En medio del eterno debate sobre la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, y con la última propuesta del Gobierno de España sobre la mesa, emerge un concepto que merece atención: la infrainversión, o déficit de inversión del Estado. Lo introduce el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) en un informe reciente y revelador. 

El indicador relaciona las licitaciones públicas de la Administración central con la población de cada territorio. El resultado para la provincia de Alicante es contundente: un déficit de 1.664 millones de euros entre 2011 y 2025. 

La primera conclusión es evidente. No solo el Estado está lejos de aportar a la comunidad autónoma lo que le correspondería para mejorar los servicios y asumir sus propias inversiones, sino que, además, aquellas que dependen directamente de la Administración central se sitúan muy por debajo del peso poblacional de la provincia. 

El informe subraya que Alicante, cuarta provincia de España por población, es la segunda que menos inversión per cápita ha recibido en los últimos quince años. En ese periodo, la inversión por habitante alcanzó los 754 euros, frente a los 1.634 de la media nacional. La diferencia es significativa. Tanto que, según Ineca, se trata de “la anomalía más flagrante del sistema de distribución territorial del gasto público español”, sin equivalente en el resto del país. 

El estudio incurre en cierto provincialismo al enfatizar el agravio comparativo con el resto de provincias de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, los datos contextualizan la situación: según la inversión per cápita, Valencia ocupa el puesto vigésimo noveno en España y Castellón el trigésimo séptimo. Es decir, aunque en mejor posición que Alicante, tampoco presentan cifras destacables. De ahí que resulte más útil buscar puntos de encuentro y cohesión que insistir en un supuesto “agravio intercomunitario”. 

El criterio poblacional no puede ser el único a la hora de distribuir inversiones. En un Estado que, al menos en teoría, aún defiende la solidaridad entre territorios, entran en juego otros factores para garantizar el equilibrio y la igualdad entre ciudadanos. Ahora bien, el volumen del déficit acumulado en los últimos tres lustros es tan elevado que exige una atención prioritaria. Más aún cuando la desproporción entre inversión y población se mantiene constante a lo largo del tiempo. Se trata, por tanto, de un déficit estructural, ajeno a coyunturas como crisis o pandemias y también a los distintos gobiernos que han pasado por el poder. 

El informe no se limita a cuantificar el problema. También advierte de sus consecuencias en una provincia cuya actividad económica depende en gran medida de la calidad de sus infraestructuras de transporte. Basta pensar en la industria o en el turismo. Y basta, también, con repasar la actualidad para comprobar que siguen pendientes proyectos clave: el corredor mediterráneo, la mejora de las líneas ferroviarias, los accesos al aeropuerto o la renovación de la red viaria. 

No se trata solo del coste económico de la falta de inversión, sino del coste de oportunidad. Retrasar proyectos estratégicos sitúa al territorio en desventaja competitiva frente a otros. 

Ante este escenario, Ineca plantea un “plan corrector explícito, cuantificado y vinculante” que permita compensar el déficit histórico. La propuesta es pertinente, pero adolece de una carencia significativa: la ausencia de un sujeto claro. Ese “se requiere” impersonal revela más de lo que parece. Denota la falta de un liderazgo capaz de asumir la voz del territorio para articular una reivindicación firme y hacer valer el peso demográfico y económico de la provincia ante la Administración. 

¿Quién debe asumir ese papel? Esa es la gran incógnita y, posiblemente, una de las claves que explican la persistencia de la infrainversión. La escasa movilización social facilita que los distintos gobiernos, con independencia de su signo político, se permitan el lujo de relegar a la cuarta provincia más poblada del país a los últimos puestos en inversión pública. Les sale absolutamente gratis: el precio lo pagan, día a día y sin rechistar, quienes viven en este territorio. 

Juan Enrique Ruiz es periodista y profesor de Historia