Visto lo visto la última semana en relación a la propuesta del Gobierno de nuevo sistema de financiación autonómica, cabe preguntarse si algún político en la sala quiere realmente resolver este problema que asfixia especialmente a la Comunitat Valenciana.

Como todos responderán que sí, afinemos la pregunta: ¿les importa más resolver este asunto que los votos que puedan rebañar en una estéril batalla por el relato? 

Empecemos por Pedro Sánchez, que ha demostrado con creces que le importa un pimiento la reforma del sistema de financiación. 

Ya apuntaba maneras en mayo de 2018, cuando presentó la moción de censura contra Rajoy y, en el debate, Joan Baldoví solo le pidió una cosa a cambio del apoyo de Compromís: que impulsara de una vez un nuevo sistema de financiación autonómica. Sánchez ni siquiera se molestó en engañarle, pues tenía asegurado su voto, y le respondió que no iba a acometer tal refrorma porque no había "mimbres".

Cabe recordar que al principio de ese mayo el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, había anunciado que antes de acabar el mes presentaría la propuesta del Gobierno para el esperado nuevo modelo. Pocos días después el PSOE presentó la moción de censura y de aquel supuesto proyecto nunca más se supo.

Siete años y medio más tarde, tras innumerables promesas incumplidas, Sánchez ha presentado su propuesta sin ninguna intención de que salga adelante. Solo así se explica que se haya esforzado por evidenciar que la reforma no es un proyecto suyo, sino de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), en una obscena escenificación con el convicto, condenado por prevaricación y después indultado Oriol Junqueras.

Flaco favor le ha hecho con ello a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y candidata socialista andaluza, María Jesús Montero, que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado miércoles parecía bastante incómoda defendiendo algo que, por culpa de Sánchez, todo el mundo sabe que no es una iniciativa suya sino una imposición de ERC.

Una propuesta que favorece descaradamente a Cataluña y, de rebote, a la Comunitat Valenciana –pasamos de Guatepeor a Guatemala–, pero que en el reparto final no es más injusta que el sistema actual que castiga a los valencianos desde 2009.

Tampoco parece la reforma la primera preocupación de Juanfran Pérez Llorca, demasiado pendiente de no importunar a quien le debe confirmar como candidato en 2027, Alberto Núñez Feijóo. Desde que mandaba en la Galicia bien financiada, la reforma del sistema nunca ha sido una prioridad para el hoy líder nacional del PP.

Uno querría que el president de la Generalitat fuera como García-Page, que mira por el voto y el relato igual que los demás, pero cuya estrategia no es que su líder le dé palmaditas, sino defender los intereses de su pueblo aunque se tenga que enfrentar a la dirección nacional.

Como ya hizo José Bono cuando Felipe González –será que en Castilla-La Mancha es costumbre–, García-Page recurre en los tribunales todas aquellas decisiones de Sánchez que no le gustan. Y brama contra ellas. Recurre los trasvases Tajo-Segura, recurrió el injusto reparto del impuesto a la banca –eso sí que era ordinalidad–, se opuso a la quita trampa pactada también con ERC y se ha plantado ante el nuevo modelo de financiación.

Aquí no tenemos tanta suerte. Pérez Llorca se desmarcó en un principio del no rotundo del PP nacional y dijo que tenía que estudiar la letra pequeña de la propuesta, mientras su conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, decía que la propuesta "no pinta mal". Porque no pinta mal.

Como comenté en el Billete de la semana pasada, el president puso dos condiciones "irrenunciables" que le faltan a la propuesta gubernamental, lo que implicaba abrirse a una negociación. Estas dos condiciones son un fondo de nivelación para 2026 y una solución para la deuda provocada por la infrafinanciación.

Pasados los días y sin conocer aún la letra pequeña –el Gobierno se niega a dar detalles adicionales a su powerpoint–, Pérez Llorca parece haber vuelto a la obediencia no debida a Feijóo, y no aclara si acudiría a una reunión con Montero si esta le llamase para negociar. Teme, con razón, que pudiera ser una llamada trampa, una foto buscada para erosionar la unidad del PP. Todos en el tacticismo.

Los agentes sociales, que a diferencia de los políticos han mantenido desde hace años una coherencia reivindicativa en esta cuestión, le han animado a negociar, a exigir el fondo de nivelación y la quita de la deuda, pero no parece que eso vaya a ocurrir.

Y queda Diana Morant, otra que tal baila. Incapaz de poner un pero a las directrices de Sánchez, defiende a capa y espada la propuesta gubernamental –3.369 millones más para la Comunitat Valenciana a partir de 2027– con el mismo énfasis con el que rechaza que lleguen este año 1.780 millones del fondo transitorio de nivelación que en su día también defendió el PSPV.

Su política es tan gregaria con los intereses de Sánchez, que si mañana Montero y Pérez Llorca se sentaran a discutir sobre el modelo, se pondría de parte de la ministra; y en el improbable caso de que a Sánchez le diera por aprobar el fondo de nivelación, aunque solo fuera para descolocar a Pérez Llorca, la líder del PSPV pasaría, a pie cambiado, a defender dicho fondo como si se le hubiese ocurrido a ella.

Con esta batalla por el relato que jamás nos traerá un nuevo modelo de financiación, una y otro, Morant y Pérez Llorca, lograrán su principal objetivo, que no es otro que garantizarse ser candidatos a la la Presidencia de la Generalitat en 2027.

Y así, quien gane podrá continuar con lo que ya es una tradición después de 17 años y cinco presidentes de la Generalitat: seguir reclamando un nuevo sistema de financiación autonómica, a gritos si quienes mandan en Madrid son los contrarios, o con la boca pequeña si son de los nuestros.

PS: En medio de tanto ruido, el PNV logró el viernes el traspaso de otras cinco competencias al País Vasco, lo que significa que aún pagará menos Cupo al Estado.