Desde los inicios del siglo XXI, Alcoy ha aspirado a ser una ciudad digital e inteligente. Superado ya el primer cuarto de la centuria, la sensación que prima entre muchos alcoyanos es que no ha conseguido alcanzar plenamente ni una cosa ni la otra. Intentar llegar a una meta y no conseguirla no es un problema en sí mismo. Pero sí lo es que el intento haya supuesto una inversión millonaria sin que los resultados percibidos por la ciudadanía parezcan estar a la altura. Entonces ya no hablamos únicamente de objetivos o metas, sino de eficiencia, que es una de las formas más razonables de medir la gestión pública.

Sobre el papel, la ciudad ha movilizado más de 15 millones de euros en dos proyectos: Alcoy Ciudad Digital y Alcoi Smart City. La cifra se aproxima a los 30 millones si se añade la rehabilitación de las antiguas fábricas de Fundición Rodes, una iniciativa que, por su dimensión y características, merecería un análisis específico.

La primera gran inversión llegó en 2003, cuando el Ministerio de Ciencia y Tecnología aprobó una dotación de siete millones de euros para poner en marcha el proyecto Alcoy Ciudad Digital. Su objetivo era impulsar la entonces incipiente sociedad de la información mediante actuaciones relacionadas con la teleadministración, el teletrabajo, la gestión digital de servicios e incluso la telemedicina.

Aquel plan, desarrollado durante una administración municipal del PP, no dejó un balance público conocido por la ciudadanía. Con el paso de los años, la percepción general es que sus resultados quedaron difuminados, sin que existiera un debate político o social proporcional a la magnitud de la inversión realizada. Sigue abierta, por tanto, la cuestión de cuál fue el destino y el impacto real de aquellos siete millones de euros contemplados en el convenio suscrito entre el Gobierno central y la Generalitat a través de una fundación que años después acabaría desapareciendo.

Más de dos décadas después, algunos ejemplos cotidianos invitan a preguntarse hasta qué punto se alcanzaron aquellos objetivos. Para obtener el bono de las piscinas municipales, por ejemplo, todavía es necesario acudir presencialmente a las dependencias municipales para presentar documentación. Puede parecer un detalle menor, pero resulta significativo cuando se analiza el grado de digitalización alcanzado en la relación entre administración y ciudadanos. Aunque el Ayuntamiento dispone de herramientas telemáticas para diversos procedimientos, la experiencia de muchos usuarios sigue estando ligada a la atención presencial.

Tras Alcoy Ciudad Digital llegó el proyecto Alcoi Smart City, concebido para convertir la ciudad en un referente en el uso de la tecnología y del análisis de datos aplicados a la gestión municipal. El plan se está desarrollando mediante diferentes líneas de actuación y programas subvencionados, una circunstancia que dificulta seguir con claridad el origen, destino y evaluación conjunta de los fondos invertidos.

Al mismo tiempo, conviene reconocer que algunas actuaciones han permitido modernizar infraestructuras y sistemas de gestión. Sin embargo, la cuestión de fondo sigue siendo si esas mejoras justifican la magnitud de la inversión realizada y si han producido una transformación perceptible para la ciudadanía.

Según el Plan Director Alcoi Smart City, en 2019 ya se habían ejecutado proyectos por valor de 3,8 millones de euros, a los que habría que sumar otras actuaciones vinculadas a la estrategia de ciudad inteligente, entre ellas la reforma de la calle Entenza, cuyo coste rondó los dos millones de euros y que fue presentada como la primera calle inteligente de Alcoy.

Sin embargo, esa actuación se ha convertido en un símbolo de la distancia entre la narrativa tecnológica y la realidad urbana. La calle dispone de sensores y equipamientos asociados al concepto de smart city, pero sigue acumulando problemas evidentes relacionados con el estado del pavimento, la falta de riego para el arbolado, el declive de la actividad comercial o el uso indebido de espacios peatonales por parte de vehículos.

La misma sensación surge al consultar la página web oficial del proyecto. Un recorrido por sus contenidos permite comprobar que las últimas noticias publicadas se remontan a octubre de 2025 y que algunos apartados destinados a mostrar datos en tiempo real, como el relativo a los accesos de entrada y salida de la ciudad, permanecen inactivos desde hace meses por tareas de mantenimiento. No parece la mejor carta de presentación para un proyecto que aspira a situar la gestión de los datos en el centro de la acción municipal.

Las dudas, por tanto, parecen razonables. No solo respecto a la ejecución de determinadas iniciativas, sino también en relación con la evaluación de sus resultados. ¿Cómo ha mejorado el funcionamiento de la administración municipal gracias a estas inversiones? ¿Qué ahorros han generado? ¿Qué servicios funcionan hoy mejor que hace diez o veinte años? ¿Cómo ha mejorado la vida cotidiana de los alcoyanos gracias a estas actuaciones?

Llegados a este punto, lo verdaderamente inteligente sería abrir un proceso de análisis y reflexión sobre los resultados obtenidos. Una ciudad que históricamente ha denunciado la falta de inversiones no puede permitirse el lujo de gestionar sin rigor aquellas que sí ha recibido. La cuestión ya no es cuánto dinero ha llegado a Alcoy para impulsar su transformación digital, sino qué retorno real ha obtenido la ciudadanía tras más de dos décadas de proyectos, subvenciones y planes estratégicos. 

Porque una ciudad inteligente no se mide por el número de sensores instalados. Se mide por la calidad de los servicios que presta, por la facilidad con la que los vecinos se relacionan con su administración y por su capacidad para resolver problemas reales. De lo contrario, la inteligencia se queda en los documentos y no en el día a día de la ciudad.
 
Juan Enrique Ruiz es periodista y profesor