BENIDORM. La ciudad de Benidorm celebró este viernes el Día Mundial Sin Coche, un acto enmarcado dentro de la Semana Europea de la Movilidad. Unas jornadas que están sirviendo para concienciar sobre la sostenibilidad de los trayectos y que en la ciudad tiene especial interés por el turismo. Hasta allí se desplazó la consellera de Turismo, Nuria Montes, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y el director general de Transportes de la Generalitat Valenciana, Manuel Ríos, que ensalzaron el trabajo realizado por la localidad para mantener la actividad respetando el planeta.
La consellera alabó la visión a futuro que tuvo el municipio apostando por una "movilidad sostenible". Así, explicó que "Benidorm se puede hacer andando" porque se le ha dado prioridad al peatón en la configuración de la ciudad. No obstante, llamó la atención sobre el que es el sector más relevante de la localidad, el turismo.
Montes reseñó que los viajes generan el 8% de emisiones de CO2 del mundo, “alrededor de 4,5 millones de toneladas anuales”. A nivel nacional, el transporte en carretera es el más usado, con el 95% de desplazamientos, mientras que en el internacional se mueve en avión el 80% del total. En este sentido, reseñó la labor de las compañías aéreas para reducir la contaminación, aunque aseguró que "aún queda mucho por hacer". Además, apeló a la concienciación ciudadana modificando el comportamiento que se tiene como turista para rebajar los gases de efecto invernadero.
Pero también habló de la transición que están haciendo las empresas hoteleras. Para ello, remarcó la importancia de ir de la mano con las administraciones públicas. Fue momento para tirar de las orejas al anterior gobierno autonómico, que ella vivió desde el sector privado como secretaria general de la patronal hotelera Hosbec.
Montes explicó que un hotel de Benidorm apostó por la geotermia, la energía proveniente del calor del subsuelo. Como contrapartida, le aplicaron el canon de saneamiento desde la Generalitat. Esto suponía más de 200.000 euros al año, lo que para la consellera fue "una discordancia administrativa". En lugar de incentivar el uso de energías limpias, imponían un pago que llegó a rechazar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana después de que el empresario peleara en los juzgados.
