El presunto caso de adjudicaciones irregulares que investiga el Ayuntamiento de Alcoy trasciende el expediente disciplinario abierto a una funcionaria por adjudicar, presuntamente, contratos menores a su marido. La cuestión verdaderamente relevante es otra: si estamos ante la actuación irregular de una persona o ante el síntoma de un sistema de control que ha dejado de funcionar. De su respuesta depende cómo debe interpretarse este caso.
La realidad, acreditada en documentos públicos, es que el marido de una funcionaria facturó, bien a su nombre o a través de diferentes empresas, alrededor de 400.000 euros por trabajos de obras y servicios para el Ayuntamiento. La cifra llama la atención, pero conviene contextualizarla. Esa facturación comenzó en 2018 y, hasta 2024, las cantidades anuales oscilaron entre los 12.000 y los 30.000 euros. Son importes relativamente reducidos para un ayuntamiento con un presupuesto superior a los 76 millones de euros.
La situación cambió radicalmente en 2025. A través de dos sociedades distintas, el marido de la funcionaria facturó 209.214 euros mediante contratos menores, todos ellos por importes inferiores a 40.000 euros, sin IVA. Una de esas empresas se constituyó a finales de octubre y menos de dos semanas después ya trabajaba para el Ayuntamiento. Entre el 12 y el 28 de noviembre obtuvo adjudicaciones por valor de 179.653 euros. Un estreno empresarial tan fulgurante como insólito.
Resulta especialmente llamativo que nadie advirtiera la reiteración de adjudicaciones a una misma empresa durante tres semanas seguidas. No lo hicieron los miembros de la Junta de Gobierno, órgano competente para aprobar los contratos menores. Tampoco los funcionarios encargados de autorizar el gasto y emitir los informes correspondientes. Ni siquiera la oposición, a la que habría bastado revisar las actas de las reuniones para detectar una concentración de adjudicaciones tan llamativa, con independencia de la relación existente entre quien justificaba la necesidad del contrato y quien finalmente resultaba adjudicatario.
La responsabilidad política y administrativa de lo ocurrido no puede limitarse exclusivamente a la funcionaria que hoy es objeto de investigación. El jefe del departamento de Obras y Servicios difícilmente puede regresar a su puesto como si nada hubiera ocurrido. Si durante años una subordinada pudo adjudicar reiteradamente contratos a su marido sin que el máximo responsable del servicio lo advirtiera, solo parecen posibles dos explicaciones: o los mecanismos de supervisión fueron manifiestamente insuficientes o existieron fallos de control de enorme gravedad. En cualquiera de ambos supuestos, resulta difícil sostener que quien dirigía el departamento pueda quedar al margen de cualquier responsabilidad.
El caso también ha evidenciado el aislamiento político del alcalde, Antonio Francés. Compareció solo para ofrecer explicaciones públicas. No le acompañó ningún concejal, ni del PSOE ni de Compromís, pese a que el Ayuntamiento cuenta con siete tenientes de alcalde, cada uno de ellos con su correspondiente complemento salarial por el cargo.
No estaba el concejal de Recursos Humanos. Tampoco la responsable de Régimen Jurídico. Ni, sobre todo, el concejal de Obras y Servicios, precisamente el área donde se habrían producido las presuntas irregularidades. Resulta inevitable preguntarse por su responsabilidad política. Durante su mandato, ese departamento ha ido acumulando competencias procedentes de otras áreas municipales. Ha asumido grandes contratos de servicios y obras de considerable envergadura que tradicionalmente gestionaban otras concejalías. En otras palabras, ha concentrado cada vez más capacidad de decisión en un departamento sobre cuya actuación pesan ahora serias dudas.
El caso deja, además, una última reflexión tan triste como reveladora. Las presuntas irregularidades salieron a la luz gracias a la publicación de la información en un medio de comunicación de Valencia próximo al Partido Popular. Ningún medio de Alcoy destapó los hechos. Tampoco el seguimiento posterior ha estado a la altura de la gravedad del asunto.
Conviene preguntarse qué está ocurriendo con el periodismo. La función de los medios de comunicación no consiste en proteger la reputación de las instituciones ni en alimentar un relato complaciente sobre la ciudad. Su obligación es fiscalizar el poder, incomodar cuando sea necesario y sacar a la luz aquello que algunos preferirían mantener oculto. Cuando esa función desaparece o se debilita, no pierde solo el periodismo. Pierde, sobre todo, la democracia.
Juan Enrique Ruiz es periodista y profesor
