El sur de Alicante, justo en su frontera con la Región de Murcia, ha tenido este verano una palabra de moda: independencia. En Pilar de la Horadada, con motivo del 40º aniversario de su segregación de Orihuela y de la consecución de ayuntamiento propio, culminada el 30 de julio de 1986 tras décadas de abandono por parte de su centro administrativo. Y también en la propia Orihuela, con una reivindicación fundamentalmente de nuevo en su costa, donde cada vez más vecinos sienten, con el actual Gobierno de Partido Popular y Vox, que su ayuntamiento exige impuestos más altos mientras ofrece unos servicios públicos deficientes, cuando no realmente inexistentes.
Con esa sensación de abandono resulta comprensible que vuelva a aparecer el viejo sueño de una Orihuela Costa independiente. Comprensible, pero no realista. Porque por mucho que algunos pretendan alimentar, con una mezcla de romanticismo y populismo, la posibilidad de que la costa pueda convertirse algún día en municipio, la realidad y la evolución jurídica es muy distinta, dado que ni las circunstancias políticas y administrativas de hace cuatro décadas ni la legislación que permitió la segregación de Pilar de la Horadada entonces son comparables con las actuales.
Hoy España no necesita multiplicar municipios, sino ayuntamientos más eficientes, capaces de prestar mejores servicios con los recursos disponibles. Necesita cooperación entre entidades locales, mancomunar y compartir servicios y estructuras administrativas capaces de adaptarse a una sociedad en la que las distancias físicas importan cada vez menos. La digitalización, además, permite acercar la Administración al ciudadano sin necesidad de multiplicar sus órganos. Por eso, por mucho que se grite "¡independencia!", Orihuela no va a dividirse y su costa no va a convertirse en un municipio distinto.
La deficiente prestación de servicios locales en Orihuela costa no es exclusiva de esa zona. Muchos vecinos de las pedanías han experimentado durante años una sensación semejante de abandono, agravada por una estructura política que durante demasiado tiempo las convirtió en poco más que depósito de votos cada cuatro años y donde los pedáneos ejercieron casi como pequeños señores feudales, mientras la participación ciudadana real quedaba relegada a un segundo plano. De la misma manera que el descontento se ha extendido a quienes residen en el núcleo principal por las deficiencias en limpieza, espacios públicos, atención al ciudadano o posibilidades de participar en la gestión de la ciudad.
Por eso sí hay una independencia que necesita Orihuela, y mucho: la independencia de sus ciudadanos respecto de los políticos que llevan demasiado tiempo acostumbrados a considerar que el ayuntamiento es patrimonio de las siglas que ocupan el poder. La independencia del elector respecto del voto automático, de la fidelidad partidista sin autocrítica alguna, y de esa costumbre de entregar cada cuatro años un cheque en blanco a quien figure en determinada papeleta sin acreditarse que el candidato sepa lo mínimo exigible sobre cómo se gestiona lo público.
Porque, paradójicamente, desde 2010 Orihuela es municipio de gran población, lo que supone un modelo organizativo de su administración local mucho más descentralizado y participativo, por el que Orihuela debería haber contar desde principios de 2011 con un sistema efectivo de gestión desconcentrada mediante distritos municipales, órganos que llegaron en forma de reglamento municipal en 2016, bajo alcaldía del Partido Popular, pero solo por la presión ejercida entonces por los concejales de Ciudadanos. Distritos que después, como tantas otras cosas, han sido relegados al olvido.
Y no son los únicos mecanismos que han sido despreciados. El Consejo Social de la Ciudad, tan obligatorio como inexistente, los presupuestos participativos, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, que tuvo que ser reclamada por concejales de Ciudadanos y objeto de sentencia judicial, la también inexistente figura del Defensor del Ciudadano, o una organización municipal plenamente adaptada al régimen de gran población, con áreas de gobierno y concejales competentes en las mismas junto a los concejales simplemente delegados, algo que igualmente debiera existir desde 2023 pero que el actual alcalde rechaza, son instrumentos concebidos precisamente para acercar el ayuntamiento a sus vecinos, y que siempre han reclamado, curiosamente, los mismos. Hagan solo un poco de memoria.
No estamos, por tanto, ante un problema de falta de herramientas, dado que existen y están legal y reglamentariamente reguladas. Lo que falta es la voluntad política para utilizarlas, en lo que comparten responsabilidad todos los alcaldes del PP desde 2010 (Lorente, Bascuñana y Vegara), pero también Guillén, de Los Verdes, o Gracia, del PSOE. Ninguno de ellos realmente aprovechó sus respectivos mandatos para transformar de verdad la relación entre ayuntamiento y ciudadanía.
Orihuela no necesita, en conclusión, una nueva frontera administrativa con otro municipio en la costa. Necesita una nueva cultura política en sus gestores. Y para ello sí se precisa independencia, pero no la de unos cuantos oriolanos respecto de Orihuela, sino de la mayoría de los oriolanos respecto de sus políticos de siempre.
