ALICANTE. Banco Sabadell ha dado un paso más en su estrategia de defensa frente a la opa hostil lanzada por BBVA. El presidente de la entidad, Josep Oliu, y el consejero delegado, César González-Bueno, presentaron este jueves en rueda de prensa el informe de 85 páginas en el que el Consejo de Administración fija su posición y recomienda a los accionistas rechazar la oferta. El documento desgrana los argumentos financieros, estratégicos y regulatorios, pero dedica también un espacio relevante a los posibles efectos sobre el empleo, uno de los puntos más sensibles en territorios como la Comunitat Valenciana o Cataluña, donde la huella de Sabadell es especialmente fuerte.

El informe se remite a los planes expuestos por BBVA en el folleto de la opa. Según la documentación remitida a la CNMV, la entidad presidida por Carlos Torres contempla el cierre inicial de 300 oficinas tras la fusión, a lo que se sumarían nuevas medidas de "racionalización" de la red comercial una vez finalice la vigencia de las condiciones impuestas por el Consejo de Ministros. Aunque BBVA no cuantifica el impacto laboral de estos ajustes ni detalla el proceso de integración de las plantillas, el Sabadell advierte en su informe de que estas decisiones tendrían un efecto "indudable" sobre el empleo, en especial en aquellos territorios donde existe una mayor concentración de sucursales de ambas entidades, como en la Comunitat Valenciana.

La Comunitat Valenciana y Cataluña, las que más verían el efecto de cierres 

El documento también incorpora las valoraciones remitidas por los sindicatos con representación en el banco y sus filiales. Entre ellos, UGT señala en su dictamen que la operación podría desencadenar "una destrucción masiva de empleo", con una estimación de entre 7.500 y 10.500 puestos de trabajo directos. La previsión se basa en la experiencia de fusiones bancarias anteriores en España, donde la media de recortes laborales se situó en torno al 45% de la plantilla de la entidad absorbida. A esto se añadiría el impacto indirecto sobre el empleo subcontratado (limpieza, seguridad, mantenimiento, logística, atención telefónica o servicios informáticos), que podría duplicar las cifras de pérdida de puestos de trabajo directos.

En paralelo, UGT advierte también de un cierre masivo de oficinas. Según sus estimaciones, la reducción podría situarse entre 600 y 900 sucursales en todo el país, con un efecto especialmente intenso en Cataluña y en la Comunitat Valenciana, donde Sabadell ha construido históricamente una red muy próxima al tejido comercial y a la ciudadanía. El sindicato recuerda que, en experiencias previas, hasta un 75% de las oficinas de la entidad absorbida acaban cerrando, y alerta de que todo apunta a que BBVA seguirá la misma estrategia: aprovechar los solapamientos territoriales como argumento para reducir personal y puntos de atención, aunque el negocio y la clientela sigan existiendo.

Más allá de la reducción de personal, UGT advierte de los efectos socioeconómicos que acompañan al cierre de oficinas. Entre ellos, la exclusión financiera de colectivos vulnerables como personas mayores, con discapacidad, residentes en zonas rurales o con bajo nivel de alfabetización digital. Según el sindicato, para muchos de estos colectivos la oficina bancaria sigue siendo el único canal viable para acceder a servicios básicos, lo que convierte el cierre de sucursales en una barrera añadida. La organización alerta también de que el modelo digitalizado no es una alternativa real para todo el mundo, puesto que el acceso desigual a internet, la falta de habilidades tecnológicas, el miedo a estafas y el desconocimiento del lenguaje financiero dejan a miles de personas en situación de vulnerabilidad.

La desaparición de sucursales también tendría consecuencias en la movilidad de los clientes, que en algunos municipios pequeños o zonas periféricas tendrían que recorrer decenas de kilómetros para acceder a una sucursal operativa. UGT habla de un proceso de "desbancarización territorial" que genera una doble exclusión: geográfica y social.

El sindicato añade que la pérdida de proximidad bancaria no solo afecta a particulares. "Comercios, autónomos y pymes también pueden verse gravemente perjudicados", según el sindicato, ya que la financiación a medida, el asesoramiento personalizado o la flexibilidad en la gestión de cobros y pagos dependen a menudo de la relación directa con un gestor o una oficina cercana. "Sin este apoyo, muchos negocios locales podrían perder su capacidad para sostenerse o crecer". A ello se sumaría el papel simbólico y económico de las oficinas bancarias en barrios y municipios, que "dinamizan la actividad comercial, generan movimiento y contribuyen a dar vida al entorno". Su desaparición, según UGT, puede acelerar procesos de degradación urbana, desertificación comercial y desvinculación social.

Otro de los riesgos señalados es el encarecimiento del crédito. UGT prevé que, tras la concentración, se endurezcan las condiciones de financiación: mayores tipos de interés, exigencias adicionales de garantías y plazos más reducidos. Esto afectaría de manera especial a pymes y autónomos, que dependen de una relación de proximidad con su entidad financiera para mantener su capacidad de inversión, innovación y creación de empleo.

Más posiciones sobre el impacto laboral

La organización concluye que, en la práctica, los supuestos ahorros de costes en los que se apoya la opa se basan "casi exclusivamente" en recortes de empleo y un deterioro de las condiciones laborales. Y añade que los riesgos superan a los beneficios, con la pérdida de pluralidad en el sistema bancario, mayor poder de mercado para una sola entidad, incremento del estrés y la ansiedad laboral, exclusión financiera y un encarecimiento del crédito. En este sentido, apela incluso a la Ley de Defensa de la Competencia, que permite al Gobierno intervenir operaciones de concentración por razones de interés general, entre ellas la protección del empleo y la cohesión territorial.

En paralelo, Euskal Sindikatua, otro de los sindicatos con representación en el banco, coincide en el diagnóstico sobre el impacto laboral. En su dictamen señala que "no es admisible que los costes de los ajustes que pudiera acabar generando una operación de estas dimensiones recaigan sobre las plantillas a través de medidas traumáticas". Y advierte además de que, más allá del efecto sobre los trabajadores, no resulta "justo ni ético" que en un escenario de beneficios crecientes para el sector bancario se traslade a la sociedad el coste de la operación en forma de incremento de las cifras de desempleo.

En la misma línea, la Federación Sindical Independiente del Grupo Banco Sabadell (Sicam) expresa su "profunda preocupación" por el impacto laboral de la opa. El sindicato recuerda que, como ha sucedido en anteriores procesos de concentración bancaria, la fusión entre ambas entidades "conllevaría inevitablemente despidos masivos y el cierre de oficinas, afectando especialmente a los trabajadores de Banco Sabadell". En su opinión, esta situación pondría en riesgo el futuro profesional de miles de familias y aumentaría la precariedad laboral en un sector ya castigado por anteriores reestructuraciones.

Sicam pone el foco en que la desaparición progresiva de oficinas bancarias supondría un "grave perjuicio para la sociedad", particularmente en poblaciones pequeñas y vulnerables, donde el cierre de sucursales agravaría la exclusión financiera tanto de ciudadanos como de empresas. El sindicato advierte de que este fenómeno impactaría con mayor dureza en territorios como la Comunitat Valenciana y Cataluña, por la fuerte implantación histórica de Sabadell en esas comunidades.

El plazo para mantener condiciones laborales 

Por su parte, La Intersindical pone el acento en las cifras concretas de ahorro que persigue BBVA con la operación. Según su análisis, la entidad estima 510 millones de euros en ahorros de gastos generales y 325 millones en gastos de personal, lo que, extrapolado al último ERE de Banco Sabadell, podría afectar a unas 5.400 personas. Asimismo, prevé el cierre de alrededor de 300 oficinas, con un impacto significativo en Cataluña (donde BBVA ya cuenta con una amplia red tras la absorción de Unnim y Catalunya Caixa) y también en la Comunitat Valenciana.

El sindicato advierte que el mantenimiento de las condiciones laborales solo se garantiza durante 12 meses y mientras estén vigentes las condiciones fijadas por el Consejo de Ministros, lo que deja abierta la puerta a "ajustes posteriores, incluidos despidos forzosos". También cuestiona la forma en que BBVA seleccionaría al personal que se mantendría tras la integración, al señalar que los métodos de evaluación aplicados en procesos anteriores se basan en criterios de "distribución normal" que pueden no reflejar adecuadamente la valoración de los responsables directos.

La Intersindical añade que, aunque BBVA afirma que priorizará los despidos voluntarios y las recolocaciones, no existe justificación para salidas forzosas en una entidad que prevé repartir más de 5.000 millones de euros en dividendos cada año durante los próximos cuatro ejercicios.

El informe de Banco Sabadell, por tanto, no se limita a recomendar el rechazo de la opa desde una óptica financiera o de gobernanza. Coloca el empleo, el cierre de oficinas y la cohesión territorial en el centro del debate, con especial incidencia en la Comunitat Valenciana y en Cataluña, donde la entidad tiene sus raíces y su red más densa. Los sindicatos coinciden en que la operación, tal y como está planteada, podría desencadenar un proceso de destrucción de empleo en la banca española en décadas, con consecuencias que irían mucho más allá de las plantillas afectadas, alcanzando al tejido económico local.

Reunión online del BBVA con accionistas 

Si el Sabadell realizaba este encuentro por la mañana, desde BBVA han arrancado una serie de encuentros con accionistas de Banco Sabadell para tratar de convencerles de las bondades de la operación y responder sus dudas. Aunque se celebrarán varios encuentros presenciales, este primero ha sido digital. Desde la entidad vasca apuntan a que "acudir al canje de acciones propuesto en la opa por Banco Sabadell no supone perder el dividendo que el banco catalán tiene previsto distribuir como consecuencia de la venta de TSB, al estar "inmerso en el valor". Así, también han respondido a dudas.

"Los dividendos no suponen una creación de valor, son una consecuencia de esa creación de valor. Cobrar un dividendo es pasar, permítame la expresión, de un bolsillo a otro del accionista. Ese dividendo ya está inmerso en el valor, en las acciones de Banco Sabadell", ha afirmado el director de Relación con Accionistas de BBVA, Alberto Calvo, en este encuentro. El responsable de BBVA ha explicado que, una vez que se paga el dividendo, la cotización corrige el importe que se recibe.

Y es que, Banco Sabadell tiene previsto distribuir el dividendo extraordinario de 0,50 euros por acción, equivalente a un pago de unos 2.500 millones, en marzo o abril de 2026, una vez se concrete la venta de TSB a Banco Santander.