XIXONA. La Generalitat Valenciana se ha propuesto una meta ambiciosa en materia de energías renovables: en 2030 la Comunitat contará con hasta 6.000 MW en las centrales fotovoltaicas (ahora hay 370 MW en activo) y con 4.000 MW en las eólicas. Un objetivo con nueve años por delante que señala la colaboración público-privada como método óptimo para conseguirlo. Así lo ha anunciado la secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo de la Generalitat, Rebeca Torró, durante la visita el martes 13 de abril a la planta fotovoltaica Turroneros que ha impulsado la multinacional X-Elio en Xixona.

Las palabras de la secretaria autonómica podrían interpretarse como un aviso a los municipios más reacios a acoger estos proyectos, que justifican su rechazo por situarse en territorios de alto valor paisajístico y, por tanto, romper con el modelo de paisaje, como puede ser el caso de Castalla. De hecho, el ayuntamiento de esta localidad anunció incluso que modificará su PGOU para regular urbanísticamente dónde podrán instalarse las placas fotovoltaicas y, de esta manera, velar por la protección del suelo agrícola y de alto valor paisajístico.

Ante esta acción del consistorio castelludo, Torró ha asegurado que "es positivo que los municipios conozcan su territorio y que proyecten este tipo de instalaciones donde más pueda beneficiar al territorio". Además, ha establecido que el papel de los ayuntamientos pasa por establecer la compatibilidad urbanística para instalar estos proyectos y que debe hacerse mediante "diálogo y consenso entre las diferentes administraciones. Nadie ha de sentirse amenazado por los instrumentos jurídicos y administrativos que tratan de regular, desde la buena fe, nuestra capacidad de transformar elementos naturales".