De un Gobierno, local, autonómico o nacional, se espera que afronte los problemas que se le plantean. Esto no significa ceder sistemáticamente ante cualquier negociación o exigencia que venga desde la sociedad, pero sí calibrar la dimensión de los problemas, tanto en lo que se refiere al problema en sí como a las consecuencias que comporta, para la sociedad y para el propio gobierno, que no se busque solucionarlo.

La huelga del sector educativo no es un problema menor, ni es injustificado. Los profesores de la educación pública llevan décadas con el salario congelado, viendo como las condiciones estructurales en las que imparten docencia empeoran en diversos órdenes (infraestructuras, alumnado con necesidades especiales, burocracia, etcétera). Todo ello ha sido ignorado por la Generalitat, que no ha movido ficha hasta que tenían la huelga encima. Cuando lo han hecho, al menos por ahora, ha sido siempre teniendo en mente el “relato” de dicha huelga, para intentar que la sociedad se eche sobre los profesores, esos vagos que se ponen en huelga por un poco de calor en verano y dos décadas de nada sin subirles el sueldo, y no sobre el gobierno autonómico.

Para ello, la estrategia de la Generalitat, que es muy clara, se basa en dos ejes: el primero, dilatar la situación, para que los profesores (que obviamente sufren un desgaste económico considerable cada día que hacen huelga) se cansen. El segundo, centrar el “relato” de la Generalitat en el dinero. El dinero que no tiene la GVA por culpa de Pedro Sánchez y el dinero que se supone que es lo único que mueve a los malvados profesores.

Esta estrategia tiene varios problemas en lo que concierne al “relato”. Es evidente que la GVA padece una situación económica insostenible, derivada tanto del aumento poblacional estructural (inmigrante) y coyuntural (turistas) como del déficit de financiación. Sin embargo, teniendo en cuenta la desesperada situación de las cuentas públicas, sorprende que la Generalitat no tenga a bien considerar incorporar la tasa turística para que quienes disfrutan de los servicios públicos también los financien, aunque sean turistas, sagrados próceres del PP valenciano y de la patronal hostelera, Hosbec, particularmente presente en este Consell y en el de Carlos Mazón que le antecedió. O que Juan Francisco Pérez Llorca no contemple ponerse a negociar con el Gobierno de España la reforma de la financiación propuesta desde el Ministerio de Hacienda, que supondría un incremento de los fondos disponibles para la GVA superior a los 3000 millones de euros.

También es obvio que las peticiones de los profesores tienen un coste económico, como se han apresurado a destacar tanto la consellera como el president de la Generalitat o la portavoz parlamentaria, Beatriz Gascó, que ha dicho que “al parecer, el dinero sí que es la excusa de los sindicatos para dinamitar el fin de curso”. Supongo que Beatriz Gascó trabaja gratis como portavoz y diputada en Corts, y lo hace solamente, exclusivamente, por su vocación de servicio público. Y si no es así, me pregunto a qué está esperando para renunciar a los emolumentos para que no pensemos que está en esto por el vil metal.

Al parecer, ahora el PP considera que la gente ha de trabajar gratis, por mera vocación, … salvo si son cargos o familiares de cargos del PP. En ese caso, está bien subir el sueldo a los trabajadores, como ha hecho la consellera con los inspectores de Educación (un 8%), entre los cuales está ella misma. O como ha hecho el president de la Generalitat con su pareja montándole un escandaloso puesto “a la carta” en la Diputación de Valencia que supone un incremento de salario para ésta de más del 100%. Y por supuesto, está muy bien montar un chanchullo con las promociones de vivienda pública en Alicante para repartir las codiciadas viviendas protegidas entre cargos y familiares de cargos del PP, que a esos sí que hay que protegerlos.

Todas estas cosas son conocidas por parte de la ciudadanía. Y hay que decir que el Consell de Pérez Llorca no sólo no aparece de la nada, sino que surge de la gravísima crisis montada por su antecesor, Carlos Mazón, con su desastrosa gestión de la Dana y sus consecuencias. Se trata de un Consell con muy poca legitimidad, muy deteriorado electoralmente, que no está, desde mi punto de vista, para echar pulsos a colectivos numerosos y con capilaridad social, como el que nos ocupa. No ya porque no es la actitud que se espera de un Gobierno responsable, que ya ha quedado claro que no estamos en ese escenario, sino porque para un Gobierno tan débil comportarse con mentalidad de búnker irreductible es un suicidio, electoral y político.

Porque puede que no dar su brazo a torcer sirva para que los profesores, al final, se conformen con menos en la negociación. Pero el devenir de la huelga, la negociación, y las perturbaciones de todo tipo que generará este conflicto no creo que tengan peores consecuencias para la imagen pública del profesorado (que, en todo caso, no se presentará a las elecciones el año que viene) que para la propia Generalitat, a la que sinceramente se le ve mucho el plumero con sus ridículas maniobras de coach obsesionado con el relato.

Dicho relato, tres años después de la victoria del PP en las elecciones autonómicas, arroja un balance de desidia en la gestión, bunkerización a ultranza (peor que en la época de Camps, cuando al fin y al cabo el PP sí representaba a una mayoría de la sociedad y tenía una legitimidad política de la que este Consell y este president carecen) y acelerado deterioro de los servicios públicos. Es un Consell que, en resumen, manifiestamente no sabe gestionar, no soluciona problemas de la ciudadanía, genera desastres de calado y dedica su tiempo a repartirse las migajas del pastel, a juzgar por sus nulas realizaciones y ya abundantes escándalos. Que se haya llegado a esta situación, y se esté gestionando de manera tan lamentable, es sólo un síntoma más de una actuación estelar que tendrá consecuencias electorales.