ALICANTE. La generación de suelo apto para la implantación de actividades económicas en el área empresarial de Las Atalayas de Alicante continúa sin tener el terreno despejado, a pesar del aval concedido por la Comisión de Evaluación Ambiental en su reunión del pasado mes de abril. La comisión aprobó entonces la propuesta de modificación puntual número 43 del vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) planteada por el Ayuntamiento de Alicante con el fin de que se amparase un crecimiento de cerca de 650.000 metros cuadrados brutos en los bordes del recinto empresarial actual.
A la postre, ese cambio debe permitir que el polígono gane en torno a 300.000 metros cuadrados netos (una vez descontada la superficie reservada para el desarrollo de viales) que quedarían a disposición de nuevos inversores interesados en posicionarse en el polígono, o para que las empresas ya asentadas en él pudiesen efectuar la ampliación de sus instalaciones actuales. Con ello, se trataba de proporcionar una salida para atender la demanda de parcelas de tamaño medio en un entorno industrial reconocido como área empresarial avanzada que se encuentra prácticamente colmatado.
No obstante, el recorrido administrativo de supervisión de ese ajuste urbanístico continúa todavía en curso por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, que ha planteado nuevos requerimientos a la Concejalía de Urbanismo con el fin de que se introduzcan nuevas subsanaciones o correcciones. En esos requerimientos se plantea, incluso, la posibilidad de que tenga que reducirse la superficie de nuevo suelo de uso industrial que se pretende incrementar con la propuesta de modificación puntual.
En concreto, fuentes consultadas apuntan que, en esos requerimientos, se llega a plantear una reducción global de 190.000 metros cuadrados respecto a la superficie adicional que se aspiraba a desarrollar en la pretensión municipal inicial. Los departamentos municipales de Urbanismo y de Fomento analizan ahora esos requerimientos con el fin de valorar los siguientes pasos a adoptar, según las mismas fuentes. En principio, la reducción obedecería a la necesidad de fijar zonas de transición respecto al espacio paisajístico del entorno, y estaría por ver si esa condición conllevaría que no pudiese tener ningún uso asociado a la implantación de empresas.
Sea como fuere, fuentes del departamento autonómico indican que esos requerimientos forman parte del proceso de tramitación habitual, sin que exista una resolución negativa o de rechazo de la propuesta de modificación puntual tal como está planteada. En este sentido, señalan que, de hecho, recientemente se produjo una reunión técnica en la que se compartió información y se planteó la necesidad de que se matizasen ciertos aspectos. En esa reunión se convino que se remitiese esa nueva documentación adicional, por lo que los términos concretos en los que podría sustanciarse la ampliación de suelo sigue abierta a la negociación.
Propuesta en trámite desde 2022
En todo caso, esos nuevos requerimientos suponen un nuevo retraso para que se pueda acabar disponiendo de ese suelo apto para la implantación de empresas en una propuesta que se elevó a la consideración de la Generalitat en el año 2022, sin que todavía se haya producido su aprobación definitiva. Todo, a pesar de que, en el proceso de tramitación previa, ya se haya planteado distintas correcciones, como la introducción de medidas para minimizar el riesgo de inundabilidad, toda vez que el emplazamiento propuesto para esa ampliación se encuentra afectado por una zona de rambla, en el entorno del cauce del Barranco de las Ovejas.
Además, la propuesta de modificación de planeamiento también incorporó la ejecución de un nuevo acceso al polígono para facilitar su enlace con la A-31 y con la A-7, así como la construcción de una nueva rotonda diseñada con el objetivo de mejorar la organización de la distribución de los tráficos internos.
