ALICANTE. La disparidad se impone en las conclusiones propuestas por los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Alicante respecto a las supuestas irregularidades detectadas en la contratación de la reforma de un local del Patronato Municipal de Vivienda como sede provisional de la Concejalía de Juventud. Los análisis sobre la corrección de esos encargos registrados este viernes por PP, Guanyar, Ciudadanos (Cs) y Compromís se mueven -como también lo hace el presentado por el PSOE- entre el reparto de responsabilidades al rival político y la exigencia de un mayor control sobre el funcionamiento del organismo autónomo adscrito al Ayuntamiento. Ahora, los cinco grupos políticos deberán tratar de alcanzar una resolución de consenso como dictamen de la comisión de investigación para su aprobación en el pleno ordinario de abril. Y no se antoja una tarea fácil. 

La única coincidencia en la que parecen confluir todos -salvo el PSOE- es que no queda demostrado que en el encargo directo de esos contratos (tres adjudicaciones por separado por un importe inferior a los 50.000 euros cada uno de ellos) pudiese existir un supuesto fraccionamiento de contratos para eludir un concurso público. Así las cuatro formaciones políticas (PP, Guanyar, Cs y Compromís) no aprecian responsabilidades penales de ninguno de los cargos electos que han presidido el Patronato de la Vivienda desde el momento en el que se encomendaron las obras: Julia Angulo (Guanyar), Sofía Morales (PSOE) e Israel Cortés (PP).

En primer lugar, el PP (que ejerce tareas de Gobierno con 8 ediles en una corporación de 29 ediles) excluye a Cortés de toda responsabilidad en las posibles irregularidades que pudiesen haberse cometido al subrayar que las obras ya estaban encargadas y ejecutadas cuando él asumió la presidencia del Patronato, en abril de 2018. Es más, en su propuesta de conclusiones remarca que él sólo se dedicó a impulsar el reconocimiento extrajudicial de crédito para que las obras realizadas se pudiesen pagar a las empresas que los habían ejecutado.

Así, los populares sostienen que "si alguna responsabilidad política existe 'in vigilando' ésta ha de recaer" sobre las regidoras que ostentaron el cargo cuando se contrataron las obras y cuando se ejecutaron. Es decir, Angulo y Morales.

En segundo término, el grupo municipal de Guanyar descarta valorar si existió o no un supuesto fraccionamiento "ya que en todo caso serían los tribunales de Justicia los que deberían pronunciarse sobre ello". Eso sí, considera que "ha quedado claro que ninguno de los representantes políticos que han comparecido en la comisión intervinieron en el procedimiento de contratación" aunque sí recalca que "el gerente debería haber informado puntualmente a todas las personas que ostentaron la presidencia del Patronato de todos los pasos que se dieron en el procedimiento de contratación llevado a cabo, desde su mismo inicio, dada su singularidad y urgencia. De ese modo se podrían haber evitado las presuntas irregularidades que pudieran haberse cometido. En ese sentido consideramos que debe apercibirse al gerente por su actuación".

En cualquier caso, Guanyar sí apunta también que "tanto Sofía Morales como Israel Cortés, tras conocer los reparos del interventor, deberían haber iniciado un expediente de revisión del procedimiento de contratación efectuado. En vez de ello, se limitaron a tramitar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos haciendo suyos los argumentos del gerente e ignorando los argumentos del interventor. Dicho expediente debe tramitarse para evitar el enriquecimiento injusto, pero únicamente para pagar los trabajos realizados, al margen de los informes contradictorios que obran en el expediente".