El título de esta columna podría referirse al insoportable hedor de la política putrefacta que casi a diario aventan los tribunales, la UCO y los periódicos. O a la manera en que un partido que da lecciones de feminismo esconde a puteros y abusadores hasta que estallan los escándalos.

Valdría también para lanzar el enésimo lamento de este periodista, de toda la prensa valenciana, de los damnificados de la Dana, de los alcaldes o de los empresarios por la falta de colaboración entre las administraciones estatal y autonómica que está lastrando la recuperación.

Pero hoy el título va dedicado a un asunto aparentemente menor, si lo comparamos con los citados, localizado en la ciudad de València, del que quizá los lectores estén bien informados porque en Valencia Plaza lo hemos seguido muy de cerca.

Para quienes no estén al tanto, ahí va un pequeño resumen: los municipios de más de 50.000 habitantes tienen la obligación legal de crear una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con restricciones a los vehículos más contaminantes. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de València tenía preparada una ordenanza de ZBE pero a última hora Vox, que la había apoyado hasta entonces, decidió votar en contra. Dado que Compromís y PSPV la habían rechazado por considerarla muy poco exigente, el PP se quedó solo y la ordenanza no salió a adelante.

Eso ocurrió el 28 de octubre y la ZBE debería estar implantada antes del 31 de diciembre. Quedaban, pues, dos meses para que el PP llegara a un acuerdo con PSPV o con Compromís –o con los dos–, para evitar las sanciones y la pérdida de subvenciones que supondría no cumplir el plazo.

El incumplimiento puede obligar al ayuntamiento a la devolución de importantes subvenciones ya recibidas y suponer la pérdida de otras que estaban comprometidas. Las estimaciones de la Sindicatura de Comptes sitúan ese impacto en torno a los 45 millones de euros, pero otros cálculos elevan la cifra a más de 135 millones o incluso 150 si se suman devoluciones y sanciones.

El baile de cifras obedece a que, para variar, la normativa es una maraña de directivas, leyes y reales decretos que se prestan a diversas interpretaciones. En cualquier caso, la Abogacía del Estado ha respaldado que el Ministerio de Transportes pueda sancionar a aquellos municipios que hayan solicitado fondos para poner en marcha la infraestructura de ZBE y no la haya implantado antes del 31 de diciembre de 2025. València ha puesto la infraestructura, pero falta lo segundo.

Al ciudadano de a pie le puede dar igual –aunque no debería– que València sufra un castigo equivalente al 10% de su presupuesto, pero al que va en autobús igual le pica más, ya que otra de las consecuencias es que se perderían las ayudas al transporte público, por lo que el precio del bonobús podría subir entre 3 y 4 euros.

Eso sin entrar en la parte medioambiental –la ZBE es una herramienta que afecta al aire que respiramos en una ciudad cada vez más atascada y con peor transporte público–, ya que por ahí no vas a convencer al PP, que ve la actual regulación como una imposición sanchista y preferiría una ZBE al gusto de cada alcalde, sin restricciones ni sanciones para los vecinos hasta que pasen las elecciones de 2027.

El caso es que, a dos semanas de acabar el año, PP, Compromís y PSPV no han sido capaces de ponerse de acuerdo para que València tenga su ZBE, lo que no solo es una victoria de Vox, sino otro ejemplo de fracaso de la política.

Porque la política es el arte de lo posible, y eso implica que si uno no tiene la mayoría, debe negociar con el resto para sacar adelante aquello que es necesario. Implica ceder, llegar a acuerdos y que cada uno pueda estar satisfecho de la decisión final.

La ZBE no puede ser al cien por cien la que quería el PP ni la que exigían Compromís y PSPV. Tienen que pactarla, porque la postura cerril de unos y otros va a hacer que al final sea la que quiere Vox, ninguna, con unas consecuencias económicas que no podrán justificar ante la ciudadanía.

Dirán que la culpa es de Vox, que en el último minuto votó en contra porque Abascal se levantó ese día de mal humor. Y lo es. Pero Vox tiene cuatro concejales y en el Consistorio son 33, así que los otros 29, liderados por María José Catalá, Papi Robles y Borja Sanjuán, tienen la obligación de sacar esto adelante y no hacer pagar su incompetencia a los vecinos que los pusieron ahí. 

PS: Hablando de plazos, se acaba el año y la nueva tasa de basuras –mínimo, 39 euros por hogar– que entró en vigor en 2025 no se ha cobrado en València ni tiene pinta de que se vaya a cobrar, ya que ni siquiera se ha adjudicado el concurso para que una empresa elabore el padrón de hogares y envíe las 600.000 notificaciones. ¿Lo mandarán como regalo de Navidad?