ALICANTE. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante (PP y Cs) y los cuatro grupos que conforman la oposición (PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox) han celebrado este jueves el pleno extraordinario sobre el debate del estado de la ciudad con el acento puesto en la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y la respuesta con la que debe enfrentarse desde la administración más próxima a los ciudadanos.
Eso sí, durante la sesión, que se ha prolongado durante tres horas y media, ninguna de las formaciones ha profundizado en las soluciones que deben adoptarse. Tampoco se han realizado grandes anuncios, como sí ha sucedido en otras ediciones del debate desarrolladas en los últimos tres años. Básicamente, el bipartito compuesto por PP y Cs se ha limitado a defender la puesta en marcha de diversas obras de reurbanización en barrios por valor de 25 millones, así como la actuación desplegada prácticamente desde finales del mes de febrero con la intención de "proteger a los ciudadanos" frente a las necesidades generadas por la irrupción del coronavirus. Después, el propio alcalde, Luis Barcala (PP), ha solicitado respaldo a las cuatro fuerzas opositoras para "trabajar juntos" con el objetivo de que se puedan aprobar los próximos presupuestos municipales de 2021, en el que deben incorporarse las 105 medidas pactadas con asociaciones empresariales y entidades sociales en la comisión por la recuperación de Alicante, el pasado julio.
Lo cierto es que, los representantes de PSOE, Unides Podem y Compromís también se han mostrado dispuestos a negociar con el planteamiento de algunos ejes estratégicos en los que se debería poner el foco. Pero eso no ha impedido que los representantes de los seis partidos se hayan enzarzado en un cruce de ataques y críticas recíprocos, con peticiones de dimisión dirigidas hacia el primer edil, como ha venido sucediendo en los debates sobre el estado de la ciudad celebrados en los últimos años. Todo, en un desenlace con intervenciones poco habituales, como la protagonizada por el portavoz socialista, Paco Sanguino, que se ha saldado con la reprimenda del primer edil, quien ha llegado a asegurar que el debate había sido "decepcionante".
Por partes. En primer término, ha sido el propio Barcala, encargado de abrir el debate, quien ha sostenido que la crisis sanitaria obligó al equipo de Gobierno a modificar el orden de prioridades planificadas inicialmente y forzó a adoptar un paquete de medidas para atender las nuevas necesidades que acuciaron a los ciudadanos y al conjunto del tejido productivo de la ciudad incluso desde antes de que se acordase el confinamiento domiciliario. En este sentido, se ha referido a decisiones como el cierre de parques, jardines y playas; al refuerzo del sistema de limpieza para intensificar la labor de desinfección en puntos especialmente sensibles; la puesta en marcha a pleno rendimiento del Centro de Acogida de Inserción (CAI) de personas sin hogar y el acondicionamiento del pabellón de Florida-Babel para acoger a otras 140 plazas; la creación de la Oficina de Emergencia Social (Omes) para canalizar las ayudas económicas y de acceso a productos de primera necesidad, como la distribución de alimentos, o a la puesta en marcha de una línea de subvenciones a pymes y autónomos por un importe de cinco millones, que se ha ampliado ahora en otro millón adicional de manera específica para los sectores del comercio y la hostelería.
En su conjunto, según ha destacado, se habrían movilizado ayudas por valor de 15 millones en esos dos ejes de atención a las personas y a las empresas más afectadas por el impacto de la crisis. Además, también se ha referido al refuerzo de la labor de la Policía Local, a la decisión de facilitar el transporte público gratuito en autobús para favorecer la movilidad para garantizar ese servicio en cuanto se pudo recuperar los desplazamientos al trabajo, o las bonificaciones y aplazamientos fiscales para el sector de la hostelería, entre otras medidas.
Después, ha concretado las obras de renovación de la escena urbana o de recuperación patrimonial que ya se están comenzando a ejecutar en barrios como Rabasa, San Gabriel o El Pla, en el Castillo del Tossal y en el de Santa Bárbara, y ha asegurado que desde la Oficina de Atracción de Inversiones de la Agencia Local de Desarrollo, se ha conseguido canalizar hasta 14 propuestas empresariales que se tramitarán como proyectos prioritarios y que supondrán inversiones por 60 millones, además de la creación de 400 puestos de trabajo.
BARCALA PONE EN VALOR LOS PROYECTOS DE REURBANIZACIÓN EN BARRIOS Y OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO POR VALOR DE 25 MILLONES Y DESTACA QUE SE SEGUIRÁ TRABAJANDO EN PROYECTOS COMO EL CENTRO DE CONGRESOS O EL NUEVO PGOU
Igualmente, se ha referido a otra serie de acuerdos adoptados a lo largo de este último año pese a la incidencia de la crisis sanitaria, como la aprobación del catálogo de protecciones, la implantación de la llamada Zona 30, la aprobación de la ordenanza reguladora de los patinetes eléctricos o el proyecto de normativa (pendiente de debate en pleno) que trata de regular las condiciones de convivencia de la ciudadanía, que ha defendido como necesaria para "poner fin a las mafias de la prostitución y la mendicidad" frente a las críticas y "la demagogia barata de la izquierda".
Por último, en esa primera intervención, se ha referido a las líneas de futuro para asegurar que se debe trabajar en el desarrollo de las iniciativas consensuadas y "aprobadas por unanimidad" en la comisión por la recuperación, mediante la constitución de una alianza entre la sociedad civil y el apoyo de la colaboración público-privada, bajo el soporte de la estabilidad institucional que, según ha dicho, procura la unidad del pacto de gobierno suscrito en junio de 2019 entre PP y Cs.
Todo, según ha sostenido, pese a la adversidad que, en su opinión, ha supuesto que el ayuntamiento "se haya encontrado solo" sin apoyo del Gobierno central y del Consell en la adopción de esas primeras medidas de urgencia. De ahí que haya instado a los grupos de la oposición a dejar las siglas atrás para reivindicar mejoras en los presupuestos nacionales y autonómicos para atajar "los agravios" en la llegada de inversiones a la ciudad de Alicante.
