El Consell de Pérez Llorca logró este viernes presentar un proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2026 con siete meses de retraso sobre la fecha límite que establece el Estatut —31 de octubre—, que es tarde pero es mejor que no presentarlo.

Es muy improbable que en octubre presente otro proyecto para 2027, por lo que estas cuentas, prorrogadas desde el 1 de enero, serán también las del año electoral y el nuevo Consell que salga de las urnas el 23 de mayo elaborará ya las de 2028. 

Se normalizaría así un calendario alterado en 2024 por la Dana —ocurrida dos días antes de presentarse los Presupuestos— y el año pasado por la crisis política que acabó con la dimisión de Mazón el 3 de noviembre. Calendario condicionado también por la necesidad de pactar con Vox.

En 2027, no obstante, la partida de gastos de personal de los presupuestos prorrogados va a necesitar una buena inyección de dinero no solo por los 75 euros de aumento al profesorado pactados para ese año, sino, sobre todo, por las subidas acordadas con los sindicatos por el Gobierno de Sánchez para los empleados públicos de todas las administraciones —"él invita y nosotros pagamos", según Rovira—, que será del 4,5%, además de un 0,5% de 2026 que se abonará el año que viene.

Sorprende que no sean unos Presupuestos expansivos, como es costumbre cuando vienen elecciones y los gobiernos suelen aplicar el riego a manta más que por goteo. De hecho, el presupuesto no financiero, el gasto real previsto, desciende por el efecto Dana, ya que la inversión en reparar infraestructuras y en ayudas será menor que en 2025.

Las cuentas, cuadradas como siempre a martillazos, mantienen los más de 1.000 millones de ingresos ficticios que se inventó un conseller del PP hace muchos años y que han ido copiando sus sucesores, entre ellos el actual ministro de Hacienda.

Rovira podía haber aprovechado el aumento de ingresos del sistema de financiación —más de un 9%— para reducir la partida de falsos ingresos, pero ha preferido reducir la también fantasiosa cifra de déficit previsto, hasta un 0,36%, que aún así es el triple del fijado como referencia para las CCAA. Y que, como siempre, no se cumplirá porque es complicado cubrir gastos reales con ingresos ficticios.

También hay un poco de fantasía en la partida de ingresos por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), el que se paga al comprar pisos de segunda mano. La previsión es que aumente un 20% sobre la recaudación real de 2025, a pesar de que a partir de este lunes el tipo general baja del 10 al 9% y estamos en un año en el que el crecimiento vertiginoso del mercado inmobiliario se está ralentizando.

Una rebaja fiscal, por cierto, que no tiene sentido que sea indiscriminada. La ventaja de los impuestos es que se pueden diseñar para beneficiar, por ejemplo, a compradores de primera vivienda, a jóvenes o, simplemente, a personas físicas, evitando que se beneficien de esa rebaja los fondos de inversión o los extranjeros que se compran un chalet en Torrevieja. Será que ahí también queremos ser hospitalarios, como con la nonata tasa turística.

La partida de intereses de la deuda crece en 24 millones de euros, hasta alcanzar los 1.167 millones, con una deuda de 64.000 millones que no dejará de aumentar mientras no se cambie el sistema de financiación autonómica. El pago de intereses consume más recursos que ocho de las once consellerias.

En el capítulo de Gastos Diversos no aparece, en el Presupuesto 2026, ninguna partida para el municipio de Morella y sí 200.000 euros para "infraestructuras en el municipio de Finestrat". Cuando uno ve estos cheques en blanco, mientras otros fracasan en su intento de conseguir una subvención de la Generalitat, se pregunta si es el president diciéndole al conseller "ponle a mi pueblo 200.000, que ya veremos en que nos los gastamos" o es un detalle que el conseller tiene con el jefe.

El Gobierno de Pérez Llorca, como los de Puig y Mazón, está pidiendo anticipos al Ministerio de Hacienda para sostener la caja y poder pagar a tiempo a proveedores. Son anticipos de la liquidación del sistema de financiación que se abona en julio. No es ningún desdoro, sino la evidencia de que el sistema de financiación no funciona para la Comunitat Valenciana. Tanto la Conselleria como el Ministerio se niegan a desvelar cuántos anticipos y por qué importe se han concedido —nos enteramos con meses de retraso porque tienen que incluirlo en un informe—, lo que es otra demostración de que queda mucho por hacer en materia de transparencia.