Otra sentencia da la razón al Ayuntamiento de Altea en el conflicto de las obras del agua de la urbanización Altea Hills

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El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, destaca que, “esta segunda sentencia evidencia que el ayuntamiento actuó para proteger a los vecinos de Altea Hills" y que "cuando el suministro estaba en riesgo, nuestra obligación era actuar con rapidez".

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ALTEA (EFE).- El Ayuntamiento de Altea ha recibido una sentencia de la Plaza número 2 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante que inadmite el recurso interpuesto por la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono La Mallà-Altea Hills contra las obras de emergencia aprobadas para garantizar el abastecimiento de agua potable en la urbanización.

Según un comunicado municipal, la resolución se refiere a los mismos acuerdos de la Junta de Gobierno Local y del Pleno de septiembre de 2024 que también recurrió Aguas Potables de Bernia (Apobersa), anterior gestora del servicio, con una primera sentencia similar. Ambas impugnaciones pretendían dejar sin efecto las actuaciones destinadas a garantizar la continuidad, el caudal y la calidad del suministro de agua a Altea Hills.

Las obras se acordaron ante la grave situación de las infraestructuras hidráulicas y los problemas acumulados en la red durante la etapa del anterior gestor Apobesa, vinculados por los informes técnicos, entre otros factores, a deficiencias de mantenimiento y conservación.

El fallo concluye que carece de legitimación porque el acuerdo recurrido se limitaba a aprobar la ejecución, el importe y la adjudicación de las obras, sin afectar negativamente a la entidad, que no es titular de la red de abastecimiento ni tiene encomendada su conservación, que corresponde a la concesionaria municipal.

El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha señalado que, “esta segunda sentencia evidencia que el ayuntamiento actuó para proteger a los vecinos de Altea Hills" y que "cuando el suministro estaba en riesgo, nuestra obligación era actuar con rapidez".

Por su parte, la concejala de Servicios Jurídicos, Mari Sastre, ha destacado que "la sentencia delimita con claridad las competencias de la Entidad de Conservación y establece que no dispone de legitimación para impugnar estos acuerdos municipales"

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