ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante elevará al Gobierno central una solicitud formal para que se promueva la ampliación del aeropuerto de Alicante-Elche mediante la construcción de una segunda pista contemplada en el Plan Director elaborado por el operador estatal Aena en el año 2019. Ese es el acuerdo alcanzado este martes en el transcurso del pleno ordinario de enero a partir de la propuesta de declaración institucional promovida por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), que ha quedado respaldada también por los 8 concejales del PSOE y los 4 representantes de Vox. 

El encargado de defender la iniciativa ha sido el edil de Movilidad, Carlos de Juan, quien ha subrayado el incremento de pasajeros registrado en el aeropuerto, con un crecimiento del 19,2% y más de 15,7 millones en 2023 en lo que supone la consecución de su nuevo récord. Y ha incidido, además, en que la construcción de la segunda pista no solo sería necesaria para atender el crecimiento del sector turístico, sino también para dar cobertura a la actividad empresarial generada por la instalación de nuevas firmas en la provincia. Así, ha considerado indispensable la ampliación del aeródromo, que "permitiría duplicar vuelos, reducir demoras y aumentar la eficiencia operativa, generando más empleo, atrayendo inversión y fortaleciendo el turismo y el empleo", tras señalar que "el Gobierno de Pedro Sánchez sí ha anunciado ahora 2.400 millones para ampliar el aeropuerto de Barajas", con un incremento de pasajeros menor, ha concluido.

En el turno de intervenciones, el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha anticipado su voto en contra al incidir en dos argumentos básicos. Primero, la necesidad de garantizar la protección del Saladar de Aguamarga, que se vería afectada por la construcción de la segunda pista. Y segundo, la inexistencia de urgencia en la necesidad de esa segunda pista, toda vez que, según el Plan Director trazado por Aena, se señala que el aeródromo actual estaría dimensionado para mover a 19 millones de viajeros.

Por Compromís, la edil Sara Llobell también ha adelantado su posición contraria a la propuesta al insistir en que existen otras necesidades prioritarias a acometer en el aeródromo, como la conexión por ferrocarril o el incremento de servicios como, la provisión de taxis, sobre los que ha conminado al PP a reivindicarlos. Además, ha insistido en que la construcción de la segunda pista afectaría al término municipal de Elche y que generaría impacto sobre el Saladar de Aguamarga. Por último, ha recalcado que, a su juicio, la ampliación no estaría justificada en términos de demanda, toda vez que el aeródromo actual todavía dispondría de capacidad para seguir creciendo, a diferencia de lo que sucede con otros aeródromos que también cuentan con una única pista en la actualidad.

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, sí se ha pronunciado a favor de la ampliación al considerar que multiplicaría la llegada de visitantes a la provincia y favorecería el incremento de conexiones, después de que se haya alcanzado el récord de pasajeros, que se haya propiciado una desestacionalización en la llegada de visitantes y que se haya convertido en el primer aeródromo en llegada de británicos de la red Aena. Por último, ha criticado al Gobierno por el retraso en la conexión del aeropuerto con el ferrocarril.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, también ha manifestado su apoyo a la iniciativa tras sostener que es el propio Gobierno Central el que está elaborando una nueva propuesta del Plan Director del aeropuerto que garantice la sostenibilidad de la ampliación. En todo caso, ha sostenido que ese Plan Director no es "un plan inversor", sino una herramienta de planificación en la que se trata de satisfacer las necesidades de la provincia de Alicante. Además, ha recalcado que el aeródromo actual todavía dispondría de capacidad para crecer hasta los 22 millones de viajeros y ha sostenido que será el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que promueva esa futura ampliación, "como está actuando ahora con el desarrollo del Corredor Mediterráneo, que quedó paralizado bajo el Gobierno de Mariano Rajoy". Por todo ello, Barceló ha confirmado su respaldo a la propuesta "en defensa de lo mejor para Alicante". En esta línea, en el momento de la votación, la declaración ha quedado aprobada con 26 votos a favor y tres en contra: los de Compromís y Esquerra Unida Podem.

También ha prosperado una segunda declaración institucional, igualmente presentada por el PP, en la que se planteaba manifestar "la defensa de la formación de gobiernos constitucionalistas que condenen el terrorismo de cualquier origen y respalden y apoyen" a sus víctimas. Todo, después de que, entre otros argumentos, tanto los portavoces de Esquerra Unida Podem y de Compromís, Manolo Copé y Rafa Mas, hayan reprochado a los populares que planteasen una iniciativa relacionada con la formación del nuevo gobierno de Pamplona en lugar de plantear propuestas relacionadas con los problemas a los que se enfrenta la ciudadanía de Alicante en su día a día, como la dificultad de acceso a la vivienda, la falta de infraestructuras en distintos barrios de la ciudad, la paralización o retraso de obras de renovación urbana o la reparación de desperfectos en la vía pública. 

El portavoz adjunto de Vox, Mario Ortola, ha reprochado que el PP se posicionase en contra de la ilegalización de Bildu en respuesta a una iniciativa promovida por UPyD en el Congreso, aunque ha manifestado su respaldo a la iniciativa. Y la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha insistido en el posicionamiento de su partido junto a las víctimas del terrorismo y ha considerado indecente que se plantease una declaración institucional en la que se situase en el mismo nivel el terrorismo y las víctimas de ETA con la situación de Cataluña. Sus palabras han motivado la intervención del alcalde, Luis Barcala, quien ha considerado que "indecente" es que se plantee la amnistía en los delitos de terrorismo. En último término, la propuesta ha quedado aprobada con los votos a favor de PP y Vox, y el rechazo de los 11 concejales de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.

También ha prosperado con el mismo equilibrio de votos (18 síes y 11 noes) la tercera declaración institucional registrada por el PP en la que se acuerda "manifestar el rechazo de la discriminación en inversiones en infraestructuras del Gobierno hacia Alicante en favor de Cataluña" en otra propuesta de contenido político que pone el foco en el debate nacional. De hecho, ese ha sido, de nuevo, el argumento esgrimido por el conjunto de los grupos políticos del eje progresista para recriminar que no se promuevan iniciativas y debates relacionados con la ciudad de Alicante y se recurra a "los comodines de ETA y de Cataluña", según han manifestado los portavoces de Esquerra Unida Podem y Compromís, a pesar de que manifestar que el PP también alcanzó acuerdos con los partidos nacionalistas catalanes en el pasado.

Por su parte, el edil de Vox, Juan Utrera, ha reproducido parte de los argumentos apuntados por el edil de Presidencia, Toño Peral, al exponer la defensa de la iniciativa, para señalar que Alicante figuró en la última plaza en nivel de inversiones en los Presupuestos Generales del Estado de 2023. La portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha aludido, igualmente, a la "catalanofobia" del PP y ha sostenido que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el que más ha invertido en la provincia de Alicante con actuaciones como las obras del Corredor Mediterráneo o la eliminación del peaje de la A-7, así como con el acuerdo alcanzado respecto al uso de los caudales del trasvase del Júcar-Vinalopó, por ejemplo. El alcalde, Luis Barcala, también ha hecho uso de la palabra para recriminar con ironía la falta de inversiones del Ejecutivo central o del Consell del Botànic, respecto a la conexión por tren con el aeropuerto de El Altet o los tres centros de salud pendientes en Alicante.

No ha prosperado, sin embargo, la declaración institucional registrada por el PSOE por la que se pretendía instar al equipo de gobierno a la elaboración de "un Plan Municipal de Prevención, Atención e Intervención con personas en situación de soledad no deseada, y el establecimiento de órganos y medidas para su implementación". La iniciativa solo ha sumado los once votos a favor de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, frente a los 18 votos de la suma formada por PP y Vox. Todo, después de que la edil de Bienestar Social, Begoña León, haya asegurado que ya se ha elaborado dicho plan y que también se ha creado ya el consejo municipal de mayores.

Sí ha salido adelante la iniciativa registrada por Vox por la que se acuerda "instar al equipo de gobierno a resolver los problemas que presenta el barrio Virgen del Remedio respecto a limpieza, arbolado y asfaltado". En este caso, de nuevo, la declaración ha prosperado con los 18 votos de PP y Vox, a pesar de que el edil de Limpieza, Manuel Villar, ha mantenido que el servicio de limpieza se presta con regularidad en todos los barrios de la ciudad.

No ha prosperado, sin embargo, la primera de las declaraciones institucionales planteada por Compromís para "instar a la Generalitat Valenciana a iniciar los trámites para regular el precio de los alquileres en la ciudad de Alicante" que el portavoz municipal de la coalición valencianista, Rafa Mas, ha considerado necesaria ante el incremento de los precios experimentado como consecuencia de la presión del mercado turístico, agravada con la proliferación de apartamentos, según ha defendido. 

El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha abundado en ese argumento, así como la edil socialista Silvia Castell, quien ha recriminado que en el pacto presupuestario alcanzado entre PP y Vox se haya incluido la creación de una oficina antiocupación "cuando el problema de Alicante no es la ocupación ilegal, sino los desahucios", ha señalado. Por su parte, el edil de Vox, Óscar Castillo, ha sostenido que la Ley de Vivienda formulada por el Gobierno central plantea intervenir el mercado de la vivienda sin promover una mayor oferta, por lo que ha considerado que no va a servir para solucionar el problema.