ALTEA.- La empresa Residencial Finca Pons, S.L. ha denunciado públicamente la situación de bloqueo urbanístico que sufre el sector Marymontaña II de Altea, un ámbito cuya ejecución quedó paralizada en 2008 y que, según la documentación obrante en el propio expediente municipal, presenta una ejecución superior al 80 % tras años de abandono, vandalización y falta de tutela administrativa.
La promotora recuerda que el pleno municipal del 22 de junio de 2017 resolvió la adjudicación del Programa de Actuación Integrada, incautó la fianza del anterior urbanizador y acordó iniciar una nueva programación de los terrenos. Sin embargo, nueve años después, esa nueva programación no ha sido impulsada ni culminada, manteniendo a los propietarios en un limbo jurídico incompatible con los principios de buena administración.
Informes municipales que acreditan la inactividad
Residencial Finca Pons, S.L. subraya que la responsabilidad institucional “no puede seguir ocultándose tras fórmulas genéricas”, puesto que existen informes municipales firmados por responsables políticos y técnicos que reconocen expresamente la falta de avances: Inmaculada Orozco Ripoll, entonces concejala de Urbanismo, trasladó en 2019 un informe sobre la situación del sector; el Jefe de Urbanismo emitió un informe el 14 de mayo de 2019 detallando el estado del expediente; la arquitecta municipal Ana Beltrí Izquierdo reconoció en un informe de 26 de diciembre de 2019 que la nueva programación acordada en 2017 seguía sin aprobarse; la Jefa de Servicio de Urbanismo y Medio Ambiente, Estefanía Martínez Martínez, dejó constancia en 2022 de que el sector no estaba programado ni desarrollado, y ya en 2026, una Técnica de Administración General volvió a informar sobre la persistencia del bloqueo y sobre la solicitud de actuación aislada.
Para la promotora, estos documentos demuestran que el Ayuntamiento de Altea conocía perfectamente que el sector estaba inacabado y que, pese a ello, no adoptó ninguna medida efectiva para reactivarlo ni para permitir soluciones alternativas.
Los propietarios cumplieron íntegramente sus obligaciones
Residencial Finca Pons, S.L. recuerda que los propietarios del sector cumplieron todas las cargas urbanísticas, incluida la cesión de suelo dotacional y la equidistribución de beneficios y cargas. El Proyecto de Reparcelación fue aprobado el 11 de agosto de 2006 e inscrito en el Registro de la Propiedad, lo que confirma que el ámbito no quedó abandonado por los particulares, sino interrumpido por la administración.
En el caso concreto de Residencial Finca Pons, S.L., la documentación acredita que la parcela de la promotora satisfizo el 100 % de las cuotas de urbanización y dispone de las infraestructuras básicas necesarias, quedando pendientes únicamente actuaciones de remate o conexión. Esta circunstancia refuerza la denuncia de que el Ayuntamiento mantiene un bloqueo desproporcionado y contrario a los principios de eficacia y seguridad jurídica.
La promotora denuncia también que el Ayuntamiento de Altea no ha formalizado el acta de recepción de la urbanización, trámite esencial para cerrar la programación anterior y determinar las obras ejecutadas. Este acta debía levantarse a partir del informe técnico de 5 de diciembre de 2016, tal y como preveía el acuerdo plenario de 2017, pero nunca se ha completado.
Para Residencial Finca Pons, S.L., no se trata ya de un simple retraso, sino de un funcionamiento anormal de la administración, sostenido en el tiempo y conocido por los responsables políticos y técnicos.
Exigencias de la promotora
Residencial Finca Pons, S.L. reclama al Ayuntamiento de Altea identificar a las autoridades y personal responsables de la inactividad administrativa; explicar el destino de los recursos y garantías vinculados al antiguo programa, incluida la fianza incautada y los ingresos obtenidos por la venta del 10 % de aprovechamiento tipo que correspondía al Ayuntamiento, y adoptar de inmediato una solución jurídicamente viable que permita desbloquear las parcelas y garantizar los derechos de los propietarios.
La promotora concluye que Marymontaña II “no puede seguir atrapado en un limbo urbanístico que vulnera la legalidad y perjudica gravemente a quienes cumplieron con todas sus obligaciones”.
