Como cada cierto tiempo, algunos han vuelto a reclamar la implantación de una tasa turística en Alicante. Es una idea sencilla, casi mágica, recaudar dinero sin que cueste un euro a los contribuyentes para disponer de él a discreción. Se suele argumentar que esa tasa contribuirá a mejorar el modelo turístico por dos vías, la reducción de la presión de visitantes y la mayor capacidad de hacer frente a los gastos ocasionados en los destinos por esos mismos turistas. Como el razonamiento es sencillo, tiene muchos adeptos que entran al trapo sin más. No obstante, el asunto merece una reflexión algo más sosegada.
En 2026, un turista alojado en un apartamento turístico de Barcelona paga hasta 9,50 euros por persona y noche de tasa turística; en un hotel de lujo, cerca de 12. En Baleares también opera el impuesto al turista. Tras más de una década en funcionamiento, ni Cataluña ni Baleares han reducido su número de visitantes. Cataluña cerró 2025 como la comunidad más visitada de España, con cerca de 20,1 millones de turistas internacionales, la cifra más alta de su serie histórica; de Baleares podemos decir lo mismo.
En cuanto a la mejora del destino, la realidad muestra que no hay relación de causa y efecto entre cobrar una tasa y elevar la categoría de un lugar. Destinos emblemáticos como Salou o Magaluf no han variado su posicionamiento en estos años y su imagen percibida sigue siendo básicamente la misma.
Lo cierto es que mejorar un modelo depende de palancas mucho más exigentes -mejor gestión de los servicios públicos, más inversión en sostenibilidad, formación, tecnología, inteligencia de mercados, apostar por nichos y productos competitivos, innovación, etc.-, no de un recargo en la factura.
Hay una primera consideración que destaca sobre el resto: ¿por qué el turismo y no cualquier otra actividad debe gravarse con una tasa? ¿Acaso su recaudación tributaria no está en línea con su facturación? El turista ya aporta vía IVA, genera empleo y actividad inducida; las empresas turísticas cumplen también con sus obligaciones.
Pero además, hay otras razones que parecen obviarse siempre que reaparece la idea y que desaconsejan la tasa como solución óptima. En primer lugar, cuando un impuesto grava el producto legal, impulsa implícitamente el mercado ilegal. La tasa la cobra e ingresa el establecimiento registrado -el hotel, el apartamento con licencia- mientras que el piso que opera al margen ni la repercute ni la declara. Cada euro de tasa es un euro más de ventaja para la oferta clandestina. Y no porque el cliente del hotel sea el problemático y el del piso clandestino, inofensivo: más bien al contrario.
En segundo término, el impuesto recae sobre una sola pieza de la cadena, el alojamiento, cuando el turista que pernocta acude a comprar en comercios, se mueve en taxis, consume en restaurantes y teatros y ninguno de estos negocios está sometido a tasa. Recordemos que el alojamiento es de los pocos subsectores que invierte para atraer visitantes, que hace marketing y arriesga dinero para llenar plazas de las que después vive todo el ecosistema. El turismo es una actividad económica que va mucho más allá de una habitación, mientras que la tasa se focaliza en ese eslabón.
Por último, ordeñar sin miramientos el bolsillo del que viene de fuera es lanzar el mensaje de que no es bienvenido. Justo lo contrario de la hospitalidad que consagra la Ley Valenciana. Se hace responsable al turista de las carencias del destino, de la masificación, de la falta de limpieza o de los problemas de seguridad. Es una indisimulada especie de xenofobia que nos hace mirarnos con recelo unos a otros por temporadas. Cuando somos nosotros los que recaudamos, los malos son los que vienen. Los residentes nos colocamos en una posición de resignado sufrimiento frente a las consecuencias de sus andanzas. Cuando viajamos los de aquí, los incívicos y molestos pasamos a ser nosotros, mutados por el diablo del turismo. En destino nos recibirán con desconfianza y pagaremos (una tasa) por ello. Ese círculo vicioso desemboca en una obra colectiva en la que Jekyll y Hyde intercambian papeles cada cierto tiempo sin que nadie sepa quién es verdaderamente ni adónde va.
Es difícil renunciar a la golosina del dinero fácil, pero resulta mucho más sensato y efectivo para todos afianzar un sistema de gobernanza en el que todas las partes interesadas puedan construir el futuro de la actividad turística y no demonizar al empresariado o al propio viajero. Los atajos no resuelven fricciones ni problemas, tan solo difieren las soluciones.
Luis Castillo es presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante.
