CALP. La Unión Temporal de Empresas UTE formada por Marina Mirarmar (Astilleros Astondoa de Santa Pola), SA, Banlor (de San Sebastián de los Reyes), SA e Indeisla, SL (consultora con sede en Fomentera) tienen el reto de hacer remontar el puerto deportivo Puerto Blanco de Calp, que desde la anterior crisis, la de 2010, presenta una situación de total abandono, lo que ha llevado a la Generalitat Valenciana a tener que asumir obras para evitar la degradación total. Ahora, la UTE es la nueva concesionaria después de que la Generalitat haya podido desbloquear el proyecto y deberá invertir 5 millones de euros para mejorar las instalaciones, que contarán con 203 amarres.

El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, ha explicado que el desbloqueo de la situación administrativa de Puerto Blanco permitirá "una nueva etapa, en un puerto de la Generalitat de la mano del Ayuntamiento, con un nuevo concesionario y con una inversión de cinco millones de euros, muy importante para Calpe y también para toda la provincia de Alicante y la Comunitat Valenciana".

Acompañado por la alcaldesa de Calp, Ana María Sala, el conseller ha visitado Puerto Blanco que, con una superficie aproximada de tierra de 7.800 metros cuadrados y de lámina de agua de 11.000 metros cuadrados, contará con 203 amarres.

Según ha explica el conseller, el objetivo de la nueva concesionaria es que, en año y medio, en verano de 2022, ya pueda estar abierto este puerto y devuelto al pueblo de Calp y a los y las turistas que lo visitan".