MADRID (EP). El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa mantendrá el control de la participación del Estado en CaixaBank y Sareb tras el cambio del FROB, por lo que no pasarán a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según figura en el Anteproyecto de Ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales, actualmente en proceso de audiencia pública y consultado por Europa Press.
La SEPI está adscrita al Ministerio de Hacienda y ostenta la participación en otras empresas cotizadas como Enagás, Redeia, Indra, IAG, Airbus, Telefónica, Talgo o Ebro Foods.
El Gobierno creó en su momento otra sociedad para aglutinar las participaciones del Estado, la conocida Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), que está adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Aunque también tiene esa actividad de hólding que tiene la SEPI, sus participadas no cotizan en Bolsa.
En su origen, el Gobierno barajó que la SETT tuviera el control de la participación en Telefónica, aunque finalmente se mantuvo en el perímetro de la SEPI.
A finales de julio, el Gobierno propuso reformar el FROB para que deje de ser una autoridad de resolución bancaria para centrarse en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El Gobierno utilizará la estructura del FROB para crear la nueva Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), que integrará al Sepblac y la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. Las funciones de supervisión y resolución pasarán al Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según corresponda.
La información publicada en julio ya recogía la intención del Gobierno de que la participación del Estado en CaixaBank siguiera bajo el paraguas de BFA Tenedora de Acciones, y que esta sociedad (que asumirá también la participación en Sareb) pasara a estar adscrita al Ministerio de Economía.
El texto en audiencia pública justifica este tratamiento especial frente a otras cotizadas por el origen histórico de dicha participación.
"No procede la integración de estas sociedades en otros departamentos ministeriales u organismos públicos, ya que el objetivo último es dar continuidad a la política de gestión actual teniendo en cuenta que, en última instancia, estas participaciones no tienen carácter estratégico, ni industrial, sino que son el resultado de procesos de reestructuración bancaria", recoge la exposición de motivos del anteproyecto de ley.
BFA, al ser adquirida por la Administración General del Estado, pasará a tener la consideración de sociedad mercantil estatal y a regirse por la normativa del sector público, manteniéndose inalterable la obligación de desinversión en procedimientos que aseguren la competencia y previo informe de la Intervención General del Estado.
"Este cambio en su naturaleza jurídica resulta justificado una vez que prácticamente se ha completado su objetivo de saneamiento y adelgazamiento progresivo y ordenado de su balance. Esta entidad ha perdido su naturaleza de instrumento de resolución para mantenerse con carácter permanente como sociedad hólding de los pocos activos que aún quedan de la reestructuración bancaria", explica el Ministerio de Economía.
