MADRID (Belén Molleda/EFECOM). El euro digital es un "proyecto complejo" que en ningún caso supondrá eliminar el dinero en efectivo, ha afirmado la directora de Efectivo del Banco de España, María José Lupiáñez, quien no se ha atrevido a aventurar cuándo se implantará, ya que "no hay una fecha clara".

Lupiañez ha intervenido en una edición de Diálogos EFE celebrada bajo el título 'El papel del dinero en efectivo en la sociedad digital: hábitos y tendencias".

En el evento, organizado con motivo de la Semana Mundial del Dinero, han participado también Miguel Bandrés, director de Relación con los Inversores de Prosegur Cash, y Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela.

En este contexto, Lupiañez se ha referido al euro digital y a su convivencia con el euros físico y ha dejado "claro" que su uso será "complementario". "Vivirán en paralelo", ha dicho.

El proyecto de euro digital está en fase de preparación desde noviembre de 2023 y hasta este otoño el Banco Central Europeo (BCE) no dará una indicación sobre "si se avanza" en este asunto, ha aclarado.

De momento, no está desarrollada una plataforma tecnológica que lo sustente y, antes de su implantación, se tendrá que definir una regulación del marco de circulación.

Reforma del Tratado de la UE

Al hilo de esto, Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, ha ido más allá y ha advertido de que, para que el euro digital pueda ser de curso legal, se deberá reformar el Tratado de funcionamiento de la UE, que en estos momentos establece que solo es de curso legal el billete de papel.

Ruiz ha puesto en cuestión que esta reforma del Tratado la apoyen por ejemplo países como Suecia, que no están en el euro: "El problema jurídico al respecto es grande", ha sentenciado.

Por su parte, el director de Relación con Inversores de Prosegur Cash, Miguel Bandrés, ha asegurado que, si se implanta el euro digital, "es muy importante que salga bien, porque, si no, es la credibilidad del sistema la que ponemos en juego".

Se debe desarrollar el proyecto con "cautela" en aras a no socavar un sistema como el actual que se basa en la "confianza". "Independiente de consideraciones políticas", se deberá analizar también el motivo por el que EEUU se ha ido desvaneciendo la idea del dólar digital o el proyecto libra de Meta.

En esta mesa redonda, organizada por la agencia EFE en colaboración con Prosegur Cash, han salido a colación temas como la prohibición en España de no pagar en efectivo más de 1.000 euros.

Se trata de una medida que, según el catedrático de la Universidad de Santiago, "no tiene ninguna justificación", teniendo en cuenta que, si se hace para evitar el blanqueo de capitales, uno puede ir a pagar a Alemania, donde hay límite, y ya lo tiene resuelto.

El tope de 1.000 euros: humillante y arbitrario

Además, recuerda que este tope de 1.000 euros se fijó en la época en la que Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda, en 2016, y desde entonces la cantidad no ha variado. Esto, a efectos prácticos, conlleva que el límite sea aún menor debido a la inflación registrada desde entonces. "Es una imposición absolutamente humillante y arbitraria", ha opinado.

A lo largo de la mesa redonda, los intervinientes han coincidido en la necesidad de que se mantenga el efectivo, ya que consideran que tiene múltiples ventajas, principalmente el de la inclusión de las personas mayores o con discapacidad; además de ofrecer seguridad en situaciones críticas como una dana, entre otras; además de suponer privacidad para el individuo y libertad.

Uno de los problemas que han puesto de manifiesto los intervinientes ha sido el de la desertificación financiera y el problema del acceso al efectivo en zonas rurales.

En este contexto, Miguel Bandrés ha abogado por desarrollar iniciativas como la de que sean los comercios los que faciliten el flujo del efectivo en zonas rurales, algo que está funcionando en muchos países y que en España es un tanto incipiente.

Se habla de que 1,6 millones de personas no tienen acceso a una oficina bancaria, apunta Lupiáñez, quien considera que la vía de los comercios para facilitar el efectivo en zonas rurales puede ser una solución pero "requiere de una regulación para garantizar que se está distribuyendo efectivo legítimo y en buen estado".