Hace ya un tiempo que vengo oyendo y leyendo predicciones apocalípticas que hacen un flaco favor a nuestro pueblo, fundamentalmente opiniones destinadas a amedrentar a los ciudadanos con el único objetivo de cosechar rédito político y electoral, basadas en bulos, medias verdades y con evidente carga ideológica. Si bien es cierto que la situación es enrevesada, es irrefutable que lo que está haciendo el alcalde Toni Pérez y su equipo de gobierno es cumplir con su obligación al defender a ultranza, los intereses de Benidorm, con criterio, legitimidad y responsabilidad.

Lo que pretende el PSOE y sus responsables, sra. Escoda y el sr. Castillo, es que el Ayuntamiento de Benidorm y su alcalde, paguen la friolera de 283 millones de euros de indemnización más intereses, a las mercantiles que firmaron el convenio urbanístico de 2003 y sus sucesivas novaciones, hayan cumplido con sus deberes y obligaciones de cesión, equidistribución y urbanización del terreno en cuestión.

Es decir, lo que pretende Escoda y Castillo, es que el Ayuntamiento de Benidorm, por las buenas, pague 283 millones de Euros por un suelo que evidentemente no vale esa cantidad, y que además, se incumpla la Ley, Jurisprudencia y el dictamen del Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que es de obligado cumplimiento puesto que, en un asunto como este, es vinculante, y que determinan la nulidad de los convenios.

Por otra parte, hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que todas las sentencias dictadas por los Juzgados Contenciosos Administrativos de 1º Instancia de Alicante, dan la razón y todas ellas, coinciden, en que los convenios urbanísticos de Serra Gelada, son nulos de pleno derecho, tal y como consta en los fundamentos jurídicos que avalan la nulidad y dan la razón al Ayuntamiento de Benidorm, desestimando los recursos de los propietarios de Serra Gelada, y que son:

1º).- Disposición Adicional 4º de la Ley 4/1992 sobre Suelo No Urbanizable, que determina: “Serán nulas las estipulaciones y los compromisos contrarios a normas imperativas legales y reglamentarias, así como a determinaciones de un plan superior, y, en todo caso, las que supongan disminución de los deberes y cargas definitorios del contenido del derecho de propiedad del suelo”.

2º).- Nulidad de los convenios conforme el artículo 62.1. f) de la Ley 30/1992, en vigor en el momento de firma de los convenios, y actual art. 47.1.f) de la Ley 39/2015.

Y por supuesto 3º: El artículo 1.261 del Código Civil, art. 43 de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación además, del art. 1.275 del Código Civil, todos ellos determinan que “los contratos sin causa, o causa ilícita, no producen efecto alguno”.

Por lo que el convenio de 2003 y sucesivas novaciones, son nulos y no producen efectos Jurídicos, puesto que los propietarios de Serra Gelada “no han cumplido con los deberes urbanísticos de cesión, equidistribución y urbanización”, que dicho en “román paladino”, como voy a indemnizar una cosa que no tiene aprovechamiento, que es suelo protegido, que no vale lo que se pretende cobrar (283 millones de Euros) puesto que “no es suelo urbano”. Colijo que lo que pretenden los propietarios de Serra Gelada es que se les indemnice por unos derechos urbanísticos sin cumplir con sus deberes de urbanización.

Todo ello, lo ha reconocido, el Consell Juridic Consultiu, por la Sentencia de 24 de febrero de 2022, efectivamente revocada por el TSJ, pero posteriormente reconocida la Nulidad de los Convenios por Sentencias 320 y 321 de 20 de Septiembre de 2024 y que actualmente se encuentran en Apelación.

En mi opinión, los convenios suponen una desigualdad con el resto de propietarios de Benidorm, Alicante, Comunitat Valenciana y en general, toda España, porque mientras que hay propietarios que han cumplido sus deberes urbanísticos para ser urbanizados, otros que no han cumplido podrían ser indemnizados sin cumplir esos deberes. Sí, creo que el alcalde Antonio Pérez, cumple con su obligación de defender los derechos e intereses de Benidorm. Sus actuaciones están avaladas por todos los informes técnicos municipales, por el Consell Juridic Consultiu (que en este caso es preceptivo), y por tres Sentencias de lo Contencioso Administrativo.

Lo absurdo e irresponsable hubiera sido indemnizar con 283 millones de Euros a los propietarios de Serra Gelada por nada, que es lo que quiere el PSOE de Escoda y Castillo. Es más, si el alcalde Toni Pérez, hubiera pagado los 283 millones de euros más intereses, sin luchar, estaríamos ahora en la fase en que este PSOE manipulador, plantearía a la opinión pública que se ha prevaricado, que se ha cometido un delito de cohecho, o algo así. Eso es muy propio de estos personajes. Es más y llama mucho la atención que la sra. Escoda y el sr. Castillo, todavía no han explicado por qué ahora quieren que se cumpla el Convenio, cuando en su momento se opusieron, y ahora quieren que se pague la indemnización. ¿A qué se debe ese cambio de opinión?… A mí cuanto menos me resulta sospechoso. Creo que Benidorm debe defenderse ante tamaño atropello e injusticia, y además, lo está haciendo bien.

Francisco Saval Román es abogado y ex concejal del Ayuntamiento de Benidorm.