¿Para qué sirve una huelga general? Conviene hacerse esta pregunta antes de juzgar a quienes la convocan. Una huelga es mucho más que dejar de trabajar durante una jornada. Es una herramienta democrática, un derecho constitucional y, sobre todo, una expresión de la fuerza colectiva de quienes saben que individualmente tienen menos capacidad para cambiar las cosas. Porque cuando las personas trabajadoras se organizan, lo que parecía imposible puede convertirse en un derecho.
La historia de nuestro país no se entiende sin el movimiento obrero y sin los sindicatos de clase. La jornada de ocho horas, las vacaciones pagadas, la negociación colectiva, la protección frente al despido o la seguridad en el trabajo no fueron regalos de ningún poder económico. Fueron conquistas sociales, fruto de décadas de organización, movilización y sacrificios. Desde la histórica huelga de La Canadiense de 1919 hasta las grandes huelgas generales de nuestra democracia, la clase trabajadora ha demostrado que el progreso social también se escribe desde las fábricas, los talleres, las oficinas y las calles.
El presidente Pedro Sánchez lo tiene bien presente y así lo ha publicado. Los derechos que ahora consideramos normales fueron durante mucho tiempo inimaginables. Y ha lanzado una advertencia que deberíamos tener presente: "Lo que costó un siglo conquistar se puede perder en un instante". Una reflexión especialmente oportuna cuando algunos parecen olvidar cuánto debemos a quienes lucharon en el pasado no tan lejano.
Porque los derechos no suelen caer del cielo. Se conquistan, se defienden y se amplían. Y ahí reside precisamente la importancia histórica de organizaciones como la Unión General de trabajadores y trabajadoras y las Comisiones Obreras, dos sindicatos de clase que han contribuido decisivamente a construir nuestra democracia y nuestro Estado del bienestar.
El próximo 11 de noviembre, UGT y CCOO, junto a otras organizaciones sindicales y sociales, han convocado una huelga general con una reivindicación tan sencilla como poderosa: salarios dignos para poder acceder a una vivienda digna.
No es una huelga contra nadie. Es una huelga a favor de millones de personas que trabajan, cumplen con sus obligaciones y, sin embargo, no pueden desarrollar un proyecto de vida con tranquilidad. Jóvenes que no consiguen emanciparse, familias que destinan buena parte de sus ingresos al alquiler y trabajadores que descubren que tener una nómina ya no garantiza llegar a fin de mes.
Los sindicatos denuncian una contradicción cada vez más evidente: mientras la economía crece y aumentan los beneficios empresariales, demasiados salarios siguen sin permitir una vida digna. Reclaman desbloquear la negociación colectiva, mejorar las retribuciones, reducir la jornada laboral, combatir la precariedad y desarrollar políticas públicas que frenen la especulación inmobiliaria y amplíen el parque de vivienda asequible.
Y tienen razón al situar la vivienda en el centro de las reivindicaciones laborales. Porque ¿de qué sirve mejorar un salario si cada subida termina absorbida por el alquiler? ¿De qué sirve tener empleo si no permite construir un hogar? La vivienda no puede seguir tratándose exclusivamente como una mercancía cuando nuestra Constitución, en su artículo 47, reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Esta movilización interpela a todas las administraciones públicas y también a quienes concentran buena parte de la riqueza que genera nuestro país. Porque defender mejores salarios, vivienda accesible y servicios públicos de calidad significa defender la redistribución de la riqueza, la igualdad de oportunidades y la fortaleza del Estado del bienestar.
Por eso resulta tan reveladora la reacción de Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido a los sindicatos reconsiderar la convocatoria. Lo verdaderamente extraño habría sido escucharle defenderla. No sorprenden las declaraciones de quien, en plena precampaña electoral, promete un Gobierno que pedirá sacrificios a la ciudadanía.
¿Sacrificios? ¿Otra vez? ¿Y a quién le tocará hacerlos?
Porque conocemos demasiado bien ese modelo económico. El que considera que los grandes patrimonios necesitan incentivos mientras las familias trabajadoras deben apretarse el cinturón. El que convierte los recortes en responsabilidad y las reivindicaciones sociales en molestias. El que pide paciencia a quienes menos tienen y ofrece comprensión a quienes más acumulan.
Nos suena demasiado. Nos suena a los años de austeridad, a las políticas de Mariano Rajoy y a Cristóbal Montoro. ¿Se acuerdan? Aquellos años en los que los sacrificios parecían tener siempre los mismos destinatarios.
Frente a ese modelo existe otro: el que entiende que la prosperidad económica debe traducirse en bienestar compartido. El que ha impulsado la reforma laboral, la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y la revalorización de las pensiones. Avances importantes que no eliminan los problemas pendientes ni hacen innecesaria la movilización sindical. Al contrario, demuestran que el diálogo social, la acción política y la organización colectiva pueden transformar la realidad.
Una democracia madura no teme a sus sindicatos. Los escucha, respeta su independencia y reconoce que el conflicto social también puede ser un motor de progreso. UGT ha elegido para esta convocatoria un lema que resume perfectamente el problema: "Que la vivienda no se coma tu salario". Y CCOO recuerda que la riqueza generada debe llegar también a quienes la hacen posible.
El 11 de noviembre no debería interpretarse como una batalla entre partidos, sino como una llamada colectiva a defender algo elemental: que trabajar permita vivir dignamente. Porque una sociedad verdaderamente próspera no es aquella en la que unos pocos acumulan cada vez más, sino aquella en la que nadie tiene que elegir entre pagar el alquiler, llenar la nevera o construir su futuro.
Las generaciones anteriores lucharon para conquistar el derecho a descansar. La nuestra no debería tener que luchar para conseguir el derecho a vivir bajo un techo.
