ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), trata de despejar dudas respecto a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) prevista por la normativa estatal, a partir de la trasposición de directivas europeas, para las ciudades de más de 50.000 habitantes para descartar la posibilidad de que vaya a aplicarse sanciones para los conductores de vehículos propulsados por combustibles fósiles que accedan a los dos anillos en los que está previsto configurar esa ZBE. Así lo ha apuntado, cuando menos, el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, en respuesta a una de las preguntas formuladas por el portavoz de Vox, Mario Ortolá, durante el desarrollo del pleno ordinario de marzo.

Al respecto, Villar ha explicado que la implantación de una ZBE "responde a una regulación estatal "que hay que cumplir" y que "si gobernamos, y no nos gusta, la derogaremos", ha señalado, parafraseando una intervención previa del mismo Ortolá realizada en otro momento previo del pleno. Además, ha señalado que "no se puede sancionar lo que no está prohibido" y, al tiempo, ha señalado que la regulación estatal permite tal discrecionalidad a los ayuntamientos, que al menos en el caso de Alicante, no se va a llegar a implantar ningún tipo de sanción. 

Así, ha defendido que la ZBE servirá como "herramienta de control de la movilidad" y ha defendido que será un elemento positivo para la ciudad, por lo que ha emplazado al portavoz de Vox a dejar de utilizar el tema con fines electorales "metiendo miedo a la gente", ha señalado, después de que el portavoz de Vox hubiese hecho referencia a la ordenanza reguladora planteada como modelo de referencia por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Por último, Villar ha sostenido que la empresa concesionaria de la implantación de la ZBE está trabajando en el diseño de una campaña de medios para informar a la ciudadanía sobre su funcionamiento.

Con anterioridad, también en el mismo turno de ruegos y preguntas, el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, ha respondido al ruego formulado por el PSOE por el que solicitaba que el servicio  de atención al baño para personas con movilidad reducida y diversidad funcional se preste desde el 1 de junio al 15 de octubre, que "ese es el periodo vacacional de los centros de personas de diversidad funcional". Con todo, ha señalado que, al entender que es necesario ampliar ese plazo, se va a extender ese periodo para atender a cualquier usuario. Además, ha defendido que en Alicante se implanta el servicio de vigilancia en todas las playas durante la Semana Santa y en València, solo en dos.

Además, el edil de Limpieza, Manuel Villar, ha descartado -en respuesta a una pregunta formulada por el PSOE- que vaya a concederse una prórroga en la gestión del servicio de limpieza viaria a UTE Alicante, en la medida en que ya se habría producido la adjudicación del nuevo contrato a otra UTE participada por FCC y PreZero. Y el mismo Villar, como edil de Transportes, también ha respondido a otra pregunta formulada por Unides Podem EU, que su intención es escuchar las reivindicaciones de los vecinos sobre su petición de modificación del recorrido de la línea de autobús 11H.

El edil de Cultura, Antonio Manresa, ha respondido a otra pregunta formulada por Compromís respecto al estado de tramitación de la solicitud de declaración de la Romería de Santa Faz como BIC para sostener que se estaba avanzando en la confección del expediente y que ese trabajo de recopilación de información, "que resulta complejo", tendrá continuidad aunque acabe el mandato actual.  

La edil de Acción Social, Julia Llopis, también ha contestado a otra pregunta planteada por la coalición valencianista para sostener que el Ayuntamiento cederá un terreno adecuado para un Centro de Día y CEAM en el barrio de Benalúa  en la ampliación del Plan Convivint 2024 en cuanto se presente una solicitud formal.

El edil de Deportes, José Luis Berenguer, ha respondido a otra cuestión registrada por Compromís sobre si existe la intención de acordar la exención de tasas a los clubes deportivos amateurs por el uso de instalaciones deportivas municipales para señalar que esa posibilidad no existe en función de lo previsto en la ordenanza que se aprobó en 2015, bajo la etapa de gestión del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís). Así, ha expresado su confianza en que se pueda abordar la revisión de esa ordenanza el próximo mandato.