de estabilidad económica y social.
Según los datos facilitados hace unos días por Emi Boix, la presidenta del Instituto Valenciano de la Empresa Familiar (Ivefa), las empresas familiares representan alrededor del 93,6 % del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana, generan cerca del 82,7 % del empleo y 2,1 millones de puestos de trabajo.
Sin embargo, la empresa familiar tiene una dificultad específica: su supervivencia depende no solo de la capacidad empresarial, sino también de la correcta planificación de la transmisión entre generaciones.
Muchas empresas desaparecen no porque carezcan de futuro económico, sino porque no logran superar adecuadamente el momento del relevo generacional. Conflictos entre herederos, falta de acuerdos sobre quién debe continuar al frente del negocio, fragmentación del patrimonio empresarial o ausencia de instrumentos adecuados de planificación pueden acabar destruyendo en pocos años un proyecto construido durante décadas.
En este ámbito, el Derecho civil tiene una función esencial, tal y como se ha puesto de manifiesto en un reciente estudio publicado (Boldó, C., El Derecho Civil Valenciano como instrumento para la empresa familiar, RACV 2025) otros territorios españoles con derecho civil propio han desarrollado instituciones específicamente diseñadas para resolver estos problemas. Navarra, Galicia, Aragón, Cataluña o Baleares ofrecen ejemplos claros de instituciones que demuestran cómo el Derecho puede convertirse en un instrumento al servicio de la continuidad empresarial, y que persiguen un mismo objetivo: evitar que una empresa familiar quede paralizada por conflictos sucesorios y garantizar que pueda continuar siendo una fuente de empleo y riqueza.
La Comunitat Valenciana, en cambio, perdió la posibilidad de desarrollar sus propias soluciones civiles tras las sentencias del Tribunal Constitucional del año 2016 que declararon inconstitucionales las principales leyes civiles valencianas, entre ellas la de Régimen económico matrimonial valenciano. Más allá del debate competencial, la consecuencia práctica es evidente: los empresarios valencianos cuentan hoy con menos herramientas jurídicas que otros empresarios españoles.
Esta situación afecta también al ámbito matrimonial y patrimonial. La recuperación del Derecho Civil valenciano permitiría desarrollar instituciones adaptadas a la realidad de una sociedad con miles de autónomos, profesionales y empresarios. Entre ellas, podría tener especial relevancia la configuración de un régimen económico matrimonial subsidiario de separación de bienes- como estuvo vigente en la CV entre el 1 de julio de 2008 y el 31 de mayo de 2016- como existe en otros territorios.
Asimismo, se pone de manifiesto que la separación de bienes resulta especialmente adecuada en sociedades con una elevada presencia de actividad empresarial. Permite mantener diferenciados los patrimonios de los cónyuges, limita la transmisión automática de riesgos económicos al ámbito familiar y ofrece mayor seguridad cuando uno de los miembros de la pareja desarrolla una actividad empresarial o profesional.
No se trata de proteger únicamente al empresario. Se trata de proteger también a su familia, preservar el patrimonio construido durante años de esfuerzo y evitar que una dificultad empresarial termine comprometiendo innecesariamente la estabilidad familiar.
La recuperación del Derecho Civil valenciano no es, por tanto, una cuestión identitaria. Es una cuestión económica.
Por esta razón, el Manifiesto dirigido al MH President de la Generalitat y a les Corts Valencianes suscrito por catedráticos de Derecho Civil, Derecho Constitucional, Mercantil y otras disciplinas junto con empresarios muy importantes y lideres sociales valencianos, adquiere una especial relevancia. Sus firmantes sostienen que la reforma constitucional constituye la vía jurídicamente más clara, segura y definitiva para recuperar la competencia legislativa civil valenciana. El documento recuerda que esta aspiración cuenta con un amplio respaldo social e institucional: Les Corts Valencianes, universidades, colegios profesionales, organizaciones empresariales, sindicatos, asociaciones agrarias y numerosos representantes de la sociedad civil han defendido la necesidad de avanzar en esta dirección.
El Manifiesto también reclama que Les Corts designen los tres diputados encargados de defender ante las Cortes Generales la proposición de reforma constitucional aprobada por la Cámara valenciana. Esa designación constituye el paso necesario para desbloquear el procedimiento y trasladar al Congreso una propuesta que cuenta con un amplio consenso.
En este contexto, corresponde al President de la Generalitat ejercer el liderazgo institucional necesario. La cuestión debe abordarse desde la responsabilidad de quien representa al conjunto de los valencianos y tiene la capacidad de impulsar, a través del grupo parlamentario popular en Les Corts y mediante el diálogo con el resto de fuerzas políticas, el acuerdo necesario para superar el bloqueo existente.
El calendario ofrece además una oportunidad simbólica especialmente relevante. La proximidad del aniversario de Jaume I constituye un momento adecuado para recordar que la recuperación del Derecho Civil valenciano conecta con una tradición jurídica propia que forma parte de la historia institucional valenciana. Más allá de la dimensión histórica, el objetivo actual no es mirar al pasado, sino dotar a la Comunitat Valenciana de instrumentos jurídicos modernos para afrontar los retos del presente.
La experiencia demuestra que cuando existe voluntad política las reformas institucionales pueden avanzar. En esta legislatura, los principales partidos nacionales han demostrado capacidad para alcanzar acuerdos sobre reformas constitucionales cuando han entendido que existía una razón de interés general. La recuperación del Derecho Civil valenciano merece también ese esfuerzo de consenso.
La diferencia entre conservar o perder una empresa familiar muchas veces no depende del mercado, de la calidad del producto o de la capacidad de innovación. Depende del marco jurídico que permite organizar su futuro.
Hoy una empresa familiar valenciana tiene menos herramientas para garantizar su continuidad que una empresa navarra, gallega, aragonesa, catalana o balear. Esa desigualdad no beneficia a la unidad del ordenamiento, sino que genera una desventaja competitiva para miles de empresarios y trabajadores valencianos.
Recuperar el Derecho Civil valenciano no resolverá por sí solo todos los problemas de la empresa familiar, pero renunciar a esa posibilidad supone privar a nuestra economía de una herramienta útil y necesaria.
Cuando está en juego la continuidad de miles de empresas, la protección del empleo y la competitividad de la Comunitat Valenciana, desbloquear esta cuestión no puede seguir siendo una asignatura pendiente.
Recuperar el Derecho Civil valenciano es, en definitiva, apostar por el futuro de la empresa familiar valenciana, comprometerse con el empleo para centenares de miles de valencianos y defender al pueblo valenciano en sus justas reivindicaciones.
José-Ramón Chirivella Vila es abogado, Executive Master en Dirección de Entidades Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y presidente de la Associació de Juristes Valencians
